Recupera su casa tras cinco años de okupación y la encuentra en condiciones extremas: vivían con 30 gatos entre excrementos

Tras cinco años de gestiones, pleitos y un desgaste emocional que ella misma describe como «un calvario», una vecina de la provincia de Castellón ha podido volver a entrar en su vivienda, convertida hoy en un espacio insalubre e irreconocible. Esta es la historia de Kathy, propietaria de un dúplex en Moncofa, que, tras una larga lucha en los juzgados, ha conseguido recuperar su casa y expulsar a su inquiokupa que lleva sin pagar un lustro.

Lo que en su día fue una segunda residencia destinada a veraneo y posteriormente alquilada para afrontar gastos familiares, ha reaparecido ante su propietaria en un estado insalubre, con excrementos de animales, desperfectos estructurales y un olor que llevaba tiempo afectando incluso a la comunidad de vecinos. El largo proceso judicial que ha rodeado el caso arrancó cuando la inquilina a la que alquiló la vivienda en 2019 dejó de pagar al año siguiente el importe de 300 euros mensuales y, amparándose en la normativa extraordinaria aprobada durante la pandemia, se negó a abandonar el inmueble.

Largo proceso judicial

La propietaria, Kathy Díaz, recuerda en Radio Castellón que el conflicto se complicó desde el momento en que la inquilina dejó de asumir cualquier gasto. Para evitar deudas mayores decidió cortar los suministros, una decisión que derivó en hasta tres denuncias por coacciones interpuestas por la propia moradora. Díaz tuvo que esperar a que todos esos procedimientos concluyeran antes de poder iniciar una denuncia por okupación, un retraso que se sumó a la saturación de los juzgados. Ese tiempo, asegura, fue de «impotencia e incertidumbre».

Durante años, ni el Ayuntamiento de Moncofa ni los Servicios Sociales acudieron al inmueble pese a que, según cuenta Díaz, conocían la situación y sabían que la inquilina convivía con decenas de gatos en malas condiciones.

El juicio por fin se celebró después de dos años de espera. Antes de llegar a ese punto, la propietaria incluso intentó pactar una salida amistosa y ofreció renunciar a los impagos si se le devolvían las llaves: «Me vaciló diciendo que conocía el Real Decreto». La inquiokupa, una mujer de avanzada edad, permaneció en la vivienda alegando la protección del Decreto Ley aprobado durante la pandemia, destinado originalmente a evitar desahucios de personas vulnerables. Díaz sostiene que esa normativa terminó convirtiéndose en un escudo para «quienes abusan del sistema» y denuncia que su caso es un ejemplo de cómo muchos propietarios han quedado desamparados.

Kathy Díaz es también presidenta de Aprovij, la asociación de propietarios afectados por la inseguridad jurídica, e insiste en que son numerosos los casos similares en todo el país: «Esto no es vulnerabilidad. Esto es impunidad. Esto es lo que han protegido: a quien revienta una casa, abandona animales y destroza un hogar. No a quien lo ha construido con su esfuerzo.»

Cuando este mes de noviembre la propietaria logró finalmente acceder al dúplex, encontró un escenario digno de una casa de los horrores: habitaciones cubiertas de excrementos, muebles destrozados, paredes ennegrecidas y restos de al menos catorce gatos que habían quedado abandonados tras la marcha de la inquilina, que se había llevado consigo otros quince. El hedor en la escalera del edificio había sido motivo de quejas continuas entre los vecinos durante años.

«La mujer tenía Diógenes y un montón de gatos en casa. El olor en el vecindario ha sido nauseabundo durante años», ha asegurado la propietaria de la vivienda en declaraciones a la emisora de radio. «Se me saltan las lágrimas. Ver las habitaciones destrozadas y llenas de excrementos de gato es muy duro», ha reafirmado.

La propietaria calcula que los daños superarán con creces los 40.000 euros, cifra a la que añade el perjuicio de más de cinco años sin percibir alquiler y el desgaste de un proceso que, insiste, no termina con su entrada en la vivienda. En declaraciones recientes afirma que no siente que haya nada que celebrar: «No es una victoria. Recuperar la casa no compensa el tiempo perdido ni la sensación de abandono institucional».

Díaz denuncia que la persona que ha deteriorado su propiedad se marcha sin consecuencias y que el marco legal vigente sigue protegiendo únicamente a la parte que okupa, mientras los propietarios soportan la carga económica y emocional. Para ella, la conclusión es amarga: «Este no es un final feliz, es la prueba de que miles de propietarios han sido desprotegidos bajo un sistema que debería haberlos amparado».