Imagen de archivo del barranco del Poyo a su paso por Paiporta tras la dana de Valencia del 29 de octubre de 2024
La jueza de la dana cita ahora a 10 agentes de la Confederación del Júcar tras cargar contra la Generalitat
Puede parecer un toque de atención a la actitud manifiestamente pasiva de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) en la dana de Valencia, pero posiblemente acabe siendo utilizado como un elemento más para cargar contra la Generalitat Valenciana. La jueza Nuria Ruiz Tobarra firmaba un auto este martes en el que responsabilizaba a la administración regional por no haberse hecho cargo de la gestión de todos los efectivos, sin importar su rango, para el control de cauces y caudales. Este miércoles la magistrada ha acordado citar a diez agentes medioambientales o guardas fluviales de la CHJ.
En un auto al que ha tenido acceso El Debate, la magistrada acuerda citar como testigos a 31 efectivos que prestaron servicios el día 29 de octubre de 2024 en el control de los barrancos y que ejercieron funciones de vigilancia en el río Magro, área del puente de Carlet, y en el Barranco del Poyo, área de Torrent-Picanya-Paiporta.
La jueza de Catarroja ha citado a diez agentes medioambientales o guardas fluviales de la CHJ, ocho bomberos forestales y 21 agentes medioambientales de la Conselleria de Medio Ambiente.
Así lo ha decidido en un auto de este miércoles en el que la magistrada acuerda la citación de estos 39 testigos tras una resolución de la Audiencia Provincial de Valencia que en diciembre del pasado año estimó parcialmente el recurso de apelación interpuesto por una acusación particular sobre esta cuestión, y tras un informe del ministerio fiscal al respecto.
La magistrada alude en su auto a esa decisión de la Audiencia, que compartía el criterio del fiscal y señalaba que «por cuanto parece evidente que, pudiendo ser la información que puedan ofrecer los agentes medioambientales relevante, su identificación se hace precisa a fin de poder ser citados, en su caso, como testigos».
La instructora sostiene que el número de agentes o guardas de la CHJ, diez, que pidió el fiscal en un último informe, y cuya declaración ha acordado, así como la suma de los bomberos forestales desplegados en el río Magro y en el Barranco del Poyo, a instancias del Centro de Coordinación de Emergencias, y los agentes medioambientales dependientes de la Conselleria de Medio Ambiente, «hace innecesario citar a un número mayor», ni tampoco determinar los agentes que estaban de baja laboral o si había algún sector vacante.