Ribó lamenta que está imputado en el caso de la piscina ilegal de 1,2 millones de euros por «ser alcalde de Valencia»

Un movimiento táctico más en la instrucción que investiga la construcción sin permiso de una piscina de 1,2 millones de euros por parte del Ayuntamiento de Alboraya en suelo protegido de Valencia. La defensa de Joan Ribó ha solicitado al juzgado el «sobreseimiento» de la causa en lo relativo al ex primer edil, considerando que está imputado sólo «por ser alcalde de Valencia».

En un escrito de 17 páginas, la defensa de Ribó, ejercida por el abogado municipal de Valencia, argumenta que, a su parecer, ninguno de los delitos investigados en la causa, contra la ordenación del territorio y por prevaricación urbanística omisiva, se pueden ajustar al papel ejercido por Joan Ribó en la causa.

En el documento al que ha tenido acceso El Debate, el letrado Joan Carlos Hernández Pérez pide el «sobreseimiento libre de Joan Ribó» argumentando que tras más de dos años de instrucción, no existe «ni un solo indicio» que vincule al exalcalde con los hechos denunciados.

Justamente el abogado admite que Ribó declaró el 24 de diciembre de 2025 como investigado «desconociendo la inclusión de la parcela objeto de controversia en el término municipal de Valencia, ni en lo relativo a la realización de obras en esa parcela».

El escrito también carga, en cierta manera, contra la denuncia con la que se inicia está instrucción, puesta por un particular vecino de Alboraya, señalando que en aquel escrito «contiene un sucinto relato de hechos para señalar de manera genérica a un grupo de personas responsables de la gestión pública en los Ayuntamientos de Alboraya y Valencia».

A continuación, el argumento del letrado sostiene que «se trata de una atribución basada en criterios estrictamente objetivos, derivados de la posición de responsables políticos de dichas Administraciones Públicas, sin que se atribuya a ninguno de ellos la realización u omisión concreta en el relato de hechos. No se hace, ni siquiera a modo de indicio, o de hipótesis indiciaria, un análisis de los hechos que permita la atribución de cada uno de ellos a una persona o personas concretas».

Finalizando dicha exposición con un «parece que se pretendiera que todos, Joan Ribó, Miguel Chavarría (alcalde de Alboraya), Sandra Gómez (eurodiputada socialista y anterior concejala de Urbanismo de Valencia) y Ana Bru (concejala de Urbanismo de Alboraya) son responsables de todos los hechos allí relatados y todos en la misma medida».

Sin competencias ni participación directa

La defensa argumenta que Ribó no tenía competencias directas en materia de Urbanismo durante sus mandatos (2015-2023), ya que estas estaban delegadas en otros concejales, volviendo a señalar a Sandra Gómez. Además, subraya que el alcalde no informa expedientes técnicos ni realiza inspecciones de obra, funciones reservadas a personal especializado.

Según el escrito, tampoco consta que el exalcalde votara o resolviera ningún acuerdo relacionado con las parcelas investigadas ni que el Ayuntamiento de Valencia promoviera las obras cuestionadas.

Niega la malversación

Respecto al delito de malversación, la defensa afirma que no se utilizaron fondos municipales de Valencia para la ejecución de la piscina ni existe perjuicio económico para las arcas municipales, por lo que considera que el tipo penal carece de base fáctica.

El escrito también cuestiona que los hechos puedan constituir delito. Señala que las parcelas forman parte desde los años 80 de un complejo deportivo ya consolidado y que su situación urbanística es «anómala» por discrepancias históricas entre los planeamientos de Valencia y Alboraya.

Además, sostiene que la zona no estaría incluida en el ámbito protegido por el Plan de Acción Territorial de l’Horta, lo que, a su juicio, descarta que se trate de suelo especialmente protegido.

La defensa solicita el sobreseimiento libre —archivo definitivo— al entender que no solo faltan pruebas contra Ribó, sino que directamente no existe base para atribuirle responsabilidad penal. Considera que su imputación responde únicamente a su condición de alcalde en el periodo investigado, algo que, según el escrito, no puede traducirse en responsabilidad penal automática.

Será ahora el juzgado el que deba decidir si archiva la causa respecto al exalcalde o mantiene la investigación abierta.