El dato sobre el auge de la okupación de viviendas que mata el relato de la izquierda

La okupación de viviendas no solo existe, sino que crece y deja rastro estadístico en el propio mercado inmobiliario. Los datos del último estudio de Idealista, elaborado a partir de los anuncios publicados en su plataforma durante el cuarto trimestre de 2025, dibujan un escenario difícil de conciliar con el discurso político de la izquierda. En solo tres meses, el número de viviendas okupadas a la venta en España aumentó un 4,6 %, pasando de 23.010 a 24.058 inmuebles. No se trata de estimaciones ni de denuncias aisladas, sino de viviendas anunciadas explícitamente como «okupadas» por sus propios propietarios.

La Comunidad Valenciana ocupa un lugar destacado en ese mapa. El 11 % de todas las viviendas okupadas que se ofertan en el mercado español se concentran en esta comunidad, solo por detrás de Cataluña, que acumula el 40 %, y de Andalucía, con el 20 %. La cifra sitúa a la Comunidad Valenciana como el tercer gran foco nacional del fenómeno, por delante de comunidades como Madrid o Murcia, que concentran cada una el 7 % del total.

Conviene subrayar, además, que estas cifras solo recogen las viviendas okupadas que sus propietarios han decidido sacar a la venta y que se anuncian explícitamente como tales. Es decir, no incluyen el conjunto de inmuebles ocupados ilegalmente que no están en el mercado, que son mayoría y cuya dimensión real no aparece reflejada en portales inmobiliarios. Los datos, por tanto, no miden toda la okupación existente, sino únicamente la parte visible del fenómeno: aquella que llega al mercado porque el propietario renuncia a recuperar la posesión.

Dentro de ese contexto, la provincia de Alicante emerge como uno de los territorios más afectados en términos absolutos. En el cuarto trimestre de 2025 había 1.402 viviendas okupadas a la venta en la provincia, tras un incremento trimestral del 10,7 %. Es la cuarta provincia de España con mayor volumen, solo superada por Barcelona (7.307 viviendas), Murcia (1.658) y Madrid (1.634). Aunque el peso de estas viviendas sobre el total de la oferta en Alicante es del 1,6 %, inferior a la media nacional del 3 %, el dato refleja una tendencia clara al alza.

En la ciudad de Alicante, el número de viviendas okupadas a la venta se situó en 155, sin variación respecto al trimestre anterior. Representan el 1,8 % del total de inmuebles en venta, un porcentaje moderado si se compara con otras capitales, pero suficiente para consolidar la preocupación en un mercado ya tensionado por la falta de oferta y el encarecimiento del acceso a la vivienda.

Valencia capital, por su parte, registró una caída significativa del 24,5 % en el número de viviendas okupadas a la venta, hasta las 151, que suponen el 1,5 % de su oferta total. En Castellón de la Plana se contabilizaron 40 viviendas okupadas, con un peso del 1,5 %. En conjunto, las tres provincias valencianas muestran realidades distintas, pero un denominador común: la okupación forma parte del mercado y condiciona decisiones de venta y de inversión.

Estos datos adquieren especial relevancia tras las declaraciones realizadas el pasado miércoles por Lara Hernández, coordinadora de Sumar, en una entrevista en el programa Más de uno, de Onda Cero. «La okupación en España no existe», afirmó, al tiempo que pidió no etiquetar como okupas a familias vulnerables que no pueden pagar el alquiler. Según Hernández, el problema real es el precio de la vivienda y existe «un relato sobre la okupación que ha colocado la extrema derecha».

Sin embargo, el propio mercado inmobiliario desmiente esa afirmación. Las 24.058 viviendas okupadas anunciadas en España no son una categoría ideológica, sino activos inmobiliarios que se venden con descuentos relevantes porque sus propietarios no tienen la posesión. Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, advierte de que «los datos ponen de manifiesto que el problema de las viviendas okupadas que salen al mercado, lejos de ser un efecto puntual, se está estableciendo como parte del paisaje inmobiliario y casi en un producto de inversión más».

Alicante, contraste de datos y discurso

El caso de Alicante es especialmente ilustrativo. A pesar de no liderar los porcentajes, la provincia combina un volumen elevado de viviendas okupadas con un crecimiento trimestral de dos dígitos. En un territorio donde buena parte de los propietarios son pequeños ahorradores con una o dos viviendas, la venta de inmuebles okupados refleja, en muchos casos, una renuncia a litigar durante años ante la falta de seguridad jurídica y la lentitud de los procesos judiciales.

Esta realidad contrasta con el discurso político que minimiza o directamente niega el fenómeno. En barrios de la zona Norte de la ciudad, según testimonios recabados por El Debate, la okupación va más allá de situaciones de vulnerabilidad y ha derivado en un mercado negro que ofrece pisos vacíos a cambio de dinero, con tarifas que oscilan entre los 1.500 y los 4.000 euros. Se trata de una dinámica conocida por los vecinos y difícilmente compatible con la idea de que la okupación «no existe».

Datos del conjunto de España

A escala nacional, el fenómeno presenta fuertes contrastes territoriales. Tarragona es la capital donde la venta de viviendas okupadas tiene mayor peso: el 8,5 % de todas las viviendas que se venden en la ciudad están en esta situación. Le siguen Gerona (8,1 %), Huesca (7,8 %), Murcia (7,2 %) y Almería (6,8 %). Barcelona capital, pese a haber reducido el número de viviendas okupadas a la venta un 8 %, mantiene 787 anuncios, que suponen el 3,1 % de su oferta.

En el extremo opuesto se sitúa Soria, la única capital española sin viviendas okupadas anunciadas en el portal inmobiliario, y otras como Segovia o León, donde el fenómeno es prácticamente inexistente. Estas diferencias refuerzan la idea de que la okupación no es homogénea, pero también desmontan la tesis de que se trate de un problema marginal o inexistente.

Debate político con cifras sobre la mesa

Las declaraciones de la dirigente de Sumar se produjeron en pleno debate sobre el escudo social y la prórroga de la suspensión de los desahucios, tras el rechazo parlamentario del decreto ómnibus del Gobierno. El acuerdo alcanzado con el PNV para eximir a los propietarios con una sola vivienda en alquiler de ofrecer una alternativa habitacional evidencia, de hecho, que el propio Ejecutivo reconoce tensiones reales entre protección social y derechos de los propietarios.

Negar la existencia de la okupación no elimina esas tensiones. Los datos de la Comunidad Valenciana, y especialmente de Alicante, muestran que el fenómeno tiene una traducción concreta en el mercado inmobiliario y en la vida de barrios enteros. Frente al relato político, las cifras son claras: la okupación existe, crece y se ha convertido en un factor estructural que ya no puede despacharse como una mera construcción ideológica.