El PP pide ampliar hasta 2010 la investigación al hermano de Ximo Puig y aporta a Antifraude 1.580 facturas «sin contrato previo»

La situación procesal de Francis Puig, hermano del expresidente de la Generalitat Valenciana Ximo Puig, es complicado, ya que será juzgado por la Audiencia Provincial junto a su socio, Juan Enrique Adell, por dos delitos continuados de falsedad documental y estafa agravada. Al respecto, la Fiscalía solicita cuatro años de prisión. A ello se suma la fianza reclamada, que asciende a 147.000 euros.

No obstante, las malas noticias se le acumulan, ya que el Grupo Parlamentario del Partido Popular en las Cortes Valencianas ha acudido a la Agencia Valenciana Antifraude (AVA) para que el organismo amplíe hasta 2010 su investigación contra Francis Puig. Para documentar esta petición, los diputados Salvador Aguilella y Jesús Lecha han aportado un total de 1.580 facturas de la localidad castellonense de Morella a las empresas del señalado y que tratarían de una supuesta contratación irregular de publicidad institucional.

Ambos parlamentarios han acudido este jueves a la sede de Antifraude para entregar más facturas localizadas del citado Consistorio «sin ningún contrato previo», según recoge la formación en un comunicado. En concreto, han entregado facturas a las empresas de Francis Puig abonadas «bajo el mismo sistema de sin expediente de contratación hasta alcanzar la cifra de 1.580 facturas por un importe mínimo de 721.762, 66 euros». Son pagos, indican los 'populares', «a las empresas del imputado Francis Puig sin proceso de licitación ni contratación ninguno».

«13 órganos de contratación»

Según han recalcado, esta cifra «puede resultar sustancialmente superior cuando la propia AVA solicite las facturas al Ayuntamiento». Y han apuntado que, en los años ya analizados, «las cifras reales de gasto se han incrementado un 17,5 % respecto a la documentación entregada por el concejal del PP». La formación indica que Morella ha llegado a tener «hasta 13 órganos municipales de contratación diferentes que han abonado facturas a la empresa del hermano de Puig incluso con la posibilidad, tal y como señala Antifraude, de realizar fraccionamientos de contrato».

Al respecto, el diputado Lecha señala que el «promedio de facturas pagadas al año a las dos empresas de los Puig (Comunicacions dels Ports SA y Mas Mut Produccions SL) es de 120, por un importe medio de 55.000 euros, lo que demuestra que había una planificación anual en los servicios publicitarios que obligaban a formalizar un contrato inexistente». «De hecho, hay una resolución de Alcaldía reciente que certifica que en los archivos municipales no consta ningún contrato suscrito con estas empresas», ha aseverado.

«Obstáculos y presiones políticas»

«Llevamos años recabando información pese a los obstáculos, las presiones políticas en el municipio y la falta de información», ha sostenido el parlamentario 'popular', que ha especificado que, en abril de 2023, el Partido Popular de la Comunidad Valenciana ya puso a disposición de Antifraude un total de 629 facturas sin contrato desde 2015 por un montante superior a los 400.000 euros y que la Agencia «ya ha emitido una notificación con la resolución final de investigación en la que se concluye la existencia de irregularidades».

Lecha ha considerado «evidente que el clan Puig organizó una red para obtener subvenciones, con una red forjada durante años para obtener dinero público: primero en el Ayuntamiento de Morella donde Ximo Puig fue alcalde, y luego durante sus ocho años como presidente de la Generalitat». «Son casi 30 años de expolio de las arcas públicas con un entramado organizado para beneficiarse de forma irregular del dinero de todos los valencianos», ha denunciado.

El también concejal morellano ha incidido en que, «además de la resolución de Antifraude, el Ministerio Público ha pedido cuatro años de cárcel para Francis Puig por delitos de falsedad documental y estafa en la obtención de ayudas públicas de la Generalitat». «Ha llegado el momento de que Ximo Puig asuma responsabilidades políticas, devuelva el dinero que su familia ha cobrado indebidamente y abandone la vida pública», ha reclamado.