La Justicia anula el traslado de un menor inmigrante a la Comunidad Valenciana por falta de motivación del Gobierno

Un juzgado de Ceuta ha anulado el traslado de un menor inmigrante no acompañado a la Comunidad Valenciana al considerar que el Gobierno de Pedro Sánchez no justificó los criterios empleados para decidir su destino. La sentencia, a la que ha tenido acceso El Debate, concluye que el procedimiento se llevó a cabo sin una explicación suficiente, lo que provocó una situación de indefensión para la Generalitat Valenciana, que había recurrido la resolución.

El fallo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ceuta estima el recurso presentado por la Generalitat contra la decisión de la Delegación del Gobierno de trasladar a un menor a territorio valenciano dentro del sistema estatal de reparto. El tribunal aprecia una «falta de motivación» en la resolución administrativa, lo que invalida el procedimiento.

Según recoge la sentencia, en el expediente no consta información que permita entender cómo se aplicaron los criterios previstos en la normativa para decidir el destino del menor. La resolución que proponía su traslado a la Comunidad Valenciana no incluía explicación alguna sobre los motivos de esa asignación.

El documento judicial también señala que, cuando la Generalitat cuestionó esa ausencia de justificación durante el trámite de alegaciones, el Ejecutivo de Sánchez respondió que se había utilizado una herramienta centralizada desarrollada por el Ministerio de Juventud e Infancia para aplicar los criterios de reparto. Sin embargo, no aportó documentación que permitiera comprobar cómo se efectuó ese cálculo ni por qué el menor debía ser trasladado a la Comunidad Valenciana y no a otra comunidad.

Falta de explicación en el reparto

La sentencia subraya que esta carencia impidió a la Administración autonómica impugnar de forma efectiva la decisión. En concreto, indica que se desconoce cómo se aplicaron los criterios previstos en la ley para determinar el traslado, lo que generó «una notoria indefensión» al no poder conocer ni discutir el procedimiento seguido.

Por ese motivo, el tribunal declara la nulidad de la resolución impugnada y ordena retrotraer las actuaciones al momento previo a su adopción. La Administración deberá incorporar al expediente la motivación necesaria que explique el mecanismo de cálculo empleado y la razón por la que el menor fue asignado a una comunidad concreta.

La sentencia, además, impone las costas del procedimiento a la Administración demandada y abre la puerta a que se pueda interponer recurso de apelación.

Advertencia sobre la política migratoria

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha valorado este jueves el fallo durante la sesión de control en las Cortes Valencianas. A su juicio, la decisión judicial evidencia que el Ejecutivo central está actuando sin una estrategia clara en materia migratoria.

Según explica, los tribunales están anulando resoluciones de traslado de menores a la Comunidad Valenciana al considerar que el procedimiento no se ha justificado adecuadamente. En su intervención, afirma que el Gobierno «traslada a los menores vulnerando sus derechos y escondiendo los criterios que utiliza para asignarlos a una comunidad o a otra».

El jefe del Consell añade que, tras este pronunciamiento, corresponde ahora al Ejecutivo aclarar «si van a prevalecer los intereses del menor o sigue prevaleciendo los intereses partidistas de seguir en La Moncloa».

Un «coladero» de inmigrantes

Durante el mismo debate parlamentario, Pérez Llorca ha advertido del impacto que, a su juicio, podría tener la política migratoria del Gobierno central. El presidente valenciano alerta de que determinadas medidas, como la regularización masiva de inmigrantes planteada por el Ejecutivo, podrían generar un «efecto llamada».

En este contexto, defiende que desde las competencias autonómicas se deben adoptar medidas para «no permitir» que España «se convierta en un auténtico coladero». También sostiene que la estrategia del Gobierno español se aleja de la que siguen otros países europeos en materia de control y ordenación de los flujos migratorios.

Reunificación familiar y control de edad

El presidente valenciano ha recordado además que su Ejecutivo ha recurrido el decreto estatal sobre el reparto de menores inmigrantes entre comunidades autónomas y que esta sentencia supone la primera resolución favorable a la Generalitat en ese proceso judicial.

Asimismo, avanza que el Consell continúa trabajando en planes de reunificación de menores con sus familias en los países de origen. Según ha explicado, se está ultimando un acuerdo con uno de esos Estados y se estudian negociaciones con otros.

Pérez Llorca también asegura que el Gobierno autonómico ha reforzado las garantías en las pruebas de determinación de edad que se realizan a los menores que llegan a la Comunidad Valenciana. «Con rotundidad» afirma que esos controles se están aplicando.

Por último, reitera la petición al Gobierno central para que active el sistema integrado de vigilancia exterior en la costa valenciana y para que el Ministerio del Interior incorpore la nacionalidad en las estadísticas oficiales de delincuencia, como ya hacen otras comunidades autónomas.