El informe de la OCDE y la educación catalana. Una lección para España

El pasado 7 de julio salió a la luz un detallado y extenso informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre la educación en Cataluña. Bajo el título «Improving Learning Outcomes in Catalonia, Spain», este informe es el primer producto de un acuerdo de colaboración entre la organización y la Generalidad de Cataluña, de cuatro años de duración, orientado a apoyar la mejora de los resultados del aprendizaje en todo el sistema educativo catalán.

Para una lectura del citado informe, institucionalmente contextualizada, es preciso señalar tres rasgos característicos de dicha organización multilateral, que para los que la conocimos desde dentro, nos resulta fácil identificar; a saber: (1) una práctica diplomática consolidada, como corresponde a un organismo intergubernamental; (2) una cultura de raíz anglosajona, de respeto por los hechos; y (3) una solvencia intelectual y una competencia analítica, basadas en su muy valioso capital humano.

El primero de los rasgos se pone de manifiesto tanto en el resumen ejecutivo como en la propia estructura fina del informe que, en sus capítulos nucleares, combina una descripción del contexto y de las disposiciones institucionales, una enumeración de las fortalezas clave seguida de los correspondientes desafíos críticos, que se complementan con una serie coherente de recomendaciones de política educativa. Bajo esa estructura, se combina hábilmente un tono complaciente con la concepción de la educación catalana y una crítica demoledora, a modo de reiterado contrapunto a las alabanzas que se vierten, de forma sistemática, en la enumeración y comentarios sobre sus fortalezas. Este esquema, que se repite una y otra vez a lo largo del texto, deja en el lector la impresión de que esos puntos fuertes del sistema sirven, al menos por el momento, para muy poco.

Más allá de esa búsqueda aparente de un cierto equilibrio retórico, hay algo, no obstante, que llama poderosamente la atención. Cuando se aborda, en un capítulo introductorio, una visión general del sistema escolar catalán y se aterriza en sus peculiaridades, no solo se eluden los conflictos competenciales que han sido sustanciados por los tribunales –particularmente en lo relativo al desbordamiento constitucional producido por una severa inmersión lingüística en catalán, con una marginación franca del uso escolar del castellano–, sino que, al analizar el modelo lingüístico catalán, se llega a afirmar que «se fundamenta en un marco jurídico e institucional consolidado que combina garantías constitucionales con la legislación regional específica» (pág. 34).

Parece ignorarse, en este tan inequívoco aserto, la falta de garantías constitucionales de dicho modelo lingüístico. Una larga batalla, de más de quince años, promovida por personas y organizaciones de la sociedad civil, ha conllevado sentencias, tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que han fijado una carga lectiva del 25 % para el uso del castellano como lengua vehicular. Esta posición de los tribunales españoles ha recibido recientemente el aval del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Creo que el Equipo de la OCDE, responsable de esta revisión, ha cometido un error de principiantes al no contrastar una información política y socialmente delicada, trasladando al texto una visión sesgada, basada muy probablemente en las orientaciones interesadas del Ministerio de Educación, de la Generalidad de Cataluña y de la propia Delegación Permanente de España ante la organización, cuyos protagonistas quedan perfectamente identificados en los Agradecimientos.

Dicho lo anterior, el informe de la OCDE insiste, con una notable reiteración, en que la situación de la educación catalana es muy compleja y aporta un cúmulo de datos de contexto que sirven de fundamento a la anterior aseveración. Y es que los ideales de «Equidad e inclusión», que se abordan en el capítulo 3, contrastan con la ineficiencia de las políticas ante un panorama inmigratorio cuantitativamente intenso y cualitativamente diverso en cuanto a lengua materna, cultura y tradiciones.

Si hubiera que seleccionar una sola de las numerosas gráficas que describen el impacto de esa situación sobre el sistema escolar catalán, nos decantaríamos por la que se presenta a continuación.

En ella se muestra la evolución, a lo largo de los últimos nueve cursos, del porcentaje de alumnos con necesidades educativas especiales vinculadas a diferentes formas de discapacidad psíquica, física o sensorial (SESN-A); junto con el porcentaje con necesidades educativas específicas derivadas de desventajas educativas, incluidas las asociadas a situaciones socioeconómicas o socioculturales que comprometen seriamente sus resultados escolares (SESN-B).

