El exalcalde de Castalla Antonio Bernabéu y la exconcejal Maite Gimeno
Condenan por acoso laboral al Ayuntamiento de Castalla bajo el mandato de Ciudadanos y el PSOE
La Justicia acredita el trato vejatorio y las represalias, ignoradas por el equipo de Gobierno pese a las denuncias internas
El Tribunal Supremo ha ratificado la condena impuesta al Ayuntamiento de la ciudad alicantina de Castalla y a su capataz, B.M.M., por acosar laboralmente a dos trabajadores de la brigada municipal de obras. El fallo confirma lo dictado anteriormente tanto por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) como por el Juzgado de lo Social número dos de Alicante, que declararon la vulneración de derechos fundamentales a la dignidad y la salud de los empleados.
Los hechos se remontan a finales de 2019, cuando los trabajadores J.P.J. y D.J.G. denunciaron un clima de hostigamiento continuado por parte de su superior. Según consta en la sentencia, el capataz ejerció un trato vejatorio de forma reiterada, agravado por la inacción del equipo de Gobierno municipal entonces liderado por el alcalde Antonio Bernabéu (Ciudadanos), en coalición con el PSOE, entonces encabezado por Maite Gimeno. Pese a estar en vigor un protocolo interno contra el acoso laboral, la Administración local habría desoído las denuncias de los afectados.
La falta de respuesta llevó a los empleados a recurrir a la Inspección de Trabajo, lo que provocó una escalada del acoso y desembocó en una baja médica prolongada por más de 18 meses, reconocida como accidente laboral por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
Los trabajadores, representados por la abogada María Esther Berrueco Rubio y el sindicato SEP-CV, acudieron a los tribunales. La justicia les dio la razón: se dictaminó que el Ayuntamiento no solo ignoró su deber de protección, sino que además les negó el acceso a ayuda psicológica prevista en los protocolos y procedió a amortizar sus plazas como maniobra para despedirlos.
Indemnización y condena en costas
La sentencia inicial obligaba al Ayuntamiento y al capataz a indemnizar a cada trabajador con 15.000 euros. El Ayuntamiento recurrió al TSJCV, que desestimó su apelación y le impuso las costas del juicio. Finalmente, el Consistorio presentó recurso de casación ante el Supremo, que ahora ha sido rechazado, consolidando así la condena en firme a ambas partes.
Desde el sindicato SEP-CV en Castalla se ha criticado con dureza la actitud del anterior equipo de Gobierno, al que acusan de estigmatizar a las víctimas y difundir falsedades sobre su estado de salud. También señalan que el actual Gobierno local, conformado desde 2023 por el Partido Popular, ha regularizado la situación laboral de los afectados, quienes ya ocupan plazas consolidadas en el Ayuntamiento. En declaraciones a El Debate, el actual alcalde, Jesús López Blanco, ha mostrado su respeto a la sentencia judicial y su disposición a acatarla.
Queda pendiente la ejecución definitiva de la sentencia. Aunque en 2021 el Ayuntamiento consignó judicialmente los 30.000 euros de indemnización, se espera que se ratifique si la responsabilidad de pago es compartida entre la Administración y el capataz, o si recae únicamente sobre las arcas públicas.
