Imágenes captadas por vecinos del Casco Antiguo de Alicante a las puertas de los pubs de la zona
La Justicia frena las medidas cautelares de la ZAS en el Casco Antiguo de Alicante y enciende el conflicto entre vecinos y hosteleros
La suspensión temporal reordena el pulso entre Ayuntamiento, sector empresarial y residentes mientras sigue vigente la declaración definitiva aprobada en noviembre
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Alicante ha paralizado de forma cautelar las medidas correctoras implantadas por el Ayuntamiento el 14 de octubre en el marco del procedimiento de declaración de Zona Acústicamente Saturada en el Casco Antiguo de la capital. El auto, fechado el 28 de noviembre, sostiene que la suspensión es necesaria para evitar daños irreparables al sector hostelero mientras se resuelve el fondo del asunto.
La magistrada recuerda que la doctrina general permite frenar la ejecución de actos administrativos cuando su aplicación pueda generar situaciones irreversibles. En este caso, considera que limitar horarios y actividad podría causar a los negocios unos perjuicios de entidad suficiente como para «suponer la pérdida de la finalidad legítima al recurso», entre ellos «pérdida de puestos de trabajo, pérdida de beneficios y evidentes perjuicios para los diferentes negocios afectados». El auto apunta también que no consta un interés público de intensidad suficiente para contrarrestar ese daño y, por tanto, «procede la suspensión del acto recurrido».
El Ayuntamiento matiza que esta decisión no afecta a la declaración definitiva de la ZAS que entró en vigor en noviembre. «Los servicios jurídicos del Ayuntamiento entienden que la resolución judicial no afecta a las medidas definitivas contempladas en la ZAS desde el pasado mes de noviembre y solo es de aplicación para las medidas correctoras cautelares implantadas el 14 de octubre», señalan fuentes municipales a Europa Press.
Hosteleros: «Perjuicios irreparables»
El presidente de Alroa, Javier Galdeano, celebra que el juzgado haya tenido en cuenta «los perjuicios irreparables que puedan ocasionarse a los afectados». Asegura, en declaraciones a la misma agencia de comunicación, que los negocios han sustentado esta situación con informes económicos y recuerda que el interés afectado por la ZAS «afecta a un reducido número de ciudadanos, pero igual de ciudadanos son los que tienen los locales».
Imagen captada por los vecinos de locales que, según aseguran, no respetan la nueva ZAS
El conflicto no es nuevo. Desde la aprobación definitiva de la ZAS, el sector ha denunciado falta de diálogo, decisiones abruptas y mediciones de ruido desfasadas. Galdeano ya advirtió en declaraciones a El Debate que llevarían el caso a los tribunales porque, en su opinión, las restricciones se han basado en un proceso sin transparencia.
Los vecinos defienden las restricciones
Mientras la patronal hostelera reclama freno y revisión, los residentes defienden que la ZAS ha sido una respuesta tardía a un problema de años. Joaquín Gangoso, presidente de la Asociación de Vecinos Laderas del Benacantil, resumió en conversación con este periódico el alivio que ha supuesto el nuevo marco normativo. «Es la primera vez que duermo con la ventana abierta en 25 años», afirma. Recuerda que el ruido superaba de forma recurrente los límites legales y que fueron más de 800 denuncias las que empujaron al Ayuntamiento a intervenir.
Gangoso rechaza el tono judicial que ha tomado el conflicto. «Yo no quiero una indemnización ni ir contra el Ayuntamiento. No quiero 20.000 euros, quiero poder dormir con normalidad». Subraya que el debate es sanitario y que «al ruido lo llamaban el asesino silencioso. Provoca estrés, ansiedad, ictus».
La oposición, contra el Gobierno local
La decisión judicial ha abierto una nueva brecha política. La portavoz socialista Ana Barceló cree que el auto «supone un varapalo tanto para el equipo de Gobierno como para los vecinos y vecinas que tienen derecho al descanso». Considera que el alcalde Luis Barcala debe explicar qué ha hecho para defender la continuidad de la ZAS, dado que la jueza indica que no consta un interés público suficiente. «No es una victoria para nadie, es una prueba más del caos y la incompetencia del equipo de Gobierno del PP», añade.
Compromís se expresa en la misma línea. Rafa Mas sostiene que la resolución es la consecuencia de «una política sin previsión ni participación». A su juicio, las medidas se han impuesto sin trabajo previo con los agentes afectados. EU Podem insiste en que «Alicante no puede elegir entre economía o salud» y que la ZAS es una obligación legal en situaciones de convivencia en riesgo.
Un modelo en disputa
La ZAS del Casco Antiguo limita horarios, suspende nuevas licencias y reduce a la mitad las terrazas autorizadas. El Ayuntamiento argumenta que busca equilibrar descanso y actividad económica. El vicealcalde, Manuel Villar, insiste en que la normativa ha tenido un cumplimiento mayoritario y que las primeras sanciones han sido mínimas. También avanzó hace unas semanas que, si se detectan niveles de ruido similares en otras zonas, no descarta ampliar ámbitos de intervención.
El auto judicial no tumba la ZAS. Solo frena las medidas cautelares mientras el procedimiento sigue su curso. La declaración definitiva continúa vigente. Pero el paro temporal ha devuelto la tensión a un conflicto con décadas de fondo, intereses cruzados y una pregunta que nadie ha resuelto: cómo convivir en un barrio que es casa, negocio y atractivo turístico al mismo tiempo.
La respuesta, por ahora, vuelve a estar en manos de los tribunales.