Los técnicos de la dana insisten en el error de la jueza de no investigar al Gobierno: señalan el silencio de la CHJ

La jueza Nuria Ruiz Tobarra se acoge a la ley autonómica por la que se establece que en nivel 2 de emergencia el máximo responsable es la Generalitat Valenciana. Y de ese extremo no hay declaración capaz de mover la instrucción en la macrocausa de la dana. Por Catarroja han pasado, con cierta demora, los máximos responsables técnicos de la dana y pese a sus diferencias, hay extremos coincidentes. En ambos casos se deja en evidencia que el error de la jueza de la dana de no investigar al Gobierno.

Jorge Suárez, máximo técnico responsable de la emergencia de la dana, declaró el 4 de diciembre para señalar el papel de Pilar Bernabé durante la reunión del Cecopi, pero también puso en evidencia la falta de datos por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

La jueza de la dana ha expuesto en diversos autos que los datos de la CHJ estaban al alcance de cualquier miembro del Cecopi, aunque su presidente Miguel Polo fuera uno de los participantes y no alertara en ningún momento de las variaciones de los caudales, especialmente del Poyo.

El silencio de Polo ha quedado suficientemente acreditado, cuestión que no ha servido para que fuera imputado por la jueza de la dana, quien estima que sólo existe la responsabilidad penal en la Generalitat Valenciana. Los demás cargos políticos eran meros actores, pese a que su participación en la reunión pueda determinar en cierta manera la gestión de la emergencia.

José Miguel Basset, exjefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y jefe operativo de la emergencia, declaró este miércoles, 14 de enero, en cierta sintonía con Suárez, aunque sin esconder la disparidad de versiones sobre una misma reunión.

Basset insistió ante la jueza de la dana que «en el Cecopi no se dijo nada del Poyo», lo que dejaría en mal lugar a una Pilar Bernabé que ante la misma magistrada declaró que en l'Eliana se empezó a hablar del trágico barranco por un comentario que hizo ella por la alarma que trasladó de la alcaldesa de Paiporta. «No, nadie dijo nada», insistió el jefe operativo ante la cuestión sobre la diferencia de criterio con la delegada del Gobierno.

Lo que veladamente dejó claro Basset es que tampoco Miguel Polo comentó nada del caudal del barranco del Poyo. Así que el presidente no trasladó los datos que tenía el CHJ pese a que mostraran la ola que se iba a tragar toda la zona sur de la ciudad de Valencia.

Ahí coincidieron Basset y Suárez, aunque sus afirmaciones contrastan con la dureza mostrada por la propia jueza en los autos firmados hasta la fecha, quien ha descartado cualquier responsabilidad en el acreditado silencio de Polo. Hasta la Audiencia de Valencia ha avalado que, pese a la notable, ausencia de información, sobre la CHJ no existe carga penal punible.

La instrucción hasta la fecha ha vivido dos momentos muy diferenciados. Tras una etapa inicial con las imputaciones de Salomé Pradas y Emilio Argüeso y tras el visto bueno de la Audiencia de Valencia de investigar el papel de Mazón sin tener que elevar una exposición razonado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Seguramente tras las declaraciones de Basset y Suárez no haya ningún cambio en la instrucción y todo siga encaminado a buscar si Mazón dio órdenes o no a Salomé Pradas. Aún no se ha leído ningún comentario de la jueza de la dana contra Miguel Polo por no trasladar los datos del Poyo durante el Cecopi como sí ha hecho con el envío tardío del Es-Alert.

La dana se ha convertido en una instrucción que parece no afectará a ningún cargo relacionado con el Gobierno de España, como si haber dejado que la Generalitat Valenciana asumiera íntegramente la gestión de la mayor catástrofe natural del siglo no fuera suficiente dejadez como para buscar la culpabilidad política.