Benidorm da el primer paso para pagar los 350 millones de la sentencia judicial por la Serra Gelada

El Ayuntamiento de Benidorm ha iniciado el camino para afrontar el pago de la indemnización derivada de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) sobre el APR-7 Serra Gelada, que alcanza los 350 millones de euros. El primer movimiento ha sido solicitar la adhesión al Fondo de Impulso Económico con el fin de cubrir una parte inicial de la condena, concretamente 55 millones de euros.

La decisión fue comunicada este miércoles por el alcalde, Toni Pérez, a los grupos políticos municipales durante una Junta de Portavoces. La medida responde a un informe elaborado por los técnicos del área Económica del Consistorio y se formalizó ese mismo día mediante un decreto de Alcaldía.

La solicitud se tramitó a última hora de la mañana, una vez completado el expediente, y coincidiendo con el último día de plazo para acogerse a este mecanismo de financiación estatal. El Fondo de Impulso Económico está gestionado por el Ministerio de Hacienda y regulado por el Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, sobre medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y las entidades locales.

Según se expuso en la Junta de Portavoces, la cantidad solicitada asciende a 55 millones de euros, que deberán reintegrarse al Estado en un plazo máximo de 12 años y con un tipo de interés aproximado del 3,5 %. La cifra ha sido fijada por los técnicos municipales atendiendo a las condiciones del propio fondo, tanto en lo relativo al periodo de amortización como al coste financiero.

Calendario de amortización

En el caso de que el Ministerio de Hacienda estime favorablemente la solicitud presentada por el Ayuntamiento de Benidorm, será el pleno municipal el que deba aprobar el correspondiente calendario de amortización de esos 55 millones de euros.

La adhesión al Fondo de Impulso Económico constituye solo una de las vías que el Consistorio está analizando para hacer frente al pago de la sentencia relacionada con el APR-7 Serra Gelada. Desde el Ayuntamiento se subraya que la petición se ha realizado con diligencia, coincidiendo con el cierre del plazo establecido.

Próximos pasos

De forma paralela, los servicios jurídicos y económicos municipales continúan trabajando para definir los próximos pasos que deberá dar la Administración local en este proceso. Esa información, según el Consistorio, seguirá trasladándose con transparencia tanto a los grupos políticos como a la ciudadanía.

Más allá del impacto económico de la condena, los técnicos municipales están estudiando de manera pormenorizada la reciente sentencia del TSJ que declara la nulidad de los convenios urbanísticos que han dado lugar a la indemnización millonaria a favor de los propietarios de los terrenos. En ese análisis se incluye la viabilidad jurídica y la conveniencia, desde el punto de vista del interés público, de interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

La reclamación presentada por la familia promotora Murcia Puchades, que ya ha instado la ejecución de la sentencia, asciende a 350 millones de euros, de los que 283 millones corresponden a deuda principal y el resto a intereses legales. Los fondos que pudiera conceder el Estado se desembolsarían a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), organismo encargado de ejecutar este tipo de operaciones financieras.