La gráfica anterior muestra, con total claridad, la diferencia de comportamiento de ambos grupos de alumnos de primaria y secundaria obligatoria. Según los datos aportados por el informe, el primer grupo ha evolucionado de 22.169, en el curso 2017/18, a 36.540, en el 2025/26. Pero el segundo lo ha hecho de 47.581, en 2017/18, a 247.673, en 2025/26, lo que supone un incremento de un 421 % y con tendencia a seguir creciendo.

El citado informe subraya que, además de la inmigración, es preciso señalar problemas más generales que tienen que ver con la capacidad instruccional, el apoyo a las escuelas, el uso de la evidencia y el sistema de dirección escolar. Y es a partir de aquí cuando la OCDE recurre a una suerte de «caja de herramientas», en materia de políticas educativas, cuya efectividad está consolidada, de acuerdo con un consenso internacional basado en evidencias. El informe va desgranando esas herramientas que se abordan en sucesivos capítulos: Profesores y dirección escolar (capítulo 4); Evaluación y valoración educativa (capítulo 5); y Gobernanza y financiación (capítulo 6).

No es cuestión de entrar aquí en el detalle de los análisis y de las propuestas de mejora, en general muy pertinentes y en lo esencial conocidas por los expertos, pero sí procede señalar dos cuestiones que me han sorprendido poderosamente: la relativa a la interacción entre modelo lingüístico y nivel socioeconómico, y el tema de la financiación. En relación con la primera, el informe se suma a la tesis nacionalista de que el modelo de inmersión lingüística severa que se practica no añade problemas al alumnado inmigrante, sino que es la desventaja socioeconómica la que explica por si sola su bajo rendimiento. De nuevo se aporta una exigua evidencia empírica en un tema políticamente tan sensible y se ignoran investigaciones que revelan, por el contrario, la existencia de una interacción entre esas dos variables, de modo que son los sectores socialmente vulnerables los más afectados, en materia de rendimiento, por esa inmersión severa.

En relación con la segunda, se alaba el propósito de la Generalidad de Cataluña de incrementar su gasto educativo hasta alcanzar un 6 % de su PIB en 2026 –un 40 % más que la media nacional–, sin hacer una referencia explícita y detallada a la necesidad de aumentar la eficiencia del gasto. Llama la atención que, tratándose la OCDE de una organización paladín de la ortodoxia económica, no se aluda a las limitaciones de operar con tal magnitud sobre la variable gasto educativo en un contexto, como es el de la Unión Europea, en el que España tendrá que recuperar forzosamente la sostenibilidad de sus cuentas públicas que ha sido abandonada en las últimas legislaturas.

Como reitera y fundamenta ampliamente el informe de la OCDE, la situación educativa de Cataluña es compleja y difícil. Y es que hay elementos de la realidad sociopolítica catalana que complican mucho la educación escolar: peso y naturaleza de una inmigración creciente, inmersión lingüística severa que perjudica a los sectores más vulnerables, y rigidez en torno a los postulados «progresistas» que forman ya parte de la tradición educativa catalana y que suelen ser refractarios al valor de las evidencias.

Pero el informe de la OCDE admite una lectura en clave española. Y es que, dejando a un lado la especificidad del problema lingüístico y la resistencia, de origen ideológico, a aceptar las evidencias y sus causas, Cataluña es en otros aspectos una adelantada; es decir, su compleja situación tiene para el resto de España un cierto valor prospectivo. Se impone, por tanto, la realización de reformas educativas de carácter estructural y de aplicación en todo el territorio nacional, que operen sobre esos factores destacados por el informe, que sabemos mejoran los resultados de todos los alumnos e incrementan la igualdad de oportunidades. Si, o bien esas reformas se continúan retrasando, o bien las claves de su acierto se diluyen en una concepción o en una implementación erróneas; el deterioro social estará servido y el costo económico de repararlo será no solo inmenso, sino además muy probablemente ineficiente.