Imagen de archivo de una oficina de atención ciudadana del Ayuntamiento de Alicante
Grupos de magrebíes y sudamericanos se organizan para vender turnos del Ayuntamiento de Alicante: «Ofrezco cita para empadronamiento»
El acceso a una cita en el Ayuntamiento de Alicante para realizar trámites como darse de alta en el padrón, obtener un certificado de empadronamiento o presentar documentación en registro se ha convertido en una carrera de fondo. Para quienes no disponen de certificado digital, la gestión puede realizarse únicamente a través de la web municipal o del teléfono de atención ciudadana 010, pero la demanda supera con creces a la oferta, especialmente en verano, cuando el horario de atención se reduce de forma significativa. Esta situación ha despertado la picaresca de ciudadanos, sobre todo de origen sudamericano y magrebí, para lucrarse ante esta situación.
Del 1 de julio al 1 de octubre, las oficinas municipales ofrecen turnos para este tipo de trámites de 8:30 a 12:45 horas, frente al horario habitual de 8:30 a 16:30. Además, las citas se publican con un margen de entre 14 y 21 días y únicamente para un día concreto. Esto provoca que, a las 0:00 horas -momento en el que se actualiza el sistema- la web municipal colapse en cuestión de segundos, y que por las mañanas las líneas del 010 queden saturadas, agotando las plazas en apenas minutos.
En este escenario, y con Alicante como una de las ciudades con mayor proporción de población extranjera de España -el 15 % de sus residentes no tiene nacionalidad española-, han proliferado redes ilegales de reventa de citas. Grupos de personas, principalmente de origen magrebí y sudamericano, aprovechan la dificultad de acceso para ofrecer turnos a cambio de dinero en locutorios y a través de redes sociales.
Un ciudadano ofrece una cita para empadronarse en Alicante
Uno de los casos más recientes llegó al Ayuntamiento a raíz de la denuncia de un ciudadano que aseguró haber visto en internet la venta de una cita para el alta en el padrón. El denunciante señaló que el anuncio aparecía en un grupo de Facebook. Tras una investigación por parte de los servicios municipales, se encontró una publicación donde se mostraba una cita en la oficina de la calle Portugal 17, con el trámite y la fecha especificados, bajo el texto «Ofrezco cita en el empadronamiento para el 12. escribir al privado» (sic).
Un negocio inútil
El Ayuntamiento localizó al titular de la cita -cuyos datos aparecían en el sistema- e intentó contactar con él por teléfono sin éxito. Finalmente, se le envió un correo electrónico advirtiendo que la cita sería anulada si se confirmaba su venta. Desde el Consistorio recuerdan que los turnos son nominales y que solo puede acudir la persona a cuyo nombre están registrados, con su documento de identidad correspondiente. Si la información no coincide, no se presta atención y el acceso queda denegado.
Anuncio de un ciudadano que intentaba mercadear con su cita para empadronarse en Alicante
Fuentes municipales explican a El Debate que este comercio no es nuevo. En barrios con alta población inmigrante, como Virgen del Remedio o Juan XXIII, es habitual que locutorios, particulares o intermediarios que trabajan en el ámbito de la extranjería ofrezcan «conseguir» citas municipales. «Algunos vecinos nos dicen que tienen que ir 'al marroquí de la esquina' o 'al colombiano del locutorio' para obtener una cita», reconoce un empleado municipal, que admite que resulta muy difícil frenar esta práctica mientras no se vulnere de forma directa el sistema de petición telemática. Estos «conseguidores» se quedan con los datos personales de los solicitantes e intentan solicitar citas por internet o llaman con varios teléfonos para tener más posibilidades de contactar.
El colapso es especialmente grave en verano. El 010 puede llegar a recibir más de 800 llamadas en la primera hora de servicio. La reducción horaria, unida al incremento de población extranjera en Alicante -que ha crecido el doble que la española en las dos últimas décadas-, alimenta un mercado negro de turnos que las autoridades intentan controlar, aunque sin herramientas legales suficientes para erradicarlo por completo.