Compromís promueve una ley que obliga a jueces, policías y guardias civiles a «respetar» a los ciudadanos que les hablen en catalán

Una ley para modificar más de una decena de textos normativos. Compromís ha promovido en el Congreso de los Diputados una ley que, bajo la etiqueta del «plurilingüismo», busca obligar a que cualquier trabajador público sepa, entienda, atienda, e incluso demuestre cierto nivel en cualquier lengua cooficial de España. La coalición catalanista valenciana, junto con Junts, ERC, Bildu, PNV, Suma y BNG ha conseguido el visto bueno del PSOE para ahondar en una ley que obligaría a cambiar aspectos tan nacionales como Tráfico, TVE, el cine y hasta el etiquetado de los productos.

El Congreso de los Diputados validaba este martes la toma en consideración de la Ley Orgánica de garantía del plurilingüismo y de los derechos lingüísticos de la ciudadanía ante las instituciones del Estado. Ese nombre se puede resumir en obligar a los trabajadores y organismos estatales a atender, «respetar» y demostrar cierto nivel en cualquiera de las lenguas cooficiales en los determinados territorios que así lo tengan oficializado por su estatuto de autonomía.

El texto normativo presentado en el Congreso y avalado hasta por el PSOE sólo contempla la modificación de cerca de una docena de leyes estatales para incluir tanto indicaciones como concreciones en ámbitos tan diversos como el judicial, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, Televisión Española, las señales de Tráfico, el cine o el etiquetado, entre otros.

El punto con más controversia se centra sobre la Justicia y policías y guardias civiles. Los partidos de izquierda y extrema izquierda que avalan dicha nueva Ley Orgánica quieren que los agentes deban «respetar el derecho de opción lingüística de los ciudadanos del territorio en el que se encuentren», lo que implicaría, por ejemplo, que la lengua de comunicación en un control entre un guardia civil y un conductor la decidiría el ciudadano en aquellos lugares en los que exista una lengua cooficial. Si una persona quiere dirigirse en catalán a un policía podrá hacerlo en Cataluña sin tener en cuenta si el agente conoce o no la lengua.

Un poco más allá va en el aspecto judicial, donde los grupos políticos exigen que los jueces y magistrados «acrediten mediante certificados» determinado «nivel de conocimiento de la o las lenguas propias oficiales». Incluso se contempla que ese título sea un «requisito» para determinadas vacantes.

No se queda ahí la nueva ley, que también es cierto que no parece que vaya a tener mucho recorrido porque su camino acabará en un Senado de mayoría absoluta del Partido Popular, porque Compromís y sus compañeros de la izquierda más variopinta quieren que cualquier testigo o acusado pueda incluso declarar en un lengua cooficial.

En Tráfico se obligaría a que cualquier señal de tráfico se presente tanto en español como en la lengua cooficial, lo que obligaría a un cambio de miles y miles de placas en viales de buena parte de España.

Los tentáculos de esta ley llegarían hasta los supermercados, porque el texto quiere que se modifique la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras Leyes Complementarias para que se establezcan «cambios normativos en distintos ámbitos como el etiquetado y la información precontractual para garantizar también el uso de las distintas lenguas españolas oficiales en las relaciones de consumo».

Hasta la televisión pública debería cambiar su legislación para «fomentar la presencia normalizada de las lenguas oficiales distintas del castellano, su uso en condiciones de igualdad con el español y el refuerzo de su transmisión y proyección pública, consistentes en el establecimiento de una reserva mínima de programación en dichas lenguas».

Sin pasar por alto un aspecto un tanto peliagudo: cualquier trabajador dependiente del Estado deberá aportar un certificado de conocimiento del idioma cooficial si quiere optar a una plaza pública. Dicha ley quiere que el Estatuto Básico del Empleado Público establezca «el deber de acreditar mediante certificado oficial un nivel de conocimiento suficiente y adecuado de la o las lenguas propias oficiales en la provisión de puestos vacantes de trabajo».

Explicar la ley y denuncias a sanitarios y bares en la Comunidad Valenciana

Y todo esto intento plurilingüista, que sólo busca estigmatizar el uso del castellano en aquellos lugares en los que existen dos lenguas cooficiales, es lo que intentará explicar la diputada de Compromís Àgueda Micó en una charla en la sede de Acció Cultural del País Valencià. La entidad catalanista tiene un acuerdo con el gobierno autonómico catalán para implementar un «Observatorio Lingüístico», una herramienta para controlar el uso del idioma catalán en la Comunidad Valenciana.

Ya no es únicamente que sea una ley que se debe explicar, es que justamente en las últimas semanas se han conocido diversas 'denuncias' por justamente el uso en castellano en la Comunidad Valenciana. Desde señalar a seis médicos por pasar consulta en español en centros de salud valencianos hasta denunciar a un bar de una peña del Barcelona por atender en castellano.