Del trasvase del Ebro al Tajo-Segura: veinte años de la izquierda negando el agua a la Comunidad Valenciana

«Mientras yo sea presidente del Gobierno no habrá trasvase del Ebro». Con esta frase, pronunciada por José Luis Rodríguez Zapatero en Zaragoza durante la campaña electoral de 2008, quedó sellado uno de los grandes virajes en la política hidráulica española. Pero esa frase no llegó de la nada. Tres años antes, en 2005, el Congreso ya había aprobado -con el apoyo del PSOE, ERC, Izquierda Verde y otros socios parlamentarios- la derogación del trasvase del Ebro previsto en el Plan Hidrológico Nacional (PHN) aprobado por el Gobierno de José María Aznar en 2001. La entonces ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, lo calificó como «un primer paso importante para reorientar la política del agua» y justificó la paralización de la infraestructura alegando su supuesta «inviabilidad económica, ambiental y técnica».

El daño, sin embargo, ya estaba hecho para la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y Almería. Aquel trasvase pretendía llevar agua sobrante del Ebro a las cuencas más deficitarias del sureste español: la del Júcar, la del Segura y parte del Vinalopó. Se trataba de una solución estructural, pensada para garantizar seguridad hídrica a largo plazo en regiones donde el regadío sostiene buena parte del PIB agrario. La derogación del trasvase dejó a estas zonas sin alternativas reales, más allá de la desalación y unas interconexiones internas insuficientes. Desde entonces, estos territorios viven una larga sequía política mientras los embalses del norte y centro peninsular rebosan.

Hoy, mientras las cuencas del Ebro (88,5 % de su capacidad) y del Tajo (85,5 %) están en niveles notablemente altos, la del Segura apenas supera el 31 %. Aun así, el Gobierno central continúa aplicando recortes al Tajo-Segura. En un contexto de abundancia en origen, las nuevas reglas de explotación endurecen las condiciones para trasvasar agua al sureste, elevando el umbral mínimo de los embalses de cabecera de 1.300 a 1.600 hectómetros cúbicos para autorizar el envío mensual de 60 hm³. En la práctica, incluso en periodos de bonanza hídrica, el volumen autorizado apenas llega a los 24 hm³, y en nivel de sequía tres, se reduce a solo 9, de los que apenas 1,5 hm³ sirven para riego. «Una reducción de casi el 90 % que hace inviable, por los costes de mantenimiento, el trasvase», denuncia Miguel Barrachina, consejero de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana.

La situación no es técnica, sino abiertamente política. Este viernes, el presidente valenciano, Carlos Mazón, acudirá a la Conferencia de Presidentes con un mensaje claro: exigir al presidente Pedro Sánchez que frene el recorte al Tajo-Segura. «Vamos a defender el agua que nos corresponde por ley, por justicia y por solidaridad territorial», ha afirmado.

«Luchamos casi a la desesperada»

Desde el sector agrícola alicantino también se alzan voces críticas. José Vicente Andreu, presidente de Asaja Alicante, denuncia que llevan «algo más de 20 años en una lucha por disponer de agua en Alicante, casi a la desesperada». En declaraciones a El Debate, lamenta que «lo único que obtenemos del Gobierno son recortes y amenazas, pero sin soluciones».

Andreu recuerda que «en el año 2001 todo pintaba bien con el Plan Hidrológico Nacional y el trasvase del Ebro. Pero se derogó y todo se trastornó». A su juicio, la apuesta por la desalación como alternativa hídrica ha sido un fracaso operativo: «Hace 21 años se apostó por la desalación como fuente de suministro de agua de riego y potable. Pero a día de hoy sigue sin ser funcional por la inoperatividad de la propia administración». Subraya que ni siquiera se ha completado la conexión de las desaladoras con los canales de distribución y que «no hay planta fotovoltaica para abaratar el coste de explotación de la desaladora».

