«Son diez euros»: denuncian a una gasolinera de Castellón por atender a los conductores en español

La autoproclamada como «ONG del catalán» señala con nombres y apellidos a empresas privadas en un informe sobre «discriminaciones lingüísticas» remitido a la Sindicatura de Agravios de la Generalitat (el equivalente el Defensor del Pueblo en la Comunidad Valenciana).

En este caso, la Plataforma per la Llengua recoge una denuncia contra una gasolinera de la localidad castellonense de Villarreal por emplear el español para atender a sus clientes.

La denuncia por «discriminación lingüística» relata el testimonio de un conductor que pidió «en catalán diez euros de gasolina».

El empleado de la estación de servicio le preguntó en castellano si quería diez euros. El cliente contestó que sí y el trabajador le explicó que tenía que hablarle en castellano. El conductor replicó al cuestionarle qué no había entendido. La contestación del gasolinero fue que «era un maleducado» y que si él hablaba en español el cliente también tenía que hacerlo.

El caso ha terminado, con la ubicación de la estación de servicio y el nombre de la empresa que la opera, en un documento entregado a la Sindicatura de Agravios con un total de 153 denuncias por «discriminación lingüística» que conforme ha venido informando El Debate señalan a guardias civiles, policías nacionales y médicos, además de empresas del sector privado.

Además de la Plataforma per la Llengua, otras entidades como Acció Cultural del País Valencià o Escola Valenciana, suscriben las denuncias por el empleo del castellano. Todas estas asociaciones tienen como denominador común ser receptoras de subvenciones del Gobierno de Pedro Sánchez o de la Generalitat de Cataluña, presidida por el también socialista Salvador Illa.