Imagen de archivo de una joven que lleva comida a los afectados por la dana, en Aldaya, Valencia
La jueza de la dana abre la puerta a valorar el daño psicológico de los familiares de las víctimas para la investigación
Se perfilan nuevas líneas de trabajo centradas tanto en la dimensión institucional de la gestión de la emergencia como en las consecuencias humanas y emocionales derivadas del temporal
El Tribunal de Instancia de Catarroja, a través de su titular en la Plaza Número 3 de la Sección Civil e Instrucción, continúa avanzando en la investigación penal por la gestión de la dana que azotó el sur de Valencia en octubre de 2024. En una nueva providencia dictada y notificada hoy a las partes personadas, se han acordado importantes diligencias que consolidan el desarrollo de la causa y perfilan nuevas líneas de trabajo centradas tanto en la dimensión institucional de la gestión de la emergencia como en las consecuencias humanas y emocionales derivadas del temporal.
Uno de los puntos destacados de esta resolución judicial es la apertura de nuevas piezas psicológicas vinculadas a víctimas colaterales de la tragedia. Concretamente, se ha ordenado al Instituto de Medicina Legal (IML) que elabore informes sobre los daños morales y secuelas psicológicas sufridas por Fátima, Alexis y Maite, afectados por el fallecimiento de Augusto, cuya muerte se investiga en la pieza separada número 100/25 (ahora renumerada como 181/24). También se incorpora a dicha pieza un pen drive con documentación aportada por Maite, así como informes clínicos previos de Fátima y Begoña, que serán remitidos al IML como parte del proceso de valoración.
En paralelo, se ha dispuesto la apertura de otra pieza para valorar el impacto emocional en Gracia, perjudicada por el fallecimiento de su padre Germán, registrado en la pieza número 43/25 (ahora 125/24). El juzgado ha solicitado también contactar telefónicamente con sus hermanos Silvia y Germán para determinar si desean ser reconocidos por el médico forense y obtener así informes periciales sobre posibles secuelas psíquicas.
Desde el plano institucional, la jueza ha dado traslado a las partes de información remitida recientemente por la Confederación Hidrográfica del Júcar, que da respuesta al requerimiento efectuado en mayo sobre la gestión de los recursos hídricos durante los días previos a la dana.
También se incorpora a la causa un informe de la Subdirección General de Emergencias, en el que se detallan las medidas preventivas que se adoptaron en septiembre de 2023 ante las alertas emitidas por la Aemet. Del mismo modo, se ha unido un documento aclaratorio sobre la terminología empleada en la Relación de Puestos de Trabajo vinculada a los dispositivos de emergencia, y otro sobre las llamadas efectuadas al 112 por una vecina afectada, Anselma, el 29 de octubre de 2024.
La providencia también se pronuncia sobre un escrito de la 'Asociación Acció Cultural del País Valencià' (ACPV), que, junto a Constancio, solicita que la causa sea trasladada a las dependencias de la Ciudad de la Justicia de València. El juzgado ha dado un plazo de un día para que las partes formulen alegaciones sobre esta petición. Por otra parte, se ha unido documentación remitida por la acusación particular de varios familiares de fallecidos —Heraclio y Bruno— y se mantiene en agenda la declaración testifical de la alcaldesa de Valencia, María José C.atalá, que fue acordada el pasado mes de mayo.
Finalmente, la providencia también da cuenta de las manifestaciones formuladas por la Asociación de Damnificados de la dana en Horta Sud, que sigue personada en el procedimiento como acusación popular, y cuyo papel está siendo clave en la reconstrucción de los hechos y la búsqueda de responsabilidades.
La causa, que investiga presuntas omisiones, retrasos y fallos en la gestión de la emergencia por parte de las administraciones responsables, avanza con un volumen creciente de piezas y una fuerte carga emocional, en la que las víctimas y sus familiares reclaman tanto justicia como reparación.
