La acusación popular pide una pena de seis años de cárcel a Mónica Oltra por encubrimiento y malversación

La asociación Gobierna-TE, presidida por Cristina Seguí, ha presentado ante la Audiencia Provincial de Valenciana este jueves su escrito de acusación por el denominado caso Oltra, en el que la exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana y varios miembros de su equipo cuando estaba en el poder están investigados por supuestamente, haber encubierto los abusos sexuales del exmarido de la también otrora líder de Compromís a una niña de 14 años que estaba bajo la tutela de la Administración autonómica.

Según ha podido saber El Debate a través del escrito al que ha tenido acceso, el colectivo, que ejerce la acusación popular en el procedimiento judicial, solicita un total de seis años de prisión y hasta diez de inhabilitación absoluta para la expolítica nacionalista. En concreto, el documento aportado a los magistrados desglosa esa petición:

«Por el delito de omisión del deber de perseguir delitos, la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por dos años. Por el delito de prevaricación administrativa, la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por nueve años. Por el delito de malversación, la pena de prisión de cuatro años e inhabilitación absoluta por tiempo de diez años. Por el delito de encubrimiento, la pena de prisión dos años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de cuatro años», se apunta en el documento.

En su acusación, consultada por este periódico, el colectivo liderado por Seguí recuerda que la víctima «se encontraba desamparada y tutelada» por el departamento que en su día encabezaba Oltra y que se negó «a denunciar por miedo a no ser creída», además de que, una vez comunicado, a juicio de Gobierna-TE, «por parte de los máximos responsables de la custodia de Maite no se vuelve a hacer investigación alguna sobre los hechos durante los siguientes meses, encontrándose en el mismo Centro el condenado Luis Ramírez», el exmarido de la exvicepresidenta. De hecho, prosigue el escrito: «Es de manera fortuita cuando, cuatro meses más tarde, el 22 de junio de 2017, como consecuencia del traslado de una menor al centro, se encontraban unos agentes de la Policía Nacional en el mismo y Maite decide, en un acto de valentía, contar lo ocurrido a éstos».

«Fines personales y políticos»

Igualmente, se señala que la actitud de la Consejería cuando se dieron los hechos: perseguía tres fines espurios: «Obstruir el proceso penal en marcha, obtener un dictamen emitido desde una apariencia de legalidad institucional que sirviera para eximir de toda responsabilidad al marido de Mónica Oltra, y desacreditar la credibilidad de la menor denunciante, presentándola como una fuente no fiable. Todo ello mediante el uso de recursos humanos, técnicos y económicos de la Administración pública valenciana, en una clara desviación de poder que instrumentalizó el aparato institucional para fines personales y políticos», se apunta.

Todo ello, a ojos de la acusación popular, «derivó en una desviación de fondos públicos hacia finalidades privadas, toda vez que, por cada uno de los informes psicológicos emitidos, la Consejería abonó al Instituto Espill la cantidad de 405 euros más el correspondiente Impuesto sobre el Valor Añadido».

La víctima, con grilletes en las muñecas

Respecto a cuando la chica fue a declarar en el juicio sobre los abusos sufridos, por los que el exmarido de Oltra fue condenado a cinco años de prisión en sentencia ratificada por el Tribunal Supremo, el escrito es contundente a la hora de relatar lo que vivió:

«Fue trasladada hasta la sede judicial con grilletes en las muñecas, a pesar de que comparecía únicamente como testigo. La menor, visiblemente angustiada y entre sollozos, insistió en aclarar ante los agentes su verdadera condición procesal, rogando que le retiraran las esposas. Sin embargo, tras consultar con un superior, los funcionarios denegaron su petición, perpetuando así una escena de humillación y desprotección incompatible con la dignidad que merece cualquier persona, más aún tratándose de una niña víctima de abuso sexual».

«La situación fue de tal crudeza emocional -continúa el relato- para Maite que, tras finalizar su declaración, visiblemente alterada, se dirigió a la magistrada preguntándole con temor si «le iba a pasar algo malo», expresión que evidencia el profundo estado de ansiedad, inseguridad y sufrimiento que le generó una comparecencia que, lejos de brindarle amparo, le provocó una nueva revictimización».

Por último, y tal como ha corroborado El Debate, la asociación pide procesar a Ana Victoria García Tarín, Francisco Soriano Ramírez, Isabel Serra Marco, María Amparo Nogués Vicent, Jesús Manuel Esquiu González, Miquel Real Antequera, Rosa Josefa Molero Mañes, Gemma Plaza Penadés, María José Navarro Molina, María Isabel Añó Miranda y a la Mónica Oltra Jarque. También se reclama «la imposición de las costas procesales a los acusados incluidas las de la acusación particular, conforme al artículo 123 del Código Penal».