La «guerra del agua» se recrudece: Page aumenta regadíos y Sánchez recorta el trasvase Tajo-Segura a Alicante

El debate sobre el reparto del agua en España ha entrado en una nueva fase de confrontación política y territorial. Mientras el Gobierno castellano-manchego de Emiliano García-Page acelera la modernización y expansión de regadíos en la cuenca alta del Tajo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez mantiene los recortes al trasvase Tajo-Segura, un recurso vital para la agricultura y la economía del sureste peninsular. El Tajo cuenta hoy con 8.043 hectómetros cúbicos embalsados -un 72.75 % de su capacidad-, mientras el Segura apenas dispone del 27.46 %, el nivel más bajo entre todas las cuencas españolas, según los últimos datos publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica.

En este contexto, el director general de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, José Juan Fernández, y el delegado provincial de Agricultura, Santos López, visitaban la pasada semana las obras de modernización de la Comunidad de Regantes Vega del Río Tajo, en Almoguera. El proyecto, con un presupuesto de algo más de 1,4 millones de euros, cuenta con una subvención autonómica de 991.000 euros, más del 70 % del coste total, e incluye mejoras en canalizaciones e instalación de energía fotovoltaica para reducir el consumo energético y optimizar el uso del agua. «Con estos más de 990.000 euros estamos a punto de culminar el proceso de modernización (...) consiguiendo mejorar tanto la eficiencia energética (...) como reducir el consumo de agua», afirmó Fernández.

Pero la apuesta del Gobierno regional va mucho más allá. En paralelo, la Consejería de Agricultura ha iniciado el proceso de concentración parcelaria en la margen derecha del Tajo para transformar en regadío 654 hectáreas en Almoguera, Mazuecos y Yebra. Esta actuación forma parte del Plan Director de Regadíos de Castilla-La Mancha, que contempla la incorporación de más de 29.000 hectáreas nuevas en toda la comunidad autónoma.

El Gobierno de Page defiende que se trata de un instrumento para «vertebrar el territorio», frenar la despoblación y modernizar la agricultura, priorizando el riego por goteo y el ahorro de agua y energía. El Ejecutivo autonómico subraya que Castilla-La Mancha riega un 5,5 % menos que la media nacional y que el 64,4 % de sus regadíos son de «máxima eficiencia y sostenibilidad».

El sur, con la sequía al cuello

Mientras el Tajo gana superficie de riego, el sureste peninsular vive en emergencia hídrica. La reducción del trasvase y la elevación del caudal ecológico del Tajo han recortado drásticamente el agua disponible para regadío en la Vega Baja, dejando a los agricultores sin infraestructuras alternativas plenamente operativas. Las ampliaciones previstas en las desalinizadoras de Torrevieja y Águilas siguen sin ejecutarse, los problemas ambientales en los trazados de conducciones no se han resuelto y los plazos de finalización se miden en años.

El diputado 'popular' Joaquín Melgarejo alertó de un «apagón hídrico» de más de 300 hectómetros cúbicos anuales a partir de 2027 si no se revisa la planificación actual. «No hay certeza alguna de que llegue agua a la cuenca. No hay nueva agua, ni infraestructuras ni para generarla ni transportarla», advirtió.

«Un hachazo continuo»

La portavoz del Agua del Grupo Popular en las Cortes Valencianas, María Gómez, acusa al Gobierno de Sánchez de actuar por motivaciones políticas: «Es un hachazo continuo que no corresponde a criterios técnicos, es un ataque político a autonomías gobernadas por el Partido Popular como la Comunitat Valenciana». Gómez insiste en que «según lo previsto en octubre entrarán en vigor las nuevas reglas de explotación, lo que supondrá unos graves recortes que pueden condenar a nuestros regantes y a nuestra agricultura, lo que puede provocar la desaparición de miles de hectáreas de cultivos».

Para la diputada, la postura del Consell que preside Carlos Mazón contrasta con la del Ejecutivo central: «Mientras el Consell lucha y apuesta por el relevo generacional en el campo, el Gobierno central solo pone trabas(...) con medidas que únicamente provocan pérdidas de empleo en una zona en la que la agricultura es uno de los principales motores económicos y cuyos productos se exportan por todo el mundo por su gran calidad». Gómez reclama un plan hidrológico nacional que permita «repartir los excedentes de agua de las autonomías que disponen de más de la que necesitan» hacia las que sufren escasez.

Un conflicto más político que técnico

La tensión no se limita a las cifras. En la Comunidad Valenciana, plataformas de regantes y organizaciones agrarias denuncian que el nuevo ciclo de planificación hidrológica prioriza «caudales ecológicos teóricos» sobre la viabilidad económica y social de territorios enteros. Acusan al Ministerio para la Transición Ecológica de ignorar derechos históricos de riego y de bloquear proyectos estratégicos como el plan 'Vertido Cero' en Elche, que permitiría recuperar 20 hectómetros cúbicos anuales.

En zonas del interior de Alicante, la situación es crítica. Municipios como Relleu han agotado sus acuíferos tras meses sin lluvias y han visto secarse sus ríos. Empresas agroindustriales comienzan a trasladar su actividad a comarcas con mayor garantía de suministro, lo que anticipa una pérdida de competitividad y empleo.

La migración de empresas hacia zonas con mayor seguridad hídrica altera cadenas de suministro, incrementa costes logísticos y debilita la posición de Alicante en los mercados internacionales.