Los centros de acogida de menores extranjeros en la Comunidad Valenciana colapsan con un 160 % de sobreocupación

Los centros de acogida de menores inmigrantes en la Comunidad Valenciana están desbordados. Así lo confirman fuentes de la Generalitat a El Debate, que denuncian una situación límite: más de 900 menores atendidos en una red que solo dispone de 317 plazas. Esto supone una sobreocupación del 160  % que está tensionando gravemente el sistema de protección autonómico. A pesar de este esfuerzo, el Gobierno de España solo ha aportado 1,2 millones de euros frente a los más de 23 millones que ha destinado la Administración autonómica, que ha incrementado las plazas un 66  % en 2024. Pero la situación no se limita a la falta de medios: desde el Consell alertan de un problema aún más grave y que afecta directamente a la seguridad de los menores reales acogidos en los centros.

Fuentes de la Consejería de Bienestar Social han confirmado a El Debate que el Ministerio está derivando a la Comunidad Valenciana personas que declaran ser menores de edad sin que previamente se les haya realizado ninguna prueba médica que lo verifique. Esto ha provocado que adultos estén siendo acogidos provisionalmente en los mismos recursos residenciales que los menores reales, sin que se haya determinado aún su edad. «Eso es otra problemática seria que estamos teniendo», reconocen.

Desde la Generalitat explican que esta situación se agrava con la entrada en vigor del reciente Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno central, que no solo contempla la distribución de menores cuya edad es indubitable, sino también la de aquellos cuya minoría de edad está por determinar. «Es la comunidad autónoma, el sistema de protección, la que los tiene que atender mientras se lleva a cabo la determinación de la edad, con las pruebas médicas pertinentes y, por supuesto, con la intervención preceptiva de la Fiscalía», señalan.

Saturación extrema

En la práctica, esto implica que el sistema autonómico debe asumir la tutela de personas cuya edad es incierta, en condiciones de saturación extrema, y bajo el riesgo de que adultos convivan con menores. «Lo que estamos luchando es por la protección de los menores que están en los centros, para que esa situación se clarifique y se evite que personas mayores de edad puedan estar en centros con personas menores de edad», subrayan desde la Generalitat.

Preguntados sobre si ya se están realizando esas pruebas de edad, desde la Consejería confirman que sí: «En la Comunidad Valenciana estamos haciendo estas pruebas. Cuando hay alguna situación de este tipo, en la que hay dudas sobre la edad, se pone en conocimiento de la Policía, de la Fiscalía, y se hace la tramitación oportuna para que se le hagan las pruebas y se llegue cuanto antes a la determinación de la edad, que es la que clarifica la atención que esa persona requiere como menor o como mayor».

Pero esta situación se complica aún más por la falta de claridad y rigor en los datos que el Ministerio de Juventud e Infancia está manejando. Según ha podido saber El Debate, en la última comisión preparatoria de la Conferencia Sectorial, celebrada hace unos días, el Gobierno trasladó a las comunidades autónomas un documento con «datos arbitrarios, sin homogeneizar y sin ningún rigor».

Desde la Generalitat son tajantes: «Ese documento no es el número de menores migrantes que se van a repartir. Además, debo decir que contenía errores tanto de titulación como de contenido. Las comunidades autónomas estamos demandando que haya una clarificación tanto en los datos que se nos solicitan como en la finalidad de esos datos».

«Estrategia para contentar a Cataluña»

La sensación en el seno del Gobierno valenciano es de total desconfianza hacia la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez. No solo por el caos estadístico, sino por lo que interpretan como una estrategia política para contentar a Cataluña. «Hay una confusión generalizada por parte del Ministerio y un Gobierno que no está teniendo una política migratoria seria. Lo que está ocurriendo es que los menores se juegan la vida en el mar con las mafias y el Gobierno no responde a esa realidad. En lugar de trabajar en origen o planificar con rigor, se trasladan cifras infladas a conveniencia para repartir menores sin criterio objetivo alguno», denuncian las mismas fuentes.

Ante esta situación, la Generalitat Valenciana ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto Ley aprobado en marzo, por entender que supone una invasión de competencias y rompe con el consenso territorial previo. Mientras tanto, los centros siguen recibiendo menores -y adultos sin verificar- a un ritmo que supera con creces su capacidad, y sin que el Gobierno central aporte soluciones estructurales ni recursos suficientes. «Aquí lo que está en juego es la protección real de los menores. Lo que no puede hacerse es improvisar cifras, ignorar nuestra saturación y cargar el problema a las comunidades que sí están cumpliendo», concluyen desde la Consejería.