Un magistrado del Tribunal Supremo exige una ley «contundente» para echar a los okupas en 24 horas

La okupación es un problema que desencadena una realidad innegable: la vivienda. Lejos del buenismo que intenta aplicar el Gobierno de España con las personas que asaltan ilegalmente viviendas ajenas, un magistrado del Tribunal Supremo ha aprovechado su intervención en un foro para desvelar la realidad social, poner deberes al Gobierno y marcar una solución a futuro. Según Vicente Magro «hay 16.000 ocupaciones ilegales al año en España».

Es por ello que el magistrado alicantino ha indicado que "es preciso aprobar una ley urgente, en virtud de la cual, cuando hay una ocupación ilegal se autoriza al juez de instrucción legalmente para que en 24 horas pueda acordar la expulsión inmediata de los okupas”.

Dichas declaraciones las hacía durante su intervención en el el I Foro Policía Local y Turismo, organizado por UnijemPol y SPPLB en la localidad alicantina de l’Alfàs del Pi.

Magro, con una amplia trayectoria judicial, continuó su parlamento señalando que «el motivo de la proliferación ilegal al hecho de que en estos momentos no haya una legislación contundente que determine la posibilidad de que en 72 horas como máximo se devuelva la vivienda a la persona, al propietario».

«Y luego en el impago de rentas, es cierto que hay muchas personas en situación de vulnerabilidad pero es la administración pública la que tiene la obligación de proveer de vivienda a quien carece de ella», en clara alusión a los particulares.

En una clara alusión contra las medidas y declaraciones por parte de miembros del Gobierno de Pedro Sánchez con respecto a la realidad del problema que genera la okupación en la falta de viviendas, Magro ha expuesto que «lo que no puede ser es que se esté utilizando a las personas que tienen propiedades para que las cedan a personas que no tienen vivienda. Los ciudadanos españoles no pueden tener una servidumbre obligatoria forzada por la administración».

Dicho esto ha añadido que «hay que ayudar a toda la gente que carece de vivienda y tiene problemas económicos, pero eso», ha insistido y reiterado, «es una responsabilidad de las administraciones públicas, en consecuencia hay que hacer un marco global para que se adopte una ley rápidamente para que esto se solucione».

Tras analizar la realidad con el dato total de okupaciones y la visión particular de los propietarios, Magro también aprovechó su intervención para advertir que dicha situación está afectando al encarecimiento del precio del alquiler, producido por la reducción de la oferta, «porque los propietarios están teniendo miedo, porque no saben cuando ponen su vivienda en alquiler si la van a recuperar cuando dejan de cobrar rentas, o por si tienen una vivienda y es ocupada y no la recuperan de forma inmediata. Además el inversor extranjero y español está dejando de invertir en vivienda para alquilar ante semejante panorama legislativo».

«La vivienda es uno de los motores de la economía de un país», ha concluido, "de ahí la necesidad de tenerlo en cuenta para seguir permitiendo la promoción e inversión en vivienda, y también proteger a las personas que carecen de vivienda y ayudarles por parte de la administración”.