Víctor Soriano: «Joan Ribó puede acabar condenado a cárcel por el caso de la piscina»

Víctor Soriano se ha convertido en uno de los abogados más mediáticos del momento. Ejerció la acusación popular contra el fiscal general del Estado, solicitando una condena que fue la que más se acercó a la dictada por el Tribunal Supremo. El joven letrado valenciano también lleva entre manos el caso de la piscina ilegal que Alboraya construyó sin permiso en un terreno protegido de Valencia, un caso que tiene contra las cuerdas al exalcalde Joan Ribó y que resta las fechas para cobrarse una nueva víctima: la eurodiputada socialista Sandra Gómez.

— ¿Joan Ribó puede acabar en la cárcel o condenado a prisión por la causa de la piscina de Alboraya?

— Se están investigando delitos que conllevan penas de prisión eventualmente, delitos contra la ordenación del territorio y también otros delitos que lo que conllevan es penas de inhabilitación, la prevaricación omisiva. Desde luego aquí el principal investigador es el señor Joan Ribó, pero evidentemente el Ayuntamiento de Valencia es una administración muy grande donde las responsabilidades no están todas centradas en el alcalde.

Yo creo que a lo largo de la instrucción vamos a poder discernir más concretamente quienes son las personas responsables de no haber perseguido la construcción ilegal de la piscina en la huerta de Alboraya. ¿Ribó puede terminar condenado? Yo entiendo que sí y además nuestra posición como acusación va a ser formular la acusación frente a él llegado el caso, pero creo que no es la única persona que tiene responsabilidades y además él mismo, su propia defensa, está apuntando a otras personas que son las que han tenido delegaciones en materia de Urbanismo durante su tiempo en la alcaldía.

— La piscina se construyó ya en la segunda legislatura de Ribó y ahí aparece la figura de Sandra Gómez, que es hoy en día eurodiputada. ¿Qué futuro judicial le espera a la socialista?

— Nosotros desde el primer momento dirigimos la instrucción hacia Sandra Gómez. Al pedir la declaración de Ribó como investigado también pedimos la de Sandra Gómez, asumiendo que tiene una complejidad añadida: es diputada del Parlamento Europeo y está aforada en el Tribunal Supremo.

Entonces, lo que planteamos en el juez de instrucciones es que hay que agotar la instrucción en Valencia para poder dirigir la instrucción eventualmente a una exposición razonada ante el Tribunal Supremo frente a Sandra Gómez. Estamos en ese proceso, es decir, hasta ahora se han celebrado las diligencias que se podían celebrar para investigar a Joan Ribó y para investigar el contexto sobre las responsabilidades de Sandra Gómez.

El propio abogado de Joan Ribó ha apuntado a la responsabilidad de Sandra Gómez, diciendo que era ella quien tenía las delegaciones en Urbanismo en ese momento. Y, bueno, pues ahora estamos en una fase ya de transición en la instrucción hacia su finalización. Y yo creo que aquí es donde va a ser el momento de que el juzgador se pronuncie si la causa se va al Supremo para continuar la frente a Sandra Gómez o no. Yo entiendo que debería ser que sí.

— ¿Pasaría por lo tanto Sandra Gómez a ser la figura principal del caso? ¿O no hay que dejar de lado al Ayuntamiento de Alboraya, que al final fueron los que construyeron la piscina y por ello están imputados el alcalde y la concejala?

— Aquí hay dos responsabilidades que son distintas, que no creo que una sea mayor ni menor que la otra, pero sí que tiene un enfoque diferente. Aquí, lógicamente, el Ayuntamiento de Alboraya ha construido ilegalmente en el suelo protegido y lo hace actuando como mero promotor. Los delitos que cometen ahí son los mismos que podría cometer un particular. Mientras que en el Ayuntamiento de Valencia su función es garantizar el cumplimiento de la legalidad urbanística y, por tanto, desde un punto de vista social quizás sean más relevantes esos hechos. Pero desde un punto de vista penal la relevancia es muy similar.

Estamos hablando de los mismos delitos, delito contra la ordenación del territorio y delito de prevaricación. Entonces, el resultado para unos y para otros podría ser muy parecido con una salvedad, la posible responsabilidad civil, que en el caso de Alboraya pasaría por demoler lo ilegalmente construido y podría haber una responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas para el alcalde o los concejales que lo hubieran construido, mientras que Valencia ha permitido que se construyera.

— A ojos de la acusación que está llevando en este caso, ¿cuáles cree que son las claves del caso en sí?

— A ver, aquí hay dos elementos que son sobre los que pivota el caso completo. Uno, si se ha solicitado o no se ha solicitado una licencia, es decir, si se ha construido la piscina de forma totalmente ilegal o si se ha tramitado legalmente, eso está claro. Aquí no hay discusión, no hay licencia. La piscina se construyó, se puede decir, a las bravas.

Y la otra cuestión sobre la que se debate es un tecnicismo que también está bastante claro pero sobre el que las defensas, lógicamente, tratan de generar confusión para defender su punto de vista que es si el suelo sobre el que se ha construido la piscina es de Alboraya o es de Valencia.

