La izquierda bloquea durante dos años la Ley de Costas y condena a miles de valencianos a la demolición de sus viviendas

Este lunes se han cumplido dos años desde que el Senado aprobó una proposición de ley para reformar la Ley de Costas y dar una salida jurídica a las viviendas singulares del litoral. Dos años después, la iniciativa sigue bloqueada en la Mesa del Congreso, controlada por el PSOE con el apoyo de Sumar y Compromís. Para los vecinos afectados, la consecuencia es directa: mientras el debate parlamentario permanece congelado, los procedimientos administrativos y judiciales avanzan hacia la demolición de cientos de casas.

La reforma fue aprobada el 12 de enero de 2024 en el Senado con la mayoría del Partido Popular y el voto en contra de PSOE y Compromís. Elevada al Congreso, ha acumulado ya 67 prórrogas del plazo de enmiendas. El bloqueo se repitió tras una segunda iniciativa del PP debatida y aprobada en la Cámara Baja el 10 de junio de 2025, también paralizada por la Mesa tras 19 prórrogas. En ambos casos, el debate nunca ha llegado a la Comisión de Transición Ecológica.

Manolo López, portavoz de la Asociación Guardamar Playa y del movimiento cívico Somos Mediterránea, que agrupa a 54 asociaciones de toda España, resume la situación con frustración en declaraciones a El Debate: «Ya se ha aprobado en ambas cámaras legislativas, donde está representada la soberanía nacional. Ya se ha aprobado por mayoría en ambas Cámaras y entendiendo que es una petición legítima, seria, razonable y muy concreta de una modificación puntual de la Ley de Costas que podría salvar a muchas personas y ayudar a muchas personas. Es absolutamente inconcebible que se mantenga este bloqueo».

Decenas de miles de afectados

El problema no es marginal ni local. Un análisis de Newtral cifra en 86.426 las viviendas situadas en la costa que se encuentran en una situación de riesgo por la aplicación de la Ley de Costas. Estas casas están repartidas en 11.164 edificios residenciales ubicados dentro o en el límite del dominio público marítimo-terrestre (DPMT). A ellas se suman otras 9.744 edificaciones con usos comerciales, de servicios u oficinas.

Según explica este análisis, los edificios afectados ocupan una superficie total de casi 67 kilómetros cuadrados y están sometidos a una norma que permite al Estado adoptar medidas de «restauración» del litoral, incluida la demolición. La mayoría de estas viviendas, un 88,8 %, fueron construidas antes de la aprobación de la Ley de Costas de 1988, cuando existían concesiones indefinidas. Otras quedaron atrapadas tras modificaciones posteriores de la línea de deslinde, que puede alterarse en cualquier momento.

López confirma esa dimensión nacional del conflicto: «Hay asociaciones pequeñas, de tres o cuatro viviendas, y asociaciones grandes o medianas. En algunos casos hablamos de miles de afectados». Sobre el número de afectados, asegura que apuntan a «varias decenas de miles» de personas, en su mayoría de rentas medias y bajas.

Guardamar, símbolo del conflicto

El caso de la playa de Babilonia, en Guardamar del Segura, se ha convertido en uno de los ejemplos más visibles de esta tensión. Allí, 65 familias afrontan la demolición de viviendas centenarias mientras el Ministerio para la Transición Ecológica descarta cualquier paralización.

López denuncia además la falta total de interlocución por parte del Gobierno central: «Hemos pedido reuniones con el secretario de Estado y nos las ha rechazado expresamente. Se han pedido reuniones con la ministra, Sara Aagesen, incluso a través de una carta pública, y no hemos encontrado respuesta. Más bien al contrario, continúan las gestiones para ir a por la demolición de Babilonia y también de otros lugares que están en la misma situación».

Inseguridad jurídica

Uno de los elementos clave del problema es la inseguridad jurídica. Aunque muchas viviendas están inscritas en el Registro de la Propiedad, las construcciones dentro del DPMT pasan a ser propiedad del Estado. Así, aunque el propietario haya comprado legalmente su casa, prevalecería el dominio público del Estado.

La reforma impulsada por el PP pretende proteger los núcleos urbanos consolidados que llevan décadas, e incluso siglos, en la costa. Se trata de una modificación que solo afectaría a viviendas tradicionales y no a nuevas construcciones.

Pese a ello, la iniciativa sigue sin debatirse. Para Marisol Gallud, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Guardamar del Segura, el bloqueo tiene una carga política evidente. «Este bloqueo parlamentario es una falta de respeto a esas familias que viven desde hace años en una situación de inseguridad jurídica, pese a contar con viviendas consolidadas y con valor histórico, social y patrimonial», afirma en declaraciones a este periódico.

Gallud defiende que la propuesta ofrece «seguridad jurídica, equilibrio entre protección medioambiental y derechos de los propietarios», y denuncia que «ese veto reiterado demuestra una actitud sectaria e irresponsable, anteponiendo intereses ideológicos al bienestar de los ciudadanos». A nivel local, añade, «lo que más nos indigna es que el equipo de Gobierno socialista ha mirado y sigue mirando hacia otro lado».

Medio ambiente o piqueta

Los afectados cuestionan además el argumento ambiental que suele esgrimirse para justificar las demoliciones. López señala la falta de inversiones públicas para regenerar playas, proteger sistemas dunares como la pinada de Guardamar -incluida en la Red Natura 2000- o intervenir en la desembocadura del río Segura, uno de los factores que más ha contribuido a la erosión de la costa. «No entendemos por qué la Administración del Estado no pone el empeño en lo que de verdad debería ser su competencia, que es la defensa del medio ambiente», afirma.

Dos años después de la aprobación de la reforma en el Senado, el bloqueo parlamentario ha dejado de ser un debate jurídico para convertirse en una urgencia vital. Mientras la Mesa del Congreso mantiene congelada la modificación de la Ley de Costas, miles de viviendas siguen en un limbo legal y cientos de familias, especialmente en la Comunidad Valenciana, viven pendientes de una orden de demolición que avanza mucho más rápido que la política.