Señal que indica un tramo del trasvase Tajo-Segura.
Page denuncia al Gobierno por no recortar ya el trasvase Tajo-Segura con los embalses en niveles históricos
Castilla-La Mancha lleva a los tribunales al Ejecutivo de Pedro Sánchez en pleno contraste hídrico entre cuencas, con reservas elevadas en el centro peninsular y escasez persistente en el sureste
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado este martes la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra el Gobierno de Pedro Sánchez para exigir la aplicación inmediata de las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura. La decisión se produce en un momento de abundancia hídrica en la cuenca cedente, pero también de persistente escasez en el sureste, lo que vuelve a tensionar el debate territorial sobre el reparto del agua.
Según los últimos datos publicados esta semana por el Ministerio para la Transición Ecológica, la cuenca del Tajo almacena 8.935 hectómetros cúbicos, el 80,82 % de su capacidad, frente a los 624 hectómetros cúbicos del Segura, que apenas alcanza el 54,74 %. La brecha evidencia dos realidades opuestas: una cuenca con margen y otra que sigue dependiendo de aportes externos para sostener su actividad económica y el abastecimiento.
En este contexto, el presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, ha decidido judicializar el conflicto en defensa de una reducción del trasvase, una posición que sus críticos consideran poco sensible con la situación estructural del sureste. El propio Page reconocía que es «duro» denunciar a un Ejecutivo del mismo partido, aunque insistía en que la situación actual podría estar «rozando» el delito ecológico.
Sin embargo, la iniciativa llega en un momento en el que los datos invitan a una lectura más compleja. Mientras grandes embalses del Tajo como Alcántara (2.792 hm³ de 3.160) o Valdecañas (1.261 de 1.446) presentan niveles elevados, otros como Buendía (1.014 de 1.705) o Entrepeñas (665 de 813) muestran una recuperación notable que ha devuelto a la cabecera cifras que no se veían desde hace años.
El contraste con el Segura
Frente a esta situación, la cuenca del Segura continúa en niveles claramente inferiores y con fuertes desequilibrios internos. Embalses clave como La Pedrera apenas alcanzan los 107 hectómetros cúbicos de 246 de capacidad, mientras que otros como Santomera se quedan en solo 3 de 26 hm³ o Valdeinfierno en 1 de 12.
Incluso infraestructuras fundamentales como el Cenajo, el mayor embalse de la cuenca, se sitúan en 225 hectómetros cúbicos sobre un total de 437, lejos de los niveles que permitirían garantizar estabilidad a largo plazo sin aportes externos.
Estado de los embalses por cuencas
Este escenario refuerza la percepción, especialmente en el sureste, de que la estrategia de Castilla-La Mancha prioriza sus intereses territoriales sin tener en cuenta la dependencia estructural del sureste del trasvase. La crítica no es nueva, pero se intensifica ahora que el propio Gobierno regional decide acudir a los tribunales en pleno ciclo húmedo.
Un pulso judicial en marcha
El recurso aprobado por el Ejecutivo autonómico busca obligar al Ministerio para la Transición Ecológica a cumplir las sentencias del Tribunal Supremo que establecen la obligatoriedad de fijar caudales ecológicos en el Tajo. El fallo más reciente, de mayo de 2025, exige que se apliquen «de forma inmediata».
Desde Castilla-La Mancha sostienen que han dado «más de un año de margen» al Gobierno central y justifican la demanda en un supuesto «balance hídrico negativo» y en el deterioro ambiental de varios espacios protegidos.
La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, defiende que la región ha detectado incumplimientos en los caudales mínimos y alerta de un «daño ecológico irreparable», insistiendo en la necesidad de modificar unas reglas que, en su opinión, no garantizan la sostenibilidad del río.
Tensión política y falta de interlocución
El conflicto no es solo técnico o ambiental, sino también político. El Gobierno castellanomanchego ha denunciado la falta de contacto con el Ministerio y con la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, con quien asegura no haber logrado una reunión tras meses de intentos.
«Si esas son formas de negociar y de entender los problemas de Castilla de la Mancha, no compartimos esta forma de trabajar», critica Gómez.
Mientras tanto, desde el PSOE murciano, su secretario general, Francisco Lucas, acusa a García-Page de «hipocresía» por exigir solidaridad territorial mientras, a su juicio, la niega en materia de agua. Aun así, señala que la demanda «desmonta el cuento de López Miras sobre el recorte del trasvase».
En paralelo, los regantes del sureste mantienen su defensa cerrada del acueducto. Consideran que cualquier reducción, especialmente en un contexto de recuperación hídrica en la cabecera, supondría un golpe directo a la agricultura, la industria y el abastecimiento urbano.
Un debate de fondo sin resolver
El choque entre Castilla-La Mancha y el sureste vuelve así a poner de relieve un problema estructural: la desigual distribución del agua en España. Mientras unas cuencas superan el 80 % de su capacidad, otras siguen lejos de niveles de seguridad.
La decisión de García-Page de llevar el conflicto a los tribunales en este contexto no solo abre un nuevo frente con el Gobierno de Pedro Sánchez, sino que también reaviva las críticas sobre la falta de empatía hacia los territorios deficitarios.
Con el trasvase Tajo-Segura de nuevo en el centro del debate, el equilibrio entre sostenibilidad ambiental y solidaridad territorial vuelve a quedar en entredicho, sin una solución clara a corto plazo.
