Imagen de archivo de un bar ajeno a esta información
Se buscan camareros profesionales con dos condiciones: «Que sean españoles y sin antecedentes penales»
Una simple oferta de trabajo, escrita en un portal digital, ha encendido de nuevo el debate sobre la contratación en el sector de la hostelería. En el comunicado se solicitan «camareros profesionales» con dos condiciones claras: «Sólo con nacionalidad española«» Y «Antecedentes penales limpios»». La imagen ha sido publicada por el influencer valencianoJesús Soriano, más conocido en redes sociales como @soycamarero, cuya cuenta se ha convertido en un altavoz habitual para denunciar, visibilizar o poner en tela de juicio situaciones vinculadas a la hostelería en España.
Buscamos camareros profesionales solo con nacionalidad española. Sólo españoles. Se necesita experiencia demostrable y antecedentes penales limpios. Incorporación inmediata. Contratos de un año de permanencia. Ofrecemos alojamiento y manutención
Soriano ha logrado, con una línea editorial directa y sin filtros, reunir una comunidad de más de 300.000 seguidores en sus redes sociales. Su perfil combina denuncias de malas prácticas con testimonios de trabajadores, imágenes de carteles reales y mensajes que sirven como termómetro de la tensión que existe, desde hace años, entre empresarios y empleados del sector que trabaja en bares y restaurantes en España. En esta ocasión, ha sido la literalidad del anuncio la que ha provocado reacciones encendidas. «Buscamos camareros profesionales sólo con nacionalidad española. Solo españoles. Se necesita experiencia demostrable y antecedentes penales limpios. Incorporación inmediata. Contratos de un año de permanencia. Ofrecemos alojamiento y manutención».
El cartel no indica el nombre del local ni su ubicación exacta, pero eso no ha impedido que en pocas horas la imagen se hiciera viral. Entre los comentarios, muchos usuarios han recordado que exigir la nacionalidad española como requisito para un empleo vulnera la Ley de Igualdad de Trato, salvo en casos muy específicos vinculados a la función pública. «Esto es ilegal», señalaba un comentario. «Y pedir los antecedentes penales así, de forma general, también lo es».
Frente a estas críticas, también han surgido voces que justifican la exigencia desde una lógica empresarial. «Yo pienso que es porque dan problemas —escribía un usuario—. En mi pueblo hay más de 30 casos de gente de fuera que empresarios han contratado, han ayudado con los papeles y antes de una semana se han marchado. Supongo que esto ha pasado en muchos sitios más».
La publicación ha vuelto a poner sobre la mesa un problema persistente: la dificultad para encontrar personal cualificado, el elevado índice de rotación en el sector y la frustración de algunos propietarios que ven cómo sus negocios no logran estabilidad, ni con ofertas de alojamiento incluidas.
Pero también ha reactivado una discusión más amplia sobre el cumplimiento de la Ley. Los límites de la contratación, la precariedad y el papel del Gobierno en regular este tipo de situaciones. Para algunos, el mensaje refleja desesperación. Para otros, una discriminación flagrante.
Lo cierto es que, una vez más, una imagen ha servido como detonante para exponer una realidad compleja y llena de aristas. Una realidad que el sector sigue sin resolver y que, a través de redes sociales, va dejando rastro.
