El alcalde de Alicante, Luis Barcala, en una imagen de archivoErnesto Caparrós

Barcala reclama reformar el acceso a la vivienda social tras las polémicas adjudicaciones en Alicante

El alcalde de Alicante reclama más transparencia, confía en que la Generalitat y el Gobierno recojan la petición y ordena abrir un expediente informativo mientras dimite una alta cargo municipal

El alcalde de Alicante, el 'popular' Luis Barcala, ha reclamado una reforma de la normativa que regula el acceso a la vivienda social a raíz de la polémica surgida por la adjudicación de varias viviendas de protección pública en Playa de San Juan. El primer edil ha asegurado estar «convencido» de que esta petición será atendida tanto por la Generalitat Valenciana como por el Gobierno de España y ha prometido «máxima contundencia a la hora de depurar las responsabilidades», subrayando que se hará «caiga quien caiga, sea lo que sea».

Barcala ha realizado estas declaraciones este viernes en una comparecencia ante los medios, convocada tras hacerse pública la controversia sobre el proceso de adjudicación de la promoción.

La comparecencia se produce después de conocerse la dimisión de María Pérez-Hickman, directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos del Ayuntamiento de Alicante. Según ha informado el diario Información, dos hijos de la exdirectora general, junto a un arquitecto municipal y la concejal de Urbanismo, Rocío Gómez, «han adquirido y tienen escrituradas a su nombre cuatro de estas viviendas».

Durante su intervención, Barcala ha insistido en la necesidad de reforzar la transparencia en este tipo de procedimientos. «No podemos permitir que los procesos para acceder y para obtener una vivienda social no sean transparentes», ha afirmado, al tiempo que ha reiterado su llamamiento a «modificar la normativa autonómica al respecto».

Situación de la concejal de Urbanismo

En cuanto a la participación de la edil de Urbanismo en la cooperativa promotora de las viviendas, el alcalde ha explicado que Gómez «adquirió la condición o se incorporó a la cooperativa» en 2018, «cinco años antes de entrar en política, cinco años antes de ser concejal».

Barcala también ha precisado que «la licencia de obras para la construcción de estas viviendas se dio en el año 2022, un año antes de acceder a la política y acceder al puesto de concejal», y ha recalcado que, según la información de la que dispone el Ayuntamiento, «no ha intervenido absolutamente en ninguna decisión que haya tenido que ver con este expediente de la vivienda social».

Pese a estas explicaciones, el alcalde ha confirmado que ha ordenado la apertura de «un expediente informativo», que se encuentra en fase de tramitación y que «tiene que contener precisamente las respuestas a todas las preguntas» que, según ha señalado, se está planteando el propio Gobierno municipal.