El Segura se seca mientras el Tajo desborda: Alicante entra en fase crítica y el Gobierno le cierra el grifo

La provincia de Alicante se enfrenta este verano a una situación límite: sin lluvia, con restricciones de riego ya activas y con los embalses del Segura al 28,77 % de su capacidad -la cifra más baja entre todas las cuencas hidrográficas del país según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica-. Mientras tanto, cuencas como la del Tajo y el Duero superan el 75 % de agua embalsada, y parte de esos recursos se canalizan hacia Portugal cumpliendo con holgura el Pacto de Albufeira. Esta disparidad ha encendido todas las alarmas en el sureste peninsular, donde crece el malestar por lo que se percibe como un agravio territorial por motivos políticos.

El punto de mayor tensión sigue siendo el futuro del trasvase Tajo-Segura, clave para el desarrollo agrícola y económico de comarcas como la Vega Baja, y ahora sujeto a restricciones que, en la práctica, reducen drásticamente su operatividad. La elevación del caudal ecológico del Tajo ha supuesto un nuevo mazazo a la planificación de riego en el sur de Alicante, donde agricultores, regantes y administraciones denuncian que no hay ni un solo mecanismo alternativo plenamente operativo que compense este recorte. Desde las entidades agrarias se alerta de que se está jugando con la seguridad alimentaria del país y con la sostenibilidad de un modelo productivo que durante décadas ha abastecido a buena parte del mercado nacional y europeo.

A esta presión se suma la parálisis de las infraestructuras de desalinización. Aunque desde el Gobierno de España se han anunciado nuevas plantas y ampliaciones en Torrevieja y Águilas, los plazos no son inmediatos. Las obras están lejos de comenzar, la financiación sigue sin garantizarse y el trazado de conducciones, especialmente en el caso de la planta de Torrevieja, arrastra problemas ambientales no resueltos. El diputado del PP por Alicante, Joaquín Melgarejo, lo expresó con crudeza la pasada semana: «No hay certeza alguna de que llegue agua a la cuenca. No hay nueva agua, ni infraestructuras ni para generarla ni transportarla». Su advertencia no es menor: calcula un «apagón hídrico» de más de 300 hectómetros cúbicos anuales a partir de 2027 si no cambian las condiciones actuales.

«Falta de rigor técnico»

El debate, lejos de ser técnico, se ha convertido en un conflicto político de primer orden. Desde la Generalitat Valenciana y distintas plataformas de regantes se denuncia un sesgo ideológico en la toma de decisiones del Ministerio, que prioriza caudales ecológicos teóricos por encima de la viabilidad de territorios enteros. Según la Unió Llauradora i Ramadera, el nuevo ciclo de planificación hidrológica adolece de rigor técnico, ignora los derechos históricos de riego y no plantea soluciones realistas de reutilización del agua. Además, la ejecución de proyectos tan importantes como el plan 'Vertido Cero' en Elche, que permitiría recuperar 20 hectómetros cúbicos, continúa bloqueada pese a los compromisos de inversión ya asumidos por la administración autonómica y el Consistorio ilicitano.

El panorama es aún más desolador en el interior, donde algunos municipios enfrentan ya una emergencia hídrica real. Relleu, por ejemplo, ha agotado sus acuíferos tras meses sin lluvias, con ríos completamente secos. Mientras tanto, empresas del sector agroindustrial están comenzando a reubicarse en comarcas con mayor garantía hídrica, como el Vinalopó, lo que anticipa un profundo daño si la situación no se revierte.

Con una provincia sedienta, sin soluciones por parte del Gobierno y con la perspectiva de un futuro marcado por la escasez, crecen las voces que exigen una rectificación urgente, exigiendo a Pedro Sánchez un cambio de rumbo. La reivindicación es clara: agua cuando hay agua, equidad en el reparto, y respeto por quienes llevan décadas trabajando la tierra en uno de los territorios más productivos y necesitados de recursos hídricos del país.