Inmigrantes se matriculan en centros de Formación Profesional para lograr la documentación para legalizarse en España

«Llegan, pagan los 3.000 euros de coste y desaparecen. En cuanto obtienen el papel que acredita que están matriculados, se van a Extranjería a pedir el arraigo socioformativo. Algunos no vuelven a pisar el centro». Así de contundente se expresa en conversación con El Debate la dirección de un conocido centro de Formación Profesional (FP) de la provincia de Castellón, que prefiere mantener el anonimato por temor a represalias. Desde que se abrió el plazo de inscripción hace unos días, denuncian un fenómeno cada día más frecuente: la utilización de los cursos de FP como un mero trámite para lograr la residencia legal en España.

Los responsables del centro aseguran que estas prácticas están afectando tanto a la calidad educativa como a las plazas disponibles para estudiantes que realmente buscan una formación cualificada. «Hay chavales que se han quedado fuera porque el cupo está lleno, pero luego hay personas que ni siquiera asisten a clase. Esto no es justo», lamentan.

Los directivos elevan la voz de alarma: «Tenemos un porcentaje más elevado de alumnado extranjero que se matricula en ciclos superiores privados para obtener un certificado que acredite el arraigo para obtener la autorización temporal de residencia».

En algunos casos una vez consiguen el resguardo de pago de matrícula, vuelven al centro y piden la devolución del dinero. Hemos tenido algún caso en el que vienen acompañados de un abogadoFuente de la dirección del centro de Formación Profesional

Subrayan además que los centros públicos no resultan igual de atractivos para estos alumnos: «En centros públicos no pueden obtenerlo tan pronto porque antes hay que realizar preinscripción y las listas provisionales todavía se publican el 8 de julio y las definitivas el 20, y algunos carecen del certificado académico además».

El caso más llamativo se produce cuando, tras presentar el resguardo de matrícula en Extranjería, los solicitantes regresan a pedir el dinero: «En algunos casos una vez consiguen el resguardo de pago de matrícula, vuelven al centro y piden la devolución del dinero», relatan. «Hemos tenido algún caso en el que vienen acompañados de un abogado», añaden con preocupación.

Arraigo socioformativo: una vía legal para la residencia

Este fenómeno tiene su origen en la reforma del Reglamento de Extranjería aprobada en mayo de 2025, que introdujo el llamado arraigo socioformativo, sustituyendo al anterior arraigo por formación. Se trata de una vía legal que permite a personas en situación irregular obtener una autorización de residencia por un año, prorrogable, si se comprometen a formarse en un centro acreditado.

Sin embargo, la falta de control posterior ha dado lugar, según los directivos, a un uso abusivo del sistema. «No se hace un seguimiento real de si el alumno asiste o finaliza la formación. Con el simple justificante de matrícula, ya se concede el arraigo. Esto está provocando un efecto llamada y una perversión del espíritu de la norma», explican.

El número de casos de «matrículas fantasma» ha crecido considerablemente, según informa este colegio de FP a El Debate, en los últimos meses en Castellón. Cursos que se llenan con alumnos que no tienen intención de formarse realmente ocupan plazas que podrían corresponder a estudiantes españoles o extranjeros con verdadera vocación educativa.

El curso entero tiene un coste en torno a 3.000 euros, pero ellos llegan con el dinero en efectivo con el objetivo de conseguir el papel que necesitanFuentes de la secretaría del centro de FP

Aunque no existan cifras oficiales detalladas sobre cuántas personas obtienen el arraigo socioformativo sin completar los estudios, los centros consultados coinciden en señalar que el número de casos ha crecido significativamente en los últimos meses. Según los últimos datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a fecha del 25 de marzo de 2025, un total de 65.788 inmigrantes en toda España recibieron la residencia por estar matriculados en un centro educativo.

El Debate se ha puesto en contacto con el departamento de prensa de la Conselleria de Sanidad para conocer su posición sobre esta problemática, pero hasta el momento no han ofrecido ninguna respuesta. En Castellón, aseguran, hay cursos de FP que se llenan con alumnos que solo buscan el papel, sin verdadero interés en la formación. «Se les ve desde el principio: no preguntan por el contenido, solo por el certificado», explican desde secretaría.

El impacto no es solo simbólico. En muchos casos, los centros privados de FP cobran una matrícula elevada. «El curso entero tiene un coste en torno a 3.000 euros, pero ellos llegan con el dinero en efectivo con el objetivo de conseguir el papel que necesitan», aseguran las mismas fuentes. Algunos inmigrantes consiguen reunir la suma con la ayuda de familiares o préstamos con el único objetivo de regularizarse.

Mientras tanto, otros estudiantes que buscan formarse de verdad se ven desplazados, lo que ha generado un creciente malestar entre las familias locales y los propios docentes. «Queremos ayudar a todo el mundo, pero la educación no puede convertirse en una simple herramienta burocrática para legalizar situaciones», insisten desde el centro.