El Ayuntamiento de Valencia ya ha certificado en varias ocasiones que el suelo es término municipal suyo. Es cierto que hay un expediente para que sobre ese suelo se haga una permuta y se intercambie entre los términos municipales de Valencia y de Alboraya, pero eso no se ha hecho y, por tanto, sigue siendo un suelo de la capital.

Son cuestiones muy técnicas sobre las que la defensa funda sus posicionamientos porque, claro, la defensa no puede decir que no hay una piscina. Está ahí, a la vista de todos. Y eso incluye la complejidad de introducir un elemento de derecho administrativo en un procedimiento penal que siempre ayuda a distorsionar y a complicar.

— Éste es un caso más de los muchos en la actualidad en los que la Justicia está entrando en cuestiones políticas. ¿Qué hay más: una judicialización de la política o que la política se ha judicializado para sacar rédito de instrucciones y condenas?

— Yo niego radicalmente que haya lo que últimamente se está llamando lawfare, que haya una invocación política en el Poder Judicial. Lo que sí que hay, y es evidente, es una judicialización de la política en el sentido de que los políticos han encontrado en los procesos judiciales un arma potentísima para hacer oposición. Esto en la Comunidad Valenciana lo hemos vivido mucho, lo hemos vivido muy tempranamente, empezó con Gürtel.

Ahí empezó la gran eclosión de la utilización política en los procedimientos judiciales y a eso ha aprendido, lo ha hecho muy bien la izquierda, pero ha aprendido también a hacerlo la derecha y, obviamente, los procedimientos judiciales se han convertido en un arma política.

— Se le pudo ver en el juicio al Fiscal General del Estado. ¿Considera que está bien condenado?

— Está bien condenado, sin duda. ¿Yo qué voy a decir? Yo soy el abogado que planteó la acusación más cercana a la condena que ha tenido. De las distintas partes que intervenimos en ese procedimiento fuimos nosotros los que más cerca nos quedamos del resultado de la sentencia, con lo cual entiendo que está bien condenado.

No creo que mereciera una pena mayor que la que tiene porque los hechos son de entidad, los hechos son graves, pero también la pena es suficiente para esos hechos. Se le sometió a una instrucción ejemplar, una instrucción muy completa, y se le sometió a un juicio, que todos hemos podido ver, donde se garantizaron plenamente sus derechos procesales y del que resultó, como ocurre tantas veces en los tribunales españoles, una sentencia técnicamente exquisita, la sentencia 1000/2025 de la Sala Segunda del Supremo, una sentencia muy correcta, donde además se evalúan todos los posicionamientos de las defensas, incluso del Ministerio Fiscal, que actuaba como defensa, y de las acusaciones, y resulta en un pronunciamiento condenatorio. A mí lo que me preocupa es que tuviéramos que llevar a ese pronunciamiento porque el Ministerio Fiscal se haya utilizado espuriamente para hacer política.

— De repente se ha convertido también a nivel personal en blanco de las críticas por parte de la izquierda, en diana sobre todo tanto a nivel laboral como a nivel político. ¿Cómo se lleva? ¿Cómo se gestiona?

— Yo puedo estar acostumbrado pero es verdad que el caso del fiscal general del estado tuvo una singularidad que lo hace muy distinto. Yo puedo estar acostumbrado a la crítica en otros asuntos, a recibir crítica por mi intervención en el caso Puig o en el caso Montoro o en cualquier otro asunto pero ha habido una diferencia muy grande y es que con el fiscal general del estado hubo un día en el cual el Gobierno de la nación, la portavoz del Gobierno, el ministro de Justicia, el ministro de Transportes, la vicepresidenta primera y ministra de hacienda y el portavoz del grupo que sustenta el Gobierno decidieron atacar no a las partes que acusaban sino al abogado de una de las partes que acusaban y a través de los medios de comunicación afines convertir en noticia algo que por otra parte no lo era, que sabía toda España ya que era que yo era el abogado de una de las acusaciones en ese procedimiento simplemente por conveniencia política.

— ¿Toda esta exposición abre nuevas líneas de negocio para el despacho Soriano i Piqueras?

— Bueno, a mí me dicen mucho que debe ser un gran momento para nuestro despacho porque claro, como estamos en una ola constante de corrupción en los medios de comunicación yo no creo que ahora ahora estamos en un momento singular de corrupción pero no creo que haya un gran cambio frente a lo que ha podido suceder en el pasado es decir, delincuencia administrativa y delincuencia política ha habido siempre ¿Hay futuro? Pues yo confío en que sí no porque siga habiendo delincuentes sino porque en España es un país muy grande es un mercado jurídico muy amplio y seremos capaces de encontrar nuestro sitio

— Ya por acabar, ¿cuál cree que es, bajo su punto de vista, el caso judicial actual más importante?

— Yo creo que probablemente el asunto judicial que más vaya a daros que hablar a los medios de comunicación en los próximos meses sea el caso Begoña, el caso que afecta a la esposa del presidente del Gobierno, porque ya estamos viendo que puede ir más allá la mayor trascendencia que si sólo afectara a ella. Es un asunto que tiene un perfil secundario frente a otros como el caso Koldo, que es la gran trama de corrupción del momento y lo merece, pero ambas causas nos van a empezar a dar informaciones nuevas y vamos a empezar a ver incluso, no sé si piezas separadas, novedades en los procedimientos que van a ganar más relevancia de la que ha estado antes.