Compromís califica la condena a García Ortiz como la muestra de que «el franquismo vive» y llama a una «respuesta antifascista» sin precedentes

La condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, inhabilitado por dos años por parte del Tribunal Supremo (TS), supone un hecho insólito en España, como ya lo fue verle sentado en el banquillo de los acusados para responder por una revelación de secretos ahora corroborada que afectó al novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.

Este hecho, conocido al mediodía de este mismo jueves, ha provocado no pocas reacciones. Una de ellas es la del diputado de Compromís adscrito al grupo Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez. En un mensaje en su perfil oficial de la red social X, el nacionalista ha cargado contra la decisión del Alto Tribunal y lo ha hecho aludiendo a Franco, justo en el día en que se cumplen 50 años de su muerte:

«20 noviembre de 2025, el franquismo vive», ha espetado el parlamentario en una publicación en la que comparte una información sobre la resolución del Supremo contra García Ortiz. Además, en declaraciones posteriores a los medios de comunicación, Ibáñez ha denunciado que la condena al fiscal general por parte de cinco jueces «conservadores» del TS «no es más que una prueba de golpe blando contra el Gobierno y contra la mayoría plurinacional y progresista» del país.

«Día negro»

A su vez, ha indicado que este jueves es un «día negro» para el país y que esta resolución «pone en riesgo» la libertad de prensa y la protección a las fuentes, así como «también la presunción de inocencia» en España, al acusar al TS de condenar «sin pruebas» a García Ortiz. En la misma línea, considera que la condena es un «claro caso de lawfare (guerra sucia judicial)», como, asegura ya ha sufrido su formación. Frente a ello, ha llamado a una «respuesta antifascista», «contundente» y «unitaria» sin precedentes desde las izquierdas.

Cabe recordar que el Tribunal ha adelantado su fallo cuando se ha cumplido una semana de que concluyera un juicio histórico. Así, al margen de la inhabilitación, el Supremo impone a García Ortiz una multa de 7.200 euros y ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.