Las catastróficas consecuencias del recorte de Pedro Sánchez al trasvase Tajo-Segura tras 46 años

El trasvase Tajo-Segura cerrará en torno a 480 hm³ este año hidrológico -91 destinados a consumo humano y el resto a regadío-, uno de los mayores volúmenes desde que el acueducto funciona. Será, paradójicamente, el broche de oro antes del tijeretazo: el endurecimiento de las reglas de explotación y el aumento de caudales ecológicos aprobados en 2023 reducirán de forma estructural el agua trasvasable a partir de 2027 y, si prospera una reciente sentencia, incluso antes. Para más de 2,5 millones de personas y 140.000 hectáreas en Alicante, Murcia y Almería, el impacto no será una estadística: afectará a precios, empleos y tejido productivo.

Las lluvias de primavera cargaron Entrepeñas y Buendía y permitieron cinco meses seguidos a 60 hm³, el máximo previsto por la norma vigente. El Cedex (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas) sitúa este ejercicio entre los más generosos en aportaciones de los últimos diez años y anticipa un cierre histórico.

Ese contexto de abundancia, sin embargo, llega a poco tiempo de que materialice el recorte. El propio Cedex advierte de una merma de 90 hm³ anuales en 2027 y de una reducción efectiva aún mayor por el cambio de umbrales: el nivel 1 subiría de 1.300 a 1.600 hm³; el nivel 2 bajaría de 27 a 18 hm³; y el nivel 3 prácticamente excluiría el riego. Además, se duplicaría la probabilidad de que no haya transferencia de agua. El Ministerio para la Transición Ecológica podría activar la reforma de forma inminente, pendiente del Congreso y en medio de un evidente disenso político y con los regantes del sureste en pie de guerra.

La última fotografía oficial confirma una asimetría estructural. Según los datos publicados esta semana, el Tajo almacenaba 7.822 hm³ (70,75 %) y el Segura apenas 291 hm³ (25,53 %). El contraste se repite en otras cuencas -Duero, Miño-Sil, Ebro- por encima del 60 %, mientras el sureste afronta restricciones y planifica a oscuras. La semana previa, el Tajo llegó a 8.043 hm³ (72,75 %) y el Segura a 313 hm³ (27,46 %): la brecha persiste con diferentes instantáneas. El Segura es una cuenca deficitaria que sostiene su demanda con aportes externos, mientras que parte de los excedentes de otras cuencas se destinan a obligaciones como el Pacto de Albufeira.

Un recorte sin alternativas operativas

El Gobierno defiende el aumento del caudal ecológico como medida ambiental. Las instituciones valencianas y alicantinas replican que prima un criterio político favorable a Castilla-La Mancha. Generalitat Valenciana, Diputación de Alicante y numerosos ayuntamientos han pedido frenar los recortes y recuperar una planificación nacional que garantice reparto solidario. El problema, subrayan SCRATS, Asaja Alicante o La Unió Llauradora, no es solo cuánto se recorta, sino con qué se sustituye.

Hoy, las ampliaciones de desaladoras -Torrevieja o Águilas- están paralizadas o sin financiación suficiente, y proyectos de reutilización como el 'Vertido Cero' de Elche siguen bloqueados pese al respaldo autonómico y local. Los plazos administrativos y ambientales hacen inviable que estas obras lleguen a tiempo si el recorte se aplica íntegro antes de 2027. La semana pasada, SCRATS resumía la sensación en sus redes: el «lobo» del recorte «ya ha llegado». En palabras del propio sindicato: «Estas decisiones ponen en riesgo el regadío, la economía y el futuro de miles de familias en Murcia, Alicante y Almería». Y añaden: «Desde el SCRATS reclamamos al Ministerio a que detenga el recorte del Trasvase y apueste por soluciones que garanticen agua para nuestra agricultura.»

Alicante, en primera línea del impacto

En Alicante -con la Vega Baja como epicentro- el trasvase sostiene una agricultura intensiva que alimenta a España y buena parte de Europa en invierno. El sector advierte de alzas en la cesta de la compra, pérdida de empleo, abandono de tierras y un retroceso económico si se consolida la merma de recursos. La vicepresidenta de la Diputación de Alicante, Ana Serna, acusa a Pedro Sánchez de «ensañarse» con la provincia y de negar inversión en infraestructuras clave. El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, ha denunciado en diversas ocasiones la «falta de transparencia» en la planificación de la ampliación de la desaladora -asegura haberse enterado por la prensa-. Para el PP, es una estrategia deliberada de reducción del regadío en el sureste bajo una sostenibilidad que consideran falsa.

El frente político: división y prisa

Dentro del propio PSOE conviven lecturas opuestas. En Castilla-La Mancha, el Ejecutivo de Emiliano García-Page y la delegada del Gobierno, Milagros Tolón, presionan para poner fin al trasvase. La consejera portavoz Esther Padilla pidió celeridad: «Espero que por lo menos en septiembre, que es cuando han dicho que se aprobarán, se cumpla con ese compromiso y se aprueben esas reglas que limiten el trasvase, el agua trasvasada y se cumplan con los caudales, porque si el caudal se estuviera respetando no hubiéramos vivido ni hubiéramos visto el río a su paso por Toledo en las condiciones que lo hemos visto».

En Murcia, el líder del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, trasladó a organizaciones agrarias que, a su juicio, las nuevas reglas no saldrán adelante.

Lo que se juega el campo

La reforma llega con el acueducto funcionando al límite de su potencial. Pero el cambio de reglas -y la posibilidad de aplicarlo de golpe- dejaría al sureste sin más de 300 hm³ anuales en apenas dos años, una cifra aparentemente imposible de compensar con desalación y reutilización en los plazos disponibles. El sector ya constata reubicaciones de producción agroalimentaria hacia zonas con mayor seguridad hídrica.

El Tajo-Segura cumple 46 años como arteria que vertebra consumo y riego. Si no hay alternativas reales y financiadas, el récord de este año será el último espejismo antes de una etapa de posibles cortes de envío de agua, explotaciones en retirada y una cadena agroalimentaria encarecida. El Gobierno invoca la protección del río; el sureste pide tiempo, inversiones y reglas viables. Entre la abundancia en cabecera y la escasez en el Segura, el recorte que impulsa Moncloa amenaza con cambiar de raíz el mapa económico y social del sureste.