Sánchez trata de amarrar los votos de Puigdemont con 3.200 millones para El Prat mientras margina al aeropuerto de Alicante-Elche

El anuncio de la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat con una inversión de 3.200 millones de euros, presentado esta semana por el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha reabierto el debate sobre el trato diferencial que el Gobierno de Pedro Sánchez ha otorgado a Cataluña frente a otras comunidades. El proyecto, respaldado por Aena y con la previsión de culminarse en 2033, busca extender 500 metros la tercera pista del aeropuerto con el objetivo de atraer más vuelos intercontinentales. Mientras tanto, el Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández continúa a la espera de la segunda pista, a pesar de los informes técnicos que avalan su necesidad urgente y del riesgo económico que conllevaría no ejecutarla.

Este nuevo gesto hacia el Gobierno catalán se suma a una serie de cesiones que el Ejecutivo de Sánchez ha concedido a los partidos independentistas desde que revalidó la Presidencia del Gobierno gracias al respaldo parlamentario de Junts per Catalunya, ERC y EH Bildu.

Las concesiones a los independentistas

Desde la investidura de 2023, el PSOE ha pactado con Junts, el partido del prófugo Carles Puigdemnot, y ERC medidas de gran calado. Ha aprobado la ley de amnistía que ha beneficiado a los responsables del procés; ha permitido hablar catalán, gallego y vasco en el Congreso; ha aceptado la figura de un mediador internacional —el diplomático Francisco Galindo Vélez— para negociar en Suiza con Junts; y ha defendido sin éxito que estas lenguas cooficiales sean reconocidas como oficiales en la Unión Europea.

Además, ha transferido nuevas competencias clave a la Generalitat de Cataluña. Junts y el PSOE han registrado en el Congreso una proposición de ley para ceder la gestión de la inmigración, permitiendo al Gobierno catalán intervenir en expulsiones y en la gestión de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Según el texto, «el Estado español transferirá los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para que Cataluña ejerza la competencia que se le delega».

También se ha pactado que los Mossos d' Esquadra colaboren con Guardia Civil y Policía Nacional en la seguridad de puertos y aeropuertos. A finales de 2024, Illa afirmó que esta medida daba «continuidad al trabajo» de su predecesor Pere Aragonès.

ERC, por su parte, ha arrancado al Gobierno el perdón de 17.000 millones de deuda catalana y la cesión de la gestión de los trenes de cercanías. En palabras del propio acuerdo con los republicanos, «la hacienda catalana debe instrumentalizarse a través de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) con el objetivo final de asumir progresivamente las funciones de aplicación de todos los tributos generados en Cataluña».

También se ha acordado la creación de un consorcio de inversiones entre el Estado y la Generalitat, el aumento de al menos 60 nuevas unidades judiciales en Cataluña y un grupo de trabajo para calcular el importe pendiente de la disposición adicional tercera del Estatut, correspondiente a infraestructuras no ejecutadas entre 2009 y 2013.

Cataluña sí, Alicante no

Frente al amplio paquete de cesiones políticas y económicas dirigido a Cataluña, la Comunidad Valenciana continúa siendo la autonomía peor financiada de España. Alicante, en particular, lleva tres años consecutivos ocupando el último puesto -el 52 de 52- en inversión estatal por provincias. A esta situación se suma el recorte del Ministerio para la Transición Ecológica al trasvase Tajo-Segura, que ha supuesto un golpe directo al sector agrícola alicantino. En el ámbito de las infraestructuras, a diferencia de El Prat, el aeropuerto de Alicante-Elche sigue sin contar con una segunda pista, pese a los estudios técnicos que alertan de una saturación inminente. En 2024, la instalación ha registrado 18,3 millones de pasajeros y se prevé que, de no actuar, su capacidad máxima de 19 millones se vea superada ya en 2026.

Carlos Baño, presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, ha declarado que «con las nuevas previsiones de tráfico y la tendencia al alza, la capacidad de crecimiento del aeropuerto se superará en 2026 con cerca de 20 millones de pasajeros». En marzo se batió el récord histórico de tráfico mensual con 1.266.526 pasajeros. No acometer la segunda pista implicaría perder dos millones de viajeros al año y 920 millones de euros en ingresos turísticos.

El informe de la Cámara concluye que «afrontar la segunda pista del aeródromo conllevaría un rédito de 800 millones en el PIB de la provincia de Alicante y afectaría a 14.800 empleos, que no podrían crearse o mantenerse». Las consecuencias para la economía provincial podrían ser desastrosas, en una provincia donde el turismo representa más del 25 % del PIB.

Pese a ello, el Gobierno solo ha comprometido incluir la actuación en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) 2027-2031, lo que aplazaría cualquier obra real hasta la próxima década. De momento, Aena solo ha licitado el proyecto de asistencia técnica, sin concretar plazos ni presupuesto definitivo.

