Las claves de la trama corrupta del hermano de Ximo Puig: facturas falsas, empresas pantalla e indulto de María Jesús Montero

Las últimas semanas antes de las vacaciones de verano no están siendo las mejores para los intereses del PSOE, acorralado por casos de corrupción que, por si no fueran suficientes en sí mismos, amenazan con multiplicarse a partir de septiembre con más informes elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Todo ello es a nivel nacional, pero en lo autonómico también se les acumulan los problemas a los socialistas. El mejor ejemplo de ello es lo relativo a Francis Puig, hermano de Ximo, el expresidente de la Generalitat Valenciana.

No es un asunto ni mucho menos baladí, ya que la Fiscalía Anticorrupción le pide nada más y nada menos que cuatro años de cárcel por una retahíla de presuntos delitos, los habituales en procedimientos judiciales de este tipo: falsedad continuada en documento mercantil, estafa agravada y apropiación indebida agravada.

El Debate ha tenido acceso al escrito del Ministerio Público y, obviando el típico cliché al respecto, es demoledor. En sus conclusiones provisionales, señala que tanto Puig Ferrer como su socio, Juan Enrique Adell Bover, a través de las empresas Comunicacions del Ports, SA, y Masmut Producciones, SL, «solicitaron a la Generalitat Valenciana ayudas dirigidas a subvencionar la producción y difusión en valenciano en valenciano».

Esta tarea tendría que haber sido en «programas de radio, televisión, la producción y difusión de prensa escrita y/o digital en valenciano y a la realización de actividades de fomento del valenciano». Hasta este punto, nada anormal, salvo que la Fiscalía tiene fundadas sospechas de que detrás de ello había una trama corrupta bien engrasada, con extensiones también al Ejecutivo de Cataluña.

«Facturación ficticia» y «simuló gastos»

Así, no duda en que Puig tuvo en todo momento «la intención de beneficiarse económicamente obteniendo una cantidad superior a la que le hubiera correspondido». A tal efecto, supuestamente tenía un plan: «Simuló gastos empresariales, utilizando facturación ficticia de empresas vinculadas, emitiendo facturas duplicadas y cruzadas, que integró con conceptos genéricos y no constan pagadas a su proveedor».

El informe es más que detallado, apuntando que múltiples aportadas para quitarse gastos en realidad eran «no subvencionables», más allá de que fueran presentadas «fuera de plazo», otras «no pagadas» y «con la misma fecha» y «sin asiento bancario de abono». En ese sentido, la presunta red no habría dudado, siempre según el documento de Anticorrupción en llevar a cabo un proceso de «autofacturación», e, incluso, aportando en dichas facturas «domicilios inexistentes», tales como el de calle Zaporta 17 de Morella (Castellón). Para ello, la conexión entre Comunicacions dels Ports y Mas Mut era el nudo gordiano de la supuesta actividad delictiva:

«Durante el período de 2015 y hasta 2018, Francisco Puig Ferrer, como administrador de Masmut Produccions, SL, con la intención de beneficiarse económicamente, solicitó subvenciones para esta sociedad, sabiendo que era una empresa ficticia y presentó facturación con simulación de gastos, con la única finalidad de obtener subvenciones, que, posteriormente, tampoco han sido aplicadas a la finalidad para las que fueron convocadas por las administraciones».

Asimismo, continúa la minuciosa explicación, enumerando las razones por las que el hermano del expresidente valenciano Ximo Puig «sabía que era una empresa facticia». «CDP es una sociedad constituida el 03/11/1988, con multitud de accionistas, cuyo objeto social son las actividades de difusión sonora y comunicación social, gestión indirecta de servicio de televisión local, analógico o digital por ondas terrestres, producción audiovisual. Servicios de publicidad, artes gráficas y otros servicios editoriales. Publicidad, marketing y merchandising. Su administrador es Francisco Javier Puig Ferrer y, como secretario figura Ricardo Querol Sales, CDP ha tenido entre seis y doce trabajadores, incluyendo al administrador», indica.

Contenidos en castellano

A lo que se añade: «Masmut es una empresa redundante, en tanto en cuanto su objeto social está abarcado por el de CDP. Además, el socio único es la propia CDP, Aunque su administrador declaró que fue creada para Centrarse en el ámbito digital y en la comarca del Matarraña, lo bien cierto es que sus actividades, y así se deduce de su facturación, coinciden con las de CDP». Al mismo tiempo, la Fiscalía subraya que «el administrador sabía que la actividad desarrollada por los trabajadores no se correspondía con el ámbito digital, sino con tareas de locutor y técnico en un programa magazine y de entrevistas, o de maquetación de noticias, redacción de noticias o temas».

Cabe recordar que las cuantías pedidas a modo de subvención tanto por Francis Puig como por su socio eran para el fomento del valenciano. Pese a todo lo anterior, el informe del Ministerio Público aporta no pocos contratos suscritos por las compañías investigadas son «en castellano». En base a lo anterior, pide que sea condena do, además, a pagar a la Generalitat Valenciana 58.866,69 euros y 51.825,28 a la catalana en concepto de indemnización.

Sin embargo, todo lo expuesto hasta el momento parece que al Gobierno que preside Pedro Sánchez le parece poco. De no ser así, no se entendería el indulto promovido por la vicepresidenta primera del Ejecutivo y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con tal de que las empresas vinculadas a la trama de Francis Puig puedan seguir contratando con la Administración pública.

Lo ha hecho pese a que Comunicacions del Ports están bajo la lupa ya han sido condenadas por el Tribunal Supremo en 2023. Con meridiana claridad lo relata el escrito oficial que obra en poder de este periódico: «En atención a las consideraciones previas, y ponderadas las circunstancias señaladas, la Comisión Permanente de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, en su reunión del 2 de julio de 2024, acuerda proponer a la ministra de Hacienda el archivo el archivo del expediente de declaración de prohibición de contratar a Comunicación dels Ports, SA por concurrir las circunstancias señaladas en el artículo 72.5 de la LCSP», jsutifica.