La Generalitat Valenciana no aceptará «imposiciones» de Sánchez en la acogida de menores inmigrantes no acompañados

Como era de prever, el plantón de las comunidades autónomas gobernadas por el PP esta misma semana a la ministra de Infancia, Sira Rego, en relación a la política de acogida de menores inmigrantes no acompañados, no era el fin de la polémica. Con el Gobierno central sin moverse un ápice de su posición inicial, la Generalitat Valenciana ha alzado la voz.

Así, la consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, ha advertido este viernes que la Generalitat no va a aceptar «imposiciones» del Ejecutivo de Pedro Sánchez al respecto y le ha acusado de carecer de política migratoria «seria» y actuar «sin diálogo, sin planificación y al margen de las comunidades autónomas».

Así lo ha señalado Albalat, en unas declaraciones facilitadas por la Consellería, después de que el Ministerio de Juventud e Infancia haya incrementado de 16.016 a 17.081 la capacidad ordinaria del sistema de acogida de menores inmigrantes no acompañados en las comunidades autónomas, según el borrador de real decreto que el miércoles iba a presentarse a las CCAA en la Conferencia Sectorial de Infancia, pero que no se celebró por falta de quórum.

Un total de 1.903 de estas plazas corresponden a la Comunidad Valenciana, la cuarta autonomía con mayor número. Albalat trasladó el miércoles su rechazo a participar al tratarse de una convocatoria de «ilegal» y advirtió de que cualquier acuerdo que se adoptara en la reunión «carecerá de validez legal al haberse omitido los procedimientos esenciales de formación de la voluntad del órgano colegiado».

Para la consellera, la intención del Gobierno central es la de «imponer y asignar» a la región la acogida de cerca de 1.900 menores extranjeros no acompañados adicionales es una decisión «arbitraria, improvisada y completamente alejada de la realidad del sistema de protección valenciano».

Según la Albalat, el rechazo de al borrador del real decreto «nace del fracaso de una Conferencia Sectorial ilegal y convocada sin el consenso de las comunidades autónomas, sin transparencia ni rigor técnico» y que además establece «una capacidad ordinaria de reparto que no responde a realidad de acogida de la Comunidad Valenciana e ignora la situación de los recursos sociales sobre el terreno».

«Tensión» de la red

Al respecto, ha subrayado que el nuevo reparto «agrava aún más la tensión que vive la red de atención a menores en la Comunidad Valenciana» y ha considerado que se trata de «una muestra de la desconexión total» del Ejecutivo central con la situación de la autonomía y una «falta de sensibilidad hacia los servicios sociales autonómicos».

Asimismo, ha alertado de que asumir este volumen de traslados «sin recursos adicionales ni infraestructuras adecuadas compromete gravemente la calidad de la atención y el interés superior del menor». La consellera ha subrayado que la Generalitat ha mostrado su oposición a este modelo tanto en el ámbito político como en el judicial, ante lo que considera «una invasión de competencias y una vulneración del principio de autonomía».

Por ello, ha exigido al Ejecutivo «un cambio urgente de rumbo» y ha reclamado «una política migratoria seria, coordinada y dotada de los recursos necesarios que garantice una atención digna y adecuada a los menores, sin asfixiar de manera desproporcionada a unas comunidades frente a otras» y ha alertado que la Generalitat «no va a permitir que se sigan imponiendo decisiones discrecionales que ponen en riesgo tanto la sostenibilidad de nuestro sistema como los derechos de los menores».