Imagen de archivo de dos agentes de la Policía Local de ValenciaEP

Le roban el móvil y acaba denunciando a la Policía Local de Valencia por escribir el parte en español

Un informe entregado a la Sindicatura de Agravios de la Generalitat señala a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad por «discriminación lingüística»

Valencia. Marzo de 2025. Una persona a la que han robado el teléfono móvil acude a la comisaría de la Policía Local en el distrito de Abastos para presentar la denuncia. Allí, en agente le atiende «muy correctamente» en valenciano. El problema llega a la hora de redactar el parte. Una incidencia informática propicia que se escriba en español, motivo por el cual, la víctima del robo acaba denunciando a la Policía Local por «discriminación lingüística».

Esta denuncia forma parte de los 153 casos recabados en un informe entregado a la Sindicatura de Agravios de la Generalitat por parte de entidades como la Plataforma per la Llengua, Escola Valenciana o Acció Cultural del País Valencià, subvencionadas por el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña.

Conforme ha venido informando El Debate, el documento que recopila las supuestas «discriminaciones lingüísticas» en el último año en la Comunidad Valenciana señala a los profesionales de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Las denuncias tienen como denominador común afear a los agentes de la autoridad que empleen el español y no el valenciano a la hora de dirigirse a los ciudades.

A las reclamaciones contra agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional se suma el caso de la Policía Local de Valencia, en esta ocasión por «no redactar la denuncia del robo de un móvil en valenciano por unos problemas informáticos».

El documento con las denuncias depositado en la sede de la Sindicatura de Agravios (equivalente al Defensor del Pueblo valenciano) no tiene mayor recorrido legal. Sin embargo, su contenido, entregado en una institución oficial de la Generalitat señala a empresas privadas como bancos, supermercados o mensajerías, profesionales de centros de salud o agentes de la Policía y la Guardia Civil y aporta tanto los nombres de las compañías como los centros de trabajo de los funcionarios públicos.