Andreu también critica el uso selectivo del argumento medioambiental para frenar el trasvase Tajo-Segura: «El concepto ambiental de los caudales ecológicos se usa como excusa para liquidar el trasvase, haciéndose la vista gorda con las aguas negras mal depuradas de Madrid y Castilla-La Mancha que siguen llegando al Tajo. Pura hipocresía que nos castiga injustificadamente». A pesar de ello, asegura que el sector no se rinde: «Ante eso no nos resignamos y seguimos peleando con el absoluto convencimiento de conseguir nuestros objetivos, que no son otros que seguir con nuestra profesión y seguir aportando nuestro grano de arena para una sociedad bien alimentada y con una justa redistribución de la riqueza».

Este jueves, más de 80 alcaldes del sureste español se han dado cita en Murcia para protestar contra la nueva regulación del Tajo-Segura. Convocados por el Ayuntamiento de Murcia y el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), el acto ha sido calificado como «histórico» por su dimensión institucional. «Nunca en la historia probablemente de esta infraestructura se ha producido una concentración municipal de esta categoría», declaró el alcalde murciano, José Ballesta. El mensaje fue unánime: defender una infraestructura vital para el presente y el futuro del sureste español.

Page saca pecho en plena abundancia

Al otro lado del tablero, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha aprovechado la tensión para reforzar su discurso anti-trasvase. Desde la despoblada Molina de Aragón, lanzó esta semana una provocación retórica: «¿Por qué el Levante ya no reclama el trasvase del Ebro y, en cambio, persiste con el del Tajo?». Y remató su intervención comprometiéndose a apoyar a Aragón y Cataluña si alguna vez se reabre ese debate. Page, que defiende que su región «tiene la mitad de regadío» que el Levante y lo gestiona mejor, exige el cumplimiento de las sentencias que obligan a respetar los caudales ecológicos del Tajo. Mientras tanto, España vierte al Atlántico 6.616 hm³ anuales desde esa cuenca, casi 4.000 por encima del mínimo legal exigido por el Pacto de Albufeira con Portugal. Es decir: se entrega más agua a Lisboa que la que se niega a Alicante.

Y precisamente Alicante es una de las zonas más castigadas por esta política. Toni Pérez, presidente de la Diputación, ha acusado al Gobierno de ejecutar «un apagón hídrico programado», sin base técnica ni consenso territorial. «Hay voluntad política de perjudicar a la agricultura valenciana y murciana», aseguró durante una jornada técnica celebrada en Elche. Su diagnóstico coincide con el de la Generalitat, que habla de un «bloqueo hídrico con premeditación».

Este conflicto, que se arrastra desde hace dos décadas, ya no admite soluciones parciales. La derogación del trasvase del Ebro en 2005, defendida como un acto de modernidad ambiental, acabó siendo un gesto político condicionado por los pactos del PSOE con fuerzas como ERC e Izquierda Verde. A cambio de frenar una infraestructura esencial para el sureste, el Gobierno de Zapatero intentó compensar con desaladoras que, en muchos casos, ni llegaron a funcionar ni resultaron viables por su coste energético. «La ley no es el Plan Hidrológico del PSOE», dijeron entonces desde la bancada socialista. Pero lo cierto es que desde 2005 no se ha planteado ninguna solución estructural equivalente para sustituir el trasvase.

Dos décadas de bloqueo sin alternativa

Veinte años después, Alicante, Murcia y Almería siguen esperando una política de Estado sobre el agua. Mientras se invoca la «nueva cultura del agua», lo que crece es la frustración. La agricultura de regadío, que produce gran parte de las frutas y hortalizas que alimentan a España y Europa, sobrevive a base de restricciones, pozos y desaladoras. Y el debate político se empantana en equilibrios territoriales y discursos localistas.

Carlos Mazón quiere reabrir ese debate este viernes. No será fácil. La política antitrasvase sigue siendo una línea roja para el PSOE. Mientras tanto, la promesa de Zapatero sigue viva, no solo en la hemeroteca, sino en cada hectárea sin regar.