Anticorrupción investiga a la alcaldesa de Valencia y a la presidenta del puerto tras una denuncia de Compromís

La Fiscalía Anticorrupción investiga a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y a la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Mar Chao, entre otros cargos públicos, por supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias al parecer cometidos en procesos de colocación de personal, según ha informado Compromís, que denunció estos hechos el pasado mes de febrero, y han confirmado fuentes fiscales.

Según un decreto de la Fiscalía del pasado 11 de marzo, se ha designado ya fiscal instructor. De acuerdo con las mismas fuentes, también constan como investigadas las concejalas de Turismo e Innovación, Paula Llobet, y la de Educación, Igualdad y Deportes, Rocío Gil, además de cuatro trabajadores públicos.

El caso surge de una denuncia interpuesta por el grupo municipal Compromís de Valencia en relación con la creación de puestos de trabajo en diferentes entidades municipales para personal del Consorcio Valencia 2007, entidad liquidada que gestionaba La Marina y estaba integrada por el Gobierno, la Generalitat y el Ayuntamiento.

Compromís denunció el pasado mes de febrero «una serie de maniobras administrativas» que, según esta formación, habrían servido para orquestar una «subrogación encubierta» de estos trabajadores hacia otras instituciones públicas.

Fuentes fiscales han añadido que las diligencias se han abierto a raíz de una denuncia de la Intervención General del Estado. Al respecto, la denuncia de Compromís incorporaba también un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) contra los procesos selectivos del Puerto de València.

Según explicó la portavoz de la coalición valencianista en el Consistorio, Papi Robles, «no es casualidad que varias fundaciones municipales y el propio Puerto de Valencia lanzaran convocatorias casi idénticas en las mismas fechas para cubrir perfiles que acabaron ocupando personas» que ya habían sido señaladas en actas notariales incluso antes de que se resolvieran los concursos.

De acuerdo con la denuncia, en primavera de 2024, cuando el Consorcio estaba en proceso de liquidación, se lanzaron diferentes procesos selectivos en el consistorio, en fundaciones municipales y en el Puerto que habrían servido para «recolocar» a determinadas personas.