La Generalitat Valenciana también pide cuatro años de cárcel para el hermano de Ximo Puig por corrupción en el cobro de subvenciones ilegales

La pasada semana, la Fiscalía Anticorrupción pidió para Francis Puig, hermano del expresidente socialista de la Generalitat Valenciana Ximo Puig, cuatro años de cárcel por el supuesto cobro de subvenciones ilegales por parte de sus empresas para el fomento del valenciano, tal como informó El Debate basándose en el propio escrito de acusación del Ministerio Público que obra en poder de este periódico.

Si esa noticia no fue nada favorable para los intereses procesales del pariente del exmandatario, el periplo judicial que le viene por delante puede ser, incluso, mucho peor. Y es que, tal como ha podido saber El Debate tras consultar a fuentes de la Generalitat, la Abogacía dependiente de la Administración autonómica se suma a la petición de prisión de la Fiscalía.

En concreto, el escrito habla directamente de un «fraude» en el cobro de ayudas públicas dadas por el Consell que en su día estaba en manos del tripartito de izquierdas conformado por el PSPV-PSOE, Compromís y Unidas Podemos. En base a ello, los letrados reclaman la «apertura de juicio oral contra Francisco Javier Puig Ferrer y Juan Enrique Adell Bover» (su socio) por la «presunta participación» de ambos «en un fraude continuado en la obtención de subvenciones públicas destinadas al fomento del valenciano en medios de comunicación».

Indemnización

En este sentido consideran que los investigados «habrían utilizado sociedades vinculadas —algunas de ellas consideradas ficticias— para simular gastos y presentar facturación falsa, duplicada o no subvencionable con el fin de incrementar de forma ilícita las ayudas recibidas entre los años 2015 y 2019». Para justificar esa postura, afirman que llevaron a cabo «simulación de actividades mediante facturas falsas o autofacturación entre empresas vinculadas, uso de contenidos no emitidos en valenciano, genéricos o duplicados», así como la «compensación de pagos no permitida por la normativa de subvenciones».

Asimismo, la Abogacía de la Generalitat Valenciana subraya que Francis Puig y su socio justificaron «gastos ajenos a la actividad subvencionada (vehículos particulares, merchandising, materiales inventariables…)», por lo que exige «una indemnización de 58.866,69 euros a Francisco Javier Puig Ferrer como administrador de Masmut Produccions SL». y «una indemnización solidaria de 74.710,75 euros a ambos investigados por las facturaciones cruzadas entre sus respectivas empresas».

La razón para todo lo anterior es la presunta comisión de los delitos de «falsedad documental agravada», «estafa agravada» y, en lo que corresponde al socio, «cooperación necesaria en los delitos cometidos por Puig Ferrer».