Sin embargo, el ministro de Transportes, Óscar Puente, negó en mayo del pasado año desde Alicante que la infraestructura requiera, «al menos a corto plazo», una segunda pista. «Las aerolíneas, que son las que pagan con sus tasas, no las necesitan», aseguró. Como alternativa, el ministro defiende que la ampliación de la terminal, en la que se ha comprometido una inversión superior a los 600 millones de euros, permitiría alcanzar los 26 millones de pasajeros sin necesidad de nueva pista.

Puente recordó que Aena ha lanzado la licitación del proyecto de remodelación integral del aeropuerto, que afectará a la terminal, plataforma de aeronaves, accesos, área de carga y urbanización, y que esas obras están contempladas en el DORA 2027-2031. «Y si se detectara que para crecer es necesario construir una segunda pista, no hay ningún problema», añadió.

Las declaraciones del ministro generaron entonces una fuerte réplica por parte del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, quien calificó de «insulto» la negativa a acometer la segunda pista. «Decir que Alicante no lo necesita cuando Málaga lo tiene desde 2011 me parece un insulto», afirmó. «Menos anunciar licitaciones y más hacer obras; cada día que pasa sin una segunda pista perdemos 14.000 empleos», añadió, criticando que el Gobierno «contesta tarde y sin presupuesto» a una Generalitat «que sí reivindica y lucha».

Fuentes de la Consejería de Infraestructuras consultadas por El Debate lamentan que el Gobierno concentre los esfuerzos inversores únicamente en Cataluña y solicitan que ejecute las actuaciones pendientes en los aeropuertos de la Comunidad. Respecto al aeródromo de Alicante, denuncian que Aena ha descartado la segunda pista y que el proyecto actual solo contempla mejoras operativas como el reasfaltado de pistas, una salida rápida y la adaptación de la terminal por exigencia de la UE -no por iniciativa propia-.

Valencia también espera

La situación del aeropuerto de Valencia es similar. En 2024, la infraestructura superó su capacidad máxima con 10,8 millones de pasajeros. El estudio del Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana estima un impacto negativo de más de 933 millones de euros anuales en caso de no ejecutar la ampliación, con la pérdida de hasta 28.860 empleos en el escenario más optimista.

Aena ha informado que la ampliación de la terminal se incluirá también en el DORA 2027-2031. Pero las instituciones valencianas han reclamado que se adelante el calendario y se actúe antes de que el colapso se consolide. Desde el Gobierno autonómico lamentan que aún no hay proyecto ni licitación, solo un estudio preliminar. La Consejería subraya que está plenamente implicada en los tres aeropuertos -también en los gestionados por Aena- y recuerda que la instalación de placas solares en Manises se hizo gracias a su impulso. Advierte, además, que estará atenta al cumplimiento de las inversiones prometidas en el DORA 2027-2031, porque «los compromisos deben cumplirse con toda España, no solo con Cataluña».

A esta postura se ha sumado también la consejera de Turismo, Marián Cano, quien ha lamentado que «una vez más la Comunidad Valenciana es la perjudicada a la hora de tomar decisiones por parte del Gobierno de Pedro Sánchez». Cano ha subrayado que llevan «años reclamando las inversiones necesarias y urgentes en nuestros aeropuertos y no hemos obtenido respuesta». «La inversión todavía no ha llegado y sin embargo tenemos territorios con un trato preferente en el que se destinan ni más ni menos que 3.200 millones», ha criticado. La consejera ha recordado que la valenciana es «la comunidad más infrafinanciada, reconocida por todas las comunidades», y ha denunciado que «se le niega el FLA extraordinario, se le niegan inversiones estratégicas que nos van a llevar a pérdidas de empleo por la falta de inversión en el crecimiento de nuestros aeropuertos». «Una vez más -ha concluido- encontramos el ninguneo de un Gobierno que no cuida a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana».

El Debate ha contactado con la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana para conocer el estado actual de las inversiones en los aeropuertos valencianos y, al cierre de esta edición, no ha obtenido respuesta.

Un agravio territorial sin precedentes

El jefe del Consell ha exigido en varias ocasiones que el Gobierno atienda con urgencia la necesidad de ampliar el aeropuerto de Alicante. Ha recordado que «las cifras de tráfico previstas para 2026 se han superado ya en 2023».

Desde el empresariado y las instituciones de la provincia se alerta del riesgo de que la falta de inversión lastre el crecimiento económico. El tráfico internacional en El Altet representa el 86 % del total, con un papel central en sectores como el turismo, el comercio o la inversión extranjera. Alicante lidera además las compraventas de vivienda por parte de extranjeros en España y acoge la mitad de la población extranjera residente en la Comunidad Valenciana.

El contraste con Cataluña es evidente. Mientras el Gobierno ha concedido a los partidos independentistas competencias estratégicas -como justicia, inmigración, seguridad en puertos y aeropuertos, fiscalidad, gestión ferroviaria o el uso oficial del catalán en las instituciones del Estado- a cambio de su respaldo político, la Comunidad Valenciana sigue reclamando sin éxito un trato equitativo en materia de financiación, infraestructuras e inversiones.