Imagen de archivo de una de las viviendas que el Gobierno quiere derruir en la playa de la Babilonia de Guardamar del Segura
Sánchez condena al derribo a las viviendas protegidas por la ley de Costas de la Generalitat Valenciana
La batalla por las casas de la playa de Babilonia, en el municipio alicantino de Guardamar del Segura, ha entrado en su fase más cruda. El mismo día en que el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, pidió en la Moncloa a Pedro Sánchez que el Gobierno retirara los recursos contra leyes autonómicas, el Consejo de Estado avaló recurrir ante el Tribunal Constitucional la Ley valenciana de Costas. Una decisión que, en la práctica, deja sin cobertura el principal intento del Consell para frenar los derribos y refuerza la estrategia del Ejecutivo central de seguir adelante con la piqueta.
La coincidencia no es solo política, también administrativa. El 5 de septiembre, a las 13:36 horas, la Conselleria de Cultura valenciana firmó el acuerdo de suspensión cautelar de cualquier intervención sobre las viviendas de Babilonia, al considerar que su demolición podría causar un daño irreversible a unos valores patrimoniales aún en evaluación. Treinta minutos después, a las 14:06, el Ministerio para la Transición Ecológica cerró la última vía administrativa de los vecinos al inadmitir el recurso extraordinario de revisión que habían presentado, tanto a título individual como a través de su asociación.
Para los afectados, la secuencia resulta demoledora. «Puede ser una casualidad en la coincidencia de los tiempos para resolver una cuestión que afecta a la vida de tantas personas o que tengan mucha prisa en derribar las casas que llevan ahí un siglo», lamentan en declaraciones a El Debate. La sensación de desamparo se ha visto agravada por el respaldo jurídico del Consejo de Estado a la impugnación de la ley autonómica.
El aval jurídico que refuerza al Gobierno
El dictamen del Consejo de Estado sostiene que la Generalitat Valenciana ha ido más allá de sus competencias al intentar proteger las viviendas mediante la Ley 3/2025 de protección y ordenación de la costa valenciana. A juicio del órgano consultivo, la regulación del dominio público marítimo-terrestre corresponde en exclusiva al Estado y ninguna norma autonómica puede neutralizar órdenes de demolición avaladas por sentencias judiciales firmes.
Imagen aérea de las viviendas de la playa de la Babilonia
El informe allana así el camino para que el Gobierno recurra la ley ante el Constitucional y continúe con la ejecución de los derribos. El mensaje institucional es claro: no hay margen para soluciones autonómicas cuando el Ejecutivo central decide aplicar la Ley de Costas con la máxima crudeza.
La suspensión del Consell, ignorada
Frente a esa posición, el Consell había activado todos los mecanismos a su alcance. La Dirección General de Patrimonio Cultural acordó la suspensión cautelar basándose en la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano y en la existencia de un procedimiento en curso para declarar el conjunto residencial como núcleo urbano de especial valor etnológico. El acuerdo advertía expresamente del riesgo de causar perjuicios irreparables si se ejecutaban las demoliciones antes de resolver ese expediente.
Sin embargo, la resolución ministerial firmada media hora después dejó sin efecto práctico esa suspensión. El Ministerio rechazó incluso pronunciarse sobre la paralización de los derribos al considerar agotada la vía administrativa, aferrándose a la firmeza de las resoluciones dictadas desde 2019 y confirmadas por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.
El respaldo político del PP en Alicante
La defensa de los vecinos no se ha limitado al ámbito autonómico. El pasado 10 de septiembre, la Diputación de Alicante aprobó una moción impulsada por el Partido Popular para defender los núcleos urbanos de la costa y reclamar la suspensión cautelar de los derribos mientras se tramitan las declaraciones de valor etnológico. La iniciativa salió adelante con los votos del PP y Vox, sin votos en contra, y con la abstención de PSOE y Compromís.
El texto señalaba un elemento clave del conflicto: si la Mesa del Congreso permitiera votar la modificación de la Ley de Costas, cuya toma en consideración ya cuenta con una amplia mayoría parlamentaria, desaparecería la discrepancia entre la norma estatal y la autonómica. Para los vecinos y para el PP, el bloqueo de esa reforma supone un secuestro de la voluntad popular y una maniobra para impedir soluciones legislativas que el Gobierno de Pedro Sánchez no desea.
Abstenciones y promesas incumplidas
Especialmente dolorosa resulta, para los afectados, la abstención del PSOE en la Diputación. La diputada socialista que defendió el asunto se comprometió en el pleno, hasta en dos ocasiones, a buscar una solución pactada. Sin embargo, las actuaciones posteriores del Ministerio han ido justo en la dirección contraria, reforzando una política que los vecinos califican de «traición».
Compromís también optó por la abstención tras un debate en el que mezcló el caso de Babilonia con otras cuestiones ajenas al expediente concreto, sin ofrecer una alternativa clara para las familias afectadas.
Un conflicto que trasciende Babilonia
El caso de Guardamar ya no es solo un problema local. Se ha convertido en un símbolo del pulso entre el Gobierno central y las comunidades autónomas por la gestión del litoral, y de la diferente vara de medir con la que el Ejecutivo aplica el respeto a las resoluciones judiciales y la flexibilidad legislativa según el contexto político.
Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez cierra filas para ejecutar los derribos y recurre la ley valenciana, el PP, desde la Generalitat y desde la Diputación de Alicante, ha intentado abrir vías legales y políticas para ganar tiempo. Por ahora, sin éxito. Las casas de Babilonia siguen en la cuenta atrás, atrapadas entre dictámenes, recursos y decisiones tomadas a contrarreloj.