El Gobierno detectó las supuestas irregularidades en el Puerto de Valencia por las que Ábalos pregunta a Puente

Las preguntas dirigidas por José Luis Ábalos en el Congreso al ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre posibles irregularidades en el Puerto de Valencia tienen su origen en un informe de la Intervención General de la Administración del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, y en una investigación de la Oficina de Conflicto de Intereses, que forma parte del Ministerio de Transformación Digital.

El informe de la Intervención, elaborado entre septiembre de 2024 y febrero de 2025, analiza la política de personal en la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), presidida por Mar Chao. El documento sostiene que «las plazas convocadas para el personal excluido de convenio contienen requisitos o méritos que predeterminan de un modo u otro el candidato seleccionado» por lo que los funcionarios que lo firman consideran que «podrían no respetarse los principios constitucionales de acceso a empleo público».

El informe de la Intervención pone el foco en cinco personas contratadas y en el hecho de que «la gestión de las plazas convocadas para personal excluido de convenio resulta deficiente, con criterios restrictivos que podrían conculcar los principios generales aplicables de igualdad, mérito y capacidad».

El documento del organismo del Ministerio de Hacienda incide también en las posibles restricciones a la pública concurrencia en un contrato a una consultora por 160.930 euros, que finalmente fue anulado a instancias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

El documento del organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, avanzado por The Objective y eldiario.es, recoge las alegaciones de la Autoridad Portuaria de Valencia, que mantiene que en materia de contratación respeta la legalidad y ejerce competencias que le son propias respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad.

El informe de Hacienda recuerda que el consejo de administración de la APV aprobó la delegación de algunas competencias en materia de personal y organización en la presidenta y el director general y añade que, anteriormente, «otros presidentes han tenido competencias delegadas, pero no tan amplias».

La interpelación de Ábalos a Puente en el Congreso hace alusión también a posibles irregularidades en el cobro de dietas. El diputado del grupo mixta hace alusión a una investigación abierta por la Oficina de Conflicto de Intereses, dependiente del Ministerio de Transformación Digital, para determinar si Mar Chao ha cobrado dietas o indemnizaciones derivadas de diferentes viajes de trabajo por encima de lo que le corresponde con arreglo a lo que establece la Ley 3/2015 de altos cargos y en materia de dietas, el artículo 8 del Real Decreto 462/2002.

En concreto, según informó eldiario.es, varios consejeros del Puerto de Valencia recibieron un correo anónimo alertando del posible cobro irregular de 15.000 euros en dietas de Chao, presidenta del organismo a propuesta de la Generalitat, conforme establece la Ley.

Puertos del Estado, en el foco

En el consejo de administración de este mes de noviembre, la APV modificó su política de abono de dietas. En julio, había aprobado que la Dirección General y la Presidencia del Puerto de Valencia «tendrán la misma consideración que el personal excluido de convenio (directivos y técnicos)», cuestión esta que ahora se ha suprimido para adaptarse a lo dispuesto en un Real Decreto que regula el cobro de este tipo de complementos para los altos cargos.

Ábalos, no obstante, pregunta a Puente si Puertos del Estado, dependiente del Ministerio de Transportes, ha tomado medidas o piensa abordar una auditoría para esclarecer estas informaciones.