Puede que la pregunta sea recurrente y la respuesta se plantea generalmente desde un punto vista técnico o esencialista según se sea o no partidario del estado autonómico. La eficiencia o ineficiencia de la descentralización administrativa que ha vivido España durante las últimas décadas o el principio de conexión histórica como un irrenunciable factor identitario o como un elemento superado.
No obstante, la desdicha de la peor catástrofe recordada que hemos padecido los valencianos y su reconstrucción, suma a la controversia del debate un nuevo elemento surgido de la experiencia reciente. El nivel de abandono y discriminación soportado, por el tacticismo electoral del Gobierno de Pedro Sánchez, que ha invertido su esfuerzo en aprovechar la coyuntura para tratar de obtener rédito político, dejando la emergencia y la posterior reconstrucción en un segundo plano.
La pregunta y la respuesta congénita en su origen sería la siguiente ¿Sirve el autogobierno valenciano para paliar la dejación de funciones del Gobierno de España en la Comunidad Valenciana?
Lo cierto es que más allá de posiciones nacidas de la convicción, la coyuntura sí acredita el contrapeso ejercido por un Ejecutivo autonómico que ha tenido que afrontar en solitario la reconstrucción y comenzar la senda de la recuperación en lo relativo a las infraestructuras propias.
Un Ejecutivo que ha podido habilitar líneas de ayudas exclusivas y complementarias a las del central, mucho más rápidas y accesibles, gracias a la previa aprobación de la ley de simplificación administrativa que ha sido capaz, reduciendo trámites y burocracia, de absorber y responder a las demandas de los afectados beneficiarios de las mismas.
Asimismo, las Cortes Valencianas han convalidado decretos que contenían entre otras la derogación de la Ley de la Huerta que impidió, tal y como expresó la propia ex vicepresidenta Teresa Ribera, la ejecución de las obras hidráulicas que hubieran paliado en gran medida la consecuencia de las riadas.
El conjunto de instituciones del autogobierno de la Comunidad Valenciana, que constituye la Generalitat, ha compensado con su acción el alejamiento y el abandono del Gobierno de Sánchez, habiéndose constatado un equilibrio fruto de un estado de las autonomías que ejerce una cohabitación de poder, territorial y competencial, que ha permitido que podamos afirmar que ha sido como consecuencia del impulso del Consell de Mazón que la reconstrucción y recuperación sean una realidad.
Caso análogo, y ejemplo palmario, ha sido el impulso de la Ley de la Costa Valenciana, que permite la defensa de los derechos de los valencianos vecinos del litoral, que se veían en riesgo de perder sus viviendas sin compensación alguna como consecuencia de las políticas ideológicamente sectarias de un Gobierno el de Sánchez, que practica en las playas restricciones equiparables a las que impiden la limpieza de los cauces de los barrancos y de los montes.
En el momento que más necesaria era la aportación del fondo de liquidez extraordinario por parte del Gobierno de España, a resultas de ser una comunidad autónoma infra financiada, para poder disponer de efectivo con el que pagar a las farmacias, residencias, escuelas y resto de proveedores, Sánchez volvió a primar la obtención del rédito electoral y bloqueó la transferencia, pero la Generalitat pudo, a cuenta de la obtención de un préstamo, sortear dicho bloqueo y sustanciar los pagos.
Un Consell y por extensión unas instituciones de autogobierno, las de la Generalitat, que en ejercicio de una autonomía de origen histórico, reconocida constitucionalmente y desarrollado a partir del Estatuto de Autonomía ejercen un poder territorial y competencial que puede revertir todas aquellas políticas nocivas para el conjunto de los valencianos que se evacuen de manera coyuntural desde el Gobierno central.
Frente a los que reducen el autogobierno a una pancarta o una declaración simbólica, existe un autogobierno práctico, útil, al servicio de los intereses de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana.
