En defensa de los municipios afectados por la dana que han sido excluidos de ayudas públicas

El 29 de octubre de 2024, la Comunidad Valenciana sufrió una dana que provocó grandes avenidas de agua que causaron la pérdida de vidas humanas y animales, y de daños en las calles, viviendas y comercios, así como en las infraestructuras y redes de servicios básicos en un gran número de municipios de la Comunidad Valenciana, pero también de Baleares, Aragón, Castilla - La Mancha y Andalucía.

Después de ocho meses desde aquella catástrofe, la Generalitat Valenciana ha elaborado un plan de reconstrucción denominado «Pla Endevant» adoptando medidas para la reconstrucción, que están siendo lideradas y dirigidas por el experto General Gan Pampols con resultados positivos aunque claramente insuficientes. Dicho programa se articula sobre cinco ejes: personas, infraestructuras, tejido empresarial, medio ambiente y tejido social y comunitario. Todo ello sustentado en dos bases: la infraestructura y la elaboración de un modelo de anticipación

La cooperación entre las Administraciones implicadas sigue siendo difícil: el General Gan Pampols afirma que «la instrumentalización de las víctimas me parece deleznable», al tiempo que lamenta la poca colaboración del Gobierno del Estado para afrontar la difícil situación de las zonas afectadas por la riada, afirmando que el Ejecutivo no ha puesto dinero para la reconstrucción y que las partidas existentes se cargarán a la deuda de la comunidad.

La creación de un órgano para coordinar y definir las acciones de la Administración General del Estado, administración autonómica y entidades supra locales como la Diputación Provincial, la Federación Provincial, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias o administraciones locales, «no ha sido posible».

El dinero de la recuperación a horas de hoy, tiene que ver con un presupuesto extraordinario que llamado «Dana», que se ha incorporado a los gastos de este año y que está exclusivamente referenciado a deuda de la Comunidad. Se trata de una autorización de 700 millones de euros para endeudarse en 2024, y de 2.365 en 2025. Es, pues, deuda de la Comunidad Autónoma. Ninguna de las actuaciones que ha hecho la Comunitat Valenciana ha tenido su correspondiente financiación mediante créditos por parte de la Administración General del Estado. El Gobierno central se ha limitado a autorizar a la Comunidad Valenciana una mayor capacidad de endeudamiento.

Tras unos 15 días iniciales de buena coordinación con los ministerios en las tareas de infraestructuras, esta se fue diluyendo. El Gobierno mantiene que ha puesto muchísimo dinero: 1.725 millones de euros para la recuperación de las infraestructuras, 530 para el ciclo integral del agua y otros muchos para los caminos. El responsable de la reconstrucción, Gan Pampols, dice que «es un formato muy poco operativo, con tres condiciones que tienen que cumplir los ayuntamientos: el Ministerio de Política Territorial aprueba la memoria; después redactan el proyecto que aprueba el Ministerio y después la adjudicación, otra vez al Ministerio. Un proceso farragoso que dilata los plazos».

Una reclamación justa

El B.O.E. de 5 de noviembre publicó el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se declara 'Zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil' el territorio damnificado como consecuencia de la dana. El número de poblaciones afectadas en la Comunidad Valenciana, según datos oficiales, ascendía a 71 municipios. En los que hay que abordar «necesidades de servicios básicos y suministro de alimentos que requiere la presencia del dispositivo de emergencia», además de otras ayudas en infraestructuras, agricultura, vivienda y ciclo del agua, quedándose fuera de las ayudas  municipios como Manises, Alcira, Turís, Requena, Sueca, Cullera, Líria, Paterna, Picasent, Mislata, Tous, Villamarchante, Quart de Poblet, Carcagente, Millares o Yátova considerados como «no damnificados».

Es por ello por lo que el 21 de mayo, tras varias reclamaciones desatendidas, en la Comisión de Política Territorial del Congreso de los Diputados, el Diputado 'popular' Carlos Gil presentó una Proposición de Ley para incorporar a los municipios citados en los decretos que regulan las ayudas, alegando que esos municipios han estado «doblemente afectados: primero por las riadas, después por el ninguneo a que han sido sometidos por la Administración del Estado»

Haremos notar que los municipios a que nos referimos, tienen diferentes niveles de población, mientras que algunos tienen miles de habitantes, otros oscilan entre 300 y 50 habitantes.

Pese a su solicitud, apoyada por la Generalitat Valenciana, Diputaciones de Castellón y Valencia, sus demandas han sido desoídas dejando abandonados a cerca de 150.000 ciudadanos de la Comunidad Valencianos que necesitan el apoyo del Estado para reconstruir sus vidas y haciendas

Una acción civil

Por todo ello, las asociaciones Foro España Cívica, Societat Civil Valenciana y Sociedad Civil de Alcoy y su entorno, y Otra Ley Electoral (OLE) hemos tomado la decisión - en el marco de los principios y valores que defendemos y que son propios de las Sociedades Civiles organizadas: civismo, igualdad, ayuda y colaboración con los más necesitados - de realizar una visita de nuestros representantes, a varios municipios (Benaguacil y Carcagente, también, y en otro acto en Millares) apoyando a aquellos municipios que han quedado excluidos de las ayudas para que se visibilice la injusticia con ellos cometida. De este modo, contribuiremos a reiterar la solicitud de las ayudas pertinentes que posibiliten su reconstrucción, y en el tiempo más corto posible.

Nuestra misión no es otra que la de actuar en el campo de lo público, en busca del bien común (en nuestro caso de los municipios excluidos) mediante una acción cívica de carácter solidario, para hostigar al poder apelando a los líderes políticos, con la finalidad de conseguir reparar la injusticia causada a una parte importante de la ciudadanía valenciana.

Pedimos generosidad y concordia a los grupos políticos con representación en las Cortes, con el fin de asistir a los necesitados que han sido discriminados al negarles una ayuda necesaria y justa.

Fernando Mut es presidente de Sociedad Civil Valenciana.