La Audiencia de Castellón reabre la causa por las multas impagadas del concejal de Movilidad

La Audiencia Provincial de Castellón ha revocado el sobreseimiento del conocido como caso de las multas de la zona azul del concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Castellón, el 'popular' Cristian Ramírez, y ha ordenado reabrir la investigación judicial. La decisión, dada a conocer por el Grupo Municipal Socialista, obliga al juzgado a practicar nuevas diligencias para esclarecer los hechos.

La resolución judicial ha sido recibida por el PSPV como un punto de inflexión político. La portavoz socialista, Patricia Puerta, y el concejal Jorge Ribes, que llevó la denuncia al pleno municipal en enero de 2024, sostienen que el auto «abre un nuevo escenario político que afecta, no solo al concejal de Movilidad, sino también a la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, quien ha defendido continuamente a Ramírez». En su opinión, «hoy queda claro que no se trataba de un error menor ni de un asunto cerrado, como quiso hacer creer la alcaldesa, sino de unos hechos que requieren una investigación judicial en profundidad».

La Audiencia Provincial estima así el recurso presentado por el Grupo Municipal Socialista y considera necesario investigar si la prescripción de más de un centenar de sanciones impuestas al vehículo utilizado por el edil «pudo deberse a un posible delito de tráfico de influencias u otra actuación con relevancia penal», según recoge el propio auto. El tribunal subraya además que debe tenerse en cuenta la condición de Ramírez como responsable del área de Movilidad y del servicio de la zona ORA.

El origen del caso y las multas prescritas

Según los datos aportados en su día por el PSPV, Cristian Ramírez acumuló presuntamente 167 multas por estacionar de forma irregular en la zona azul entre enero de 2023 y enero de 2024. De ese total, habría abonado 33 sanciones en tiempo y forma, quedando 134 sin pagar. Tras la denuncia pública realizada en el pleno del 31 de enero de 2024, el entonces portavoz del PP, Vicent Sales, aseguró que el concejal acudió esa misma tarde a pagar 29 multas, de las cuales 20 correspondían a los años 2019, 2020, 2021 y 2022, y nueve a 2023, ya durante su etapa como edil.

Puerta ha señalado que, incluso asumiendo el pago de esas 29 sanciones, quedarían sin abonar alrededor de 125 multas. En este contexto, ha recordado que un informe de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de la Policía Nacional puso de manifiesto «el llamativo hecho de que todas estas sanciones no se abonaron porque prescribieron».

Para los socialistas, esta circunstancia es clave. «Que a cualquier vecino de Castellón le embargan sus nóminas si no pagan una multa, pero al señor Ramírez, de forma mágica, no le embargaron por tener multas pendientes de pago desde 2019 y, encima, no le notificaron 125 sanciones presuntamente sin pagar en 2023», ha denunciado Puerta. A su juicio, es precisamente esta acumulación de prescripciones y el cargo que ostentaba el beneficiado lo que ha llevado a la Audiencia a ordenar nuevas diligencias.

Responsabilidad política

Desde el PSPV se insiste en que, más allá del recorrido judicial, existe una clara dimensión de responsabilidad política. Jorge Ribes ha afirmado que la decisión de la Audiencia Provincial demuestra que el asunto no podía cerrarse sin una investigación completa. «La Justicia ha sido clara: este asunto no podía cerrarse sin investigar, hasta el punto de señalar que el juzgado debe practicar nuevas diligencias», ha declarado.

Ribes ha añadido que «Cristian Ramírez ya no es solo un concejal con explicaciones pendientes, sino un concejal bajo investigación judicial por hechos relacionados directamente con su cargo», una situación que, según ha dicho, interpela directamente a la alcaldesa. En este sentido, ha recordado que Carrasco conocía la denuncia y decidió mantenerlo en el Gobierno municipal, llegando a afirmar que el concejal ya había «pagado su error» con una disculpa pública. «Hoy queda en evidencia que el caso no estaba cerrado», ha remarcado.

Por ello, los socialistas reclaman la dimisión inmediata de Ramírez o su destitución por parte de la alcaldesa. «No se puede gestionar la movilidad de una ciudad mientras se investiga si se pudo usar el cargo para evitar sanciones», han subrayado, al tiempo que han advertido de que «pedir perdón no cierra una investigación judicial».

A las críticas se ha sumado Compromís. Su portavoz, Ignasi Garcia, ha afirmado que la alcaldesa no puede mantener «ni un minuto más» a Ramírez como concejal de Movilidad. A su juicio, la Audiencia Provincial está reclamando lo mismo que venía pidiendo su grupo: que se aclare cómo es posible que las multas «desaparezcan» en el caso de concejales del PP, y ha señalado que sería preferible conocer esas explicaciones antes de una eventual sentencia.

La respuesta del Gobierno municipal

Por su parte, la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha restado contundencia a la decisión judicial y ha señalado que el auto que ordena reabrir la investigación aún no lo tienen ni ella ni el propio concejal afectado. «Suele pasar que se enteran antes los interesados que los implicados, y digo los interesados porque hay un interés manifiesto por parte de la oposición de buscar donde no hay, lo llevan haciendo desde que llegamos», ha afirmado ante los medios.

Carrasco ha emplazado a esperar a la evolución de los acontecimientos y ha asegurado que «se irán tomando las decisiones necesarias y oportunas en el momento necesario y oportuno». También ha defendido que el Gobierno municipal ya dio todas las explicaciones pertinentes en el pleno, al que ha definido como el máximo órgano de representación de la soberanía popular.

La alcaldesa ha insistido en que se trata de una denuncia «interesada» y ha añadido que, si el auto judicial ordena continuar investigando, el Ayuntamiento no pondrá obstáculos. «Se darán todas las explicaciones, no a la oposición, que también, sino a los castellonenses, que son a los que nos debemos y a los que servimos», ha concluido.