Imagen de archivo de un edificio okupado en la ciudad de Valencia
El Gobierno de Pérez Llorca instalará 300 sistemas de seguridad para evitar okupaciones en viviendas públicas
La directora general de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo, Estefanía Martínez, lamenta que estos ilícitos «impidan la rehabilitación y adjudicación de viviendas a familias que sí respetan la legalidad»
Aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sus ministros y toda la izquierda, tanto a nivel nacional como autonómico, se empeñan en decir por activa y por pasiva que la okupación de viviendas es algo como mucho residual u y que no es algo que los españoles vean como un problema, la realidad es bien tozuda y los problemas relacionados con la usurpación ilegal de propiedades se van acumulando.
En este sentido, y con tal de paliar y eliminar esta situación, la Generalitat Valenciana, a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), ha adjudicado el servicio de instalación, mantenimiento y reposición de 300 sistemas de seguridad y alarma individual en viviendas de su parque público para evitar la okupación de estos inmuebles.
La directora general del organismo, Estefanía Martínez, ha lamentado que estas okupaciones «impidan la rehabilitación y adjudicación de viviendas a familias que sí respetan la legalidad». Y es que durante 2025, la Vicepresidencia primera y Consellería de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad ha intensificado las medidas para evitar la okupación irregular de sus viviendas. Una de estas acciones ha sido la licitación de sistemas de seguridad e instalación de alarmas individuales sin conexión al suministro eléctrico.
Martínez ha reconocido que unos de los problemas «más importantes» que afectan al parque público de la Generalitat es el «asalto y okupación ilegal de sus viviendas» y ha asegurado que «estas okupaciones impiden la rehabilitación y posterior adjudicación de viviendas a familias con necesidades que sí respetan la legalidad».
Además, ha recordado que «estas acciones ilícitas suelen crear problemas de convivencia vecinal y falta de seguridad para el resto de vecinos de los edificios públicos». «A la mala convivencia, hay que sumar los enganches ilegales a los suministros que manipulan y ponen en riesgo la vida de todos los residentes», ha añadido la directora.
Custodia de llaves
Los sistemas de alarma contratados cuentan con conexión a una central y con aviso inmediato a la Policía, «lo que supone un refuerzo sustancial en la prevención de estas okupaciones», ha señalado. Además, una vez que la vivienda se repara y adjudica, este dispositivo se traslada a otro inmueble que esté en proceso de rehabilitación. El importe de la adjudicación ha sido de 4.743.200 euros por un periodo de cuatro años y está distribuido en dos lotes: uno para la provincia de Alicante con 150 alarmas y, otro conjunto, para las provincias de Valencia y Castellón con otras 150. Un total de seis empresas presentaron ofertas a esta licitación.
Además de la instalación de los sistemas de seguridad, el contrato incluye el traslado de equipos, el mantenimiento de las instalaciones, la reposición de los equipos derivada de actos vandálicos, la custodia de llaves y el servicio de verificación personal durante el periodo de vigencia del contrato.
Las medidas implementadas por la Generalitat para evitar la okcupación ilegal de sus viviendas suponen un aumento de la inversión en mecanismos de prevención como son la instalación de los sistemas de alarmas, la puertas antivandálicas o la contratación de servicios de seguridad privada en determinados bloques de vivienda pública.