«El Gobierno nos echa de nuestra casa después de 95 años»: el drama de una familia afectada por la Ley de Costas

Clara tiene 62 años, pero sus recuerdos comienzan mucho antes, cuando era una niña que correteaba descalza entre las terrazas contiguas de las casas de la playa de Babilonia, en Guardamar del Segura (Alicante). Allí aprendió a nadar, crecieron sus hijos y juega hoy su nieto. Pero ahora, el Gobierno de España le exige que derrumbe su casa. Un hogar que no solo es suyo: es historia familiar, es identidad, es comunidad. Y la fecha límite para su demolición está marcada: 15 de septiembre.

Su vivienda fue construida hace 95 años, cuando ni siquiera existía la actual Ley de Costas. La familia obtuvo una concesión legal a perpetuidad en los años 30. Hoy, sin embargo, el Gobierno exige a Clara que destruya su casa con sus propios medios -sin compensación y asumiendo el coste-, bajo amenaza de hacerlo de oficio y pasar la factura si no lo llevan a cabo ellos mismos. Y como ella, decenas de familias más, muchas de ellas formadas por personas mayores, sin alternativa habitacional ni respaldo institucional.

«Esto no es justicia. Nos obligan a desaparecer sin ofrecer nada a cambio. Ni soluciones, ni sensibilidad, ni humanidad. Solo silencio», explica Clara en conversación con El Debate, con la voz serena, pero cargada de tristeza. «¿Qué le digo a mi nieto cuando me pregunte por qué ya no podemos ir a la casa de la playa?».

Una casa que protegía al mar y al pueblo

La historia de las casas de la playa de Babilonia es también la historia del propio Guardamar. A comienzos del siglo XX, la desertización de la cuenca del Segura provocó el avance de las dunas hacia el pueblo. Para detenerlas, el ingeniero de montes Francisco Mira diseñó una estrategia pionera: repoblar las dunas con vegetación y reforzarlas construyendo una primera línea de viviendas que actuaran como barrera física. Así nacieron estas casas, muchas de ellas por encargo del propio Ministerio de Fomento, que otorgó concesiones en 1934.

Lejos de ser un problema, estas casas fueron parte de la solución: contenían la arena, embellecían la playa y proporcionaban trabajo. Lo decía textualmente una de las primeras concesiones otorgadas: «Contribuirán al embellecimiento de la Playa de Guardamar (…) servirán como barrera para sostener los movimientos de las arenas tan peligrosos en ella y además para proporcionar trabajo a los obreros, evitando su paro».

El valor del conjunto va mucho más allá de lo arquitectónico. Estas viviendas son un ejemplo único de arquitectura vernácula mediterránea: casas de planta baja, adaptadas al entorno, con patios, suelos hidráulicos, ventanas altas para ventilar, alineadas en paralelo al mar. Son también un símbolo de la vida comunitaria basada en la convivencia, la sencillez y el respeto al entorno.

Y sobre todo, siguen vivas. En ellas residen hoy vecinos como Clara, que han pasado allí los veranos, los inviernos, las generaciones. «Aquí hemos celebrado cumpleaños, juegos, meriendas. Aquí seguimos barriendo la arena como lo hacía mi abuela», cuenta.

La situación se ha agravado en los últimos años tras la revisión del deslinde por parte del Ministerio para la Transición Ecológica. Los detractores de estas edificaciones llegan a acusarlas de «franquistas», a pesar de haber sido construidas antes de la dictadura. El resultado: decenas viviendas en la cuerda floja. A pesar de que los propietarios contaban con concesiones administrativas, ahora se les considera ocupantes ilegales del dominio público marítimo-terrestre. El Gobierno no solo exige el desalojo: también les obliga a pagar los costes de demolición.

La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Guardamar, Marisol Gallud, denuncia que «el Ministerio ha decidido que no va a regenerar las playas ni proteger la costa, sino que se ha propuesto deshumanizar la primera línea del litoral». Acusa al Ayuntamiento, gobernado por el socialista José Luis Sáez de «pasotismo» por negarse a colaborar con los vecinos o con la oposición para buscar alternativas. «Los vecinos se han ofrecido muchas veces a formar una mesa de trabajo, pero el equipo de Gobierno lo ha rechazado rotundamente».

Gallud advierte además de que quienes creen que tras el derribo se ganarán metros de playa «están muy equivocados»: «El mar avanza, y detrás de estas casas está la pinada, nuestro pulmón natural. Si no están las casas haciendo de pantalla, el mar llegará a ella y la matará. Y todo por no haber invertido ni un euro en regenerar las playas, como sí se ha hecho en otras zonas del litoral valenciano». Asimismo, la política 'popular' asegura a El Debate que, desde su formación, trabajan en la presentación de una moción que elevarán en el próximo pleno municipal con la que pretenden dar apoyo a las familias afectadas.

Mazón impulsa una ley para protegerlas

Frente a la postura del Gobierno de Pedro Sánchez, que sigue adelante con las órdenes de derribo, la Generalitat Valenciana ha aprobado recientemente una nueva Ley de Costas autonómica. Impulsada por el Ejecutivo de Carlos Mazón, esta normativa busca proteger los valores naturales de la costa pero también «atender la realidad histórica y económica del litoral», ofreciendo herramientas legales para frenar los deslindes estatales y evitar la desaparición de estos conjuntos residenciales.

Esa misma ley podría convertirse en la última esperanza para Clara y el resto de vecinos de la playa de Babilonia. No en vano, siguen luchando por la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) para el conjunto, basándose en su valor histórico, paisajístico, arquitectónico y etnológico.

Porque las casas de Babilonia no son solo construcciones frente al mar. Son el testimonio de una forma de habitar el Mediterráneo que se resiste a desaparecer, un pedazo de memoria viva del pueblo de Guardamar. «No estamos luchando solo por una casa. Estamos luchando por no perder quiénes somos», concluye Clara.