Un maliense acogido en Alicante intenta matar a un vigilante de seguridad partiéndole el cráneo

Un ciudadano maliense acogido en una residencia universitaria reconvertida en centro de inmigrantes fue detenido el pasado 21 de mayo tras agredir con extrema violencia a un vigilante de seguridad. Según ha confirmado la Guardia Civil a El Debate, el hombre fue arrestado como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa, después de propinarle una paliza con la tapa de un inodoro, con la que le habría partido el cráneo.

La víctima sufrió además lesiones graves en un ojo y presenta una profunda marca en el cuello, compatible con un intento de asfixia o corte. El vigilante permanece hospitalizado en estado grave, según las fuentes consultadas. La intervención de otro joven maliense, también residente en el centro, fue clave para evitar un desenlace mortal. Al escuchar el estruendo desde la ventana, entró en la habitación y logró reducir al agresor hasta la llegada de la Guardia Civil.

«El presunto autor, alojado en la residencia, fue detenido por agredir a un vigilante de seguridad, empleado de la residencia, por lo que le fue imputado un delito de homicidio en grado de tentativa», confirman fuentes de la Guardia Civil a este medio, que también informa de que el Juzgado de Instrucción número 2 de San Vicente del Raspeig ha decretado el ingreso en prisión del detenido. El Debate ha intentado contactar con el departamento de prensa del Ayuntamiento -donde gobiernan PP y Vox- y no ha recibido respuesta, al igual que el Complejo Europa House, donde se produjeron los hechos, que no ha contestado a las preguntas de este diario. Sin embargo, los de Abascal sí han denunciado esta situación en redes sociales.

Centros desbordados

Este grave suceso se produce en un contexto de saturación y precariedad del sistema de acogida de inmigrantes en España. En los últimos meses, centenares de personas han llegado de forma irregular a las costas españolas y han sido alojadas en hoteles, complejos turísticos y residencias universitarias. La Comunidad Valenciana ha sido una de las más afectadas por esta presión migratoria.

Según fuentes de la Generalitat consultadas por El Debate, los centros de protección de menores inmigrantes no acompañados atienden actualmente a más de 900 personas en una red con capacidad para solo 317 plazas, lo que supone una sobreocupación del 160 %. Pero la falta de recursos no es el único problema. Desde la Consejería de Bienestar Social advierten: «El Ministerio está derivando a la Comunidad Valenciana personas que declaran ser menores de edad sin que previamente se les haya realizado ninguna prueba médica que lo verifique».

Este déficit de verificación implica que adultos estén siendo alojados junto a menores, en centros diseñados específicamente para su protección. La Administración autonómica asegura que ha empezado a aplicar pruebas médicas cuando existen dudas, y denuncia que el Gobierno central está trasladando «datos arbitrarios, sin homogeneizar y sin ningún rigor», lo que complica aún más la planificación. Por ello, el Ejecutivo valenciano ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto Ley aprobado por el Ejecutivo central en marzo.

Violencia previa en otros municipios

El caso de San Vicente del Raspeig no es el único incidente relacionado con centros de acogida. En Guardamar del Segura, también en la provincia de Alicante, cerca de 200 inmigrantes irregulares protestaron en febrero por el traslado desde un hotel céntrico a un complejo más alejado, denunciando hacinamiento y falta de higiene. Algunos de los manifestantes coreaban lemas como «este país no es bien» y «venimos a por trabajo y papeles».

Además, meses antes, el mismo municipio fue escenario de agresiones sexuales presuntamente cometidas por dos residentes -uno de ellos también de nacionalidad maliense- contra empleadas del complejo turístico. También se registraron peleas y palizas a vecinos, lo que generó alarma social. El alcalde de Guardamar, el socialista José Luis Sáez, intentó minimizar el alcance de estos hechos, calificándolos como «episodios aislados» y asegurando que «la convivencia ha sido exquisita», a pesar de haber pedido un refuerzo de Guardia Civil al Ministerio del Interior, que le fue denegado.

Un modelo de acogida en crisis

A la falta de coordinación institucional se suma la precariedad del modelo actual, basado en la externalización del servicio a ONG, que gestionan la mayoría de estos centros. Las denuncias sobre deficiencias en la atención, lentitud en los trámites de regularización y convivencia forzada entre personas de perfiles muy diversos se han multiplicado, según denuncian los propios inmigrantes. También se han multiplicado las agresiones físicas y sexuales en los entornos de estos centros.

Fuentes de la Generalitat Valenciana aseguran que «lo que está en juego es la protección real de los menores. Lo que no puede hacerse es improvisar cifras, ignorar nuestra saturación y cargar el problema a las comunidades que sí están cumpliendo».

Por su parte, desde la oposición, Vox ha insistido en que los problemas actuales son consecuencia directa de una política migratoria «caótica» y sin control. En el caso de Guardamar, el portavoz local de la formación verde, Ángel Delfín, aseguró a El Debate que «cuando alerté sobre lo que podía pasar, me llamaron fascista, hijo de p*** y nazi».

La agresión en San Vicente del Raspeig vuelve a poner el foco en un sistema de acogida tensionado por la llegada constante de inmigrantes fruto del 'efecto llamada', la falta de recursos y la ausencia de controles previos. Entre tanto, el vigilante continúa hospitalizado y el agresor permanece en prisión preventiva, el caso se suma a una serie de episodios que reflejan las carencias de la política migratoria actual mientras las Administraciones guardan silencio ante estas agresiones.