El Gobierno valenciano fija a todo los profesores de 2º de Bachillerato como servicios mínimos para que la huelga no afecte a la EBAU

A la espera de si las negociaciones entre la Generalitat Valenciana y los diferentes sindicatos que han convocado una huelga educativa indefinida en toda la región a partir del próximo día 11 fructifican y se suspende el paro o si, por el contrario, encallan, la Administración autonómica ya ha remitido a los representantes de las organizaciones su propuesta de servicios mínimos.

Uno de los puntos especiales que recoge el documento es que la Consellería de Educación pone sobre la mesa que el profesorado que imparte clase en segundo de Bachillerato cumpla la totalidad de su horario lectivo. Esta medida tiene por objeto garantizar que el alumnado de este nivel pueda ser evaluado y calificado correctamente, con vistas a su acceso a la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EBAU).

En este sentido, el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, ha subrayado que «una alteración de las evaluaciones