Sánchez financiará los trasvases en Marruecos mientras planea acabar con el Tajo-Segura en España

El Gobierno ha abierto un nuevo frente en la ya tensa política hídrica del Sureste español. Mientras se consolidan los recortes al Trasvase Tajo-Segura, eje del abastecimiento agrícola en Alicante, Murcia y parte de Andalucía, el Gobierno de Pedro Sánchez se compromete a impulsar y buscar financiación para infraestructuras hidráulicas en Marruecos.

El compromiso figura en la declaración conjunta firmada tras la XIII Reunión de Alto Nivel entre ambos países, celebrada el pasado 4 de diciembre en Madrid, y ha provocado una reacción inmediata del sector agrario y de varias administraciones autonómicas.

El acuerdo bilateral refuerza la cooperación en ámbitos como la desalinización, la reutilización de aguas residuales, la planificación hidrológica y la modernización del sector agrario marroquí.

Además, contempla que España procure financiación para proyectos considerados prioritarios, entre ellos infraestructuras hídricas y posibles transferencias entre cuencas. Un planteamiento que, aunque se presenta bajo el paraguas de la sostenibilidad, ha sido recibido en el Sureste como un mensaje incoherente con la política que se aplica dentro de las fronteras españolas.

Los agricultores denuncian que el Ejecutivo exige sacrificios crecientes al campo del Sureste mientras favorece el desarrollo productivo de un competidor directo en los mercados europeos. A la reducción de aportes del trasvase se suman el encarecimiento de la energía, la dependencia de la desalación y una presión normativa que, según el sector, compromete la viabilidad de muchas explotaciones.

Malestar en el sector agrario

La inquietud se ha trasladado de inmediato a las organizaciones de regantes. El presidente del Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, reconoce que la noticia le produjo una mezcla de sorpresa e incredulidad. Su primera reacción, según relata, fue pensar que se trataba de una broma fuera de lugar, hasta el punto de pedir a su equipo que comprobara si la información seguía publicada en la web oficial del Gobierno «desde el día 28 de diciembre».

Para Jiménez, el acuerdo responde a una decisión estrictamente política y pone de manifiesto lo que considera un doble discurso del Ejecutivo. Mientras en España se insiste en la autosuficiencia de las cuencas y se cuestionan las transferencias de agua entre territorios por razones climáticas y medioambientales, en Marruecos se apuesta por justo lo contrario. «Están dispuestos a financiar la interconexión de cuencas allí, mientras aquí nos niegan la mayor».

El Scrats denuncia un doble discurso

El presidente del Scrats recuerda que la cuenca del Segura dispone de recursos muy limitados y que parte de su potencial hidráulico permanece infrautilizado. Pese a ello, lamenta que desde determinados ámbitos se siga trasladando la idea de que la Región puede ser autosuficiente. «Llevamos un año negociando los míseros céntimos que nos subvencionan del agua desalada», subraya, en referencia a las ayudas para contener el coste de este recurso.

Jiménez sitúa además el debate en el plano europeo. Recuerda que el sector ha acudido a Bruselas para denunciar la competencia de terceros países y señala directamente a Marruecos como uno de los principales rivales. Critica la entrada en el mercado comunitario de productos con una trazabilidad que considera dudosa y con estándares sanitarios y ambientales muy inferiores. «La competencia es totalmente desleal», insiste, antes de lanzar una de sus acusaciones más contundentes: «Que el dinero que pagan nuestras empresas y nuestros trabajadores agrícolas acabe financiando a un tercer país para que nos haga competencia es una traición de primer nivel».

A su juicio, la situación resulta «demencial» y «vergonzante», impropia de un país como España. Considera que se está poniendo en riesgo una infraestructura estratégica, financiada durante décadas por los propios españoles, mientras se impulsa el desarrollo hidráulico de un competidor directo del Sureste.

Críticas desde la Generalitat Valenciana

Las críticas también han llegado desde el ámbito político autonómico. El portavoz de la Generalitat Valenciana y conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, calificó el planteamiento de «infame» y acusó al Ejecutivo de incoherencia. En su opinión, el Gobierno «niega un plan nacional del agua para España esté financiando un plan nacional del agua marroquí, con embalses, con presas nuevas y, además, con los mismos trasvases que aquí quiere corregir».

Barrachina cuestionó abiertamente las prioridades del presidente del Gobierno y el alcance político del acuerdo. «¿Qué le debe Pedro Sánchez a Marruecos para, después de haber entregado el Sáhara, entregar también a los agricultores valencianos y españoles», afirmó en rueda de prensa. También vinculó los recortes del Tajo-Segura con el cumplimiento del Tratado de Albufeira, al señalar que «el agua que nos hurta en el trasvase Tajo Segura va a ir directamente a Portugal, que recibe el doble del agua pactada en el Tratado de Albufeira».

El conseller insistió en que las consecuencias no son solo económicas, sino también ambientales. «Como el Tajo Segura, que nos obligará a talar, a cortar 10 millones de árboles para inundar Portugal», aseguró, antes de lamentar que «Pedro Sánchez es obsequioso, generoso con Marruecos o Portugal, mientras castiga a los agricultores valencianos, murcianos y andaluces».

El trasfondo del conflicto

Más allá de la polémica puntual, el acuerdo con Marruecos reabre un debate de fondo que el Sureste lleva años planteando: la ausencia de un plan nacional del agua que aporte certidumbre y equilibrio territorial. Para los regantes, la combinación de recortes al Tajo-Segura y apoyo a infraestructuras hidráulicas en terceros países refuerza la sensación de agravio comparativo y alimenta el temor a un desmantelamiento progresivo del trasvase.

«Por tanto, nos parece de una hipocresía estratosférica que Pedro Sánchez financie con el dinero de los españoles los trasvases en Marruecos que aquí recorta», remachó Barrachina. Una crítica que resume el clima de desconfianza de un sector que ve cómo el agua vuelve a situarse en el centro de un conflicto político con consecuencias directas sobre su futuro.