El último informe sobre el incendio de Campanar cuestiona el archivo del caso por fallos en los certificados de la fachada

El último informe pericial sobre el incendio de Campanar pone en duda los fundamentos que llevaron al sobreseimiento provisional de la causa. El documento, elaborado por la arquitecta experta en este tipo de siniestros Carmen Dorta, apunta a una posible «desinformación» en la que se habría basado la decisión judicial y alerta de que no se ha acreditado legalmente la reacción al fuego de los materiales de la fachada.

El análisis, que consta de 51 páginas, concluye que la documentación utilizada para justificar la seguridad del edificio no estaba compuesta por certificados oficiales válidos, sino por «fotocopias sin validez». Según la perito, el juez habría recibido hojas manuscritas y documentos enviados por fax que carecían de respaldo normativo. Dorta subraya que, aunque este tipo de deficiencias podrían considerarse una falta administrativa en otros ámbitos, en un caso con víctimas mortales adquieren una «importancia vital».

El informe también señala errores en la normativa aplicada durante la investigación. En concreto, indica que se tomó como referencia la norma NBE CPI-96, cuando esta ya no estaba vigente, y que el edificio debía haberse regido por el Real Decreto 312/2005. De acuerdo con la experta, los materiales utilizados a partir de 2007 tenían que cumplir requisitos más estrictos en cuanto a emisión de humos y comportamiento frente al fuego. «Se han tomado decisiones basadas en el desconocimiento de qué norma era de aplicación», recoge el informe.

Otro de los aspectos relevantes es la posible ilegalidad en el uso de los paneles de la fachada. El documento apunta que el periodo de coexistencia de las antiguas clasificaciones ‘M’ había finalizado antes de la facturación del material empleado en las dos torres, lo que podría implicar un incumplimiento de la normativa vigente en el momento de la construcción.

Asimismo, el cruce de datos con el informe de la Policía Científica revela discrepancias en las características del material. Mientras el fabricante declaró un grosor de 4 milímetros, las muestras analizadas tras el incendio mostraron un espesor de 4,5 milímetros. Este incremento del 12,5% en el polietileno —material altamente inflamable— podría haber influido de forma directa en la propagación del fuego y en su intensidad. «El material recogido no se correspondía con la declaración del material suministrado», concluye la perito.

Ante estas conclusiones, Dorta recomienda al juzgado la práctica de nuevas diligencias, entre ellas la obtención de los certificados originales de laboratorios especializados como la Asociación para el Fomento de la Investigación y la Tecnología de la Seguridad contra Incendios o el Instituto Eduardo Torroja, así como la realización de nuevos ensayos sobre las placas que todavía se conservan intactas en la planta baja del edificio.

El informe concluye que el archivo de la causa se dictó bajo una «gran desinformación» y considera imprescindible determinar de forma «cierta y probada» la reacción al fuego del sistema de fachada para esclarecer posibles responsabilidades técnicas y legales.

El incendio, ocurrido el 22 de febrero de 2024 en un complejo residencial situado entre las calles Poeta Rafael Alberti, Maestro Rodrigo y General Avilés, se originó en la cocina de una vivienda y se propagó rápidamente a la fachada tras romperse los cristales del balcón.

Las condiciones meteorológicas, con rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora, junto al material inflamable del revestimiento y el fallo de una autoescalera, contribuyeron a la magnitud de la tragedia.

Según la investigación de la Policía Científica, el origen del fuego pudo estar en la parte trasera de un frigorífico, posiblemente por una chispa o incluso electricidad estática, tras una posible fuga de gas refrigerante de un electrodoméstico de la marca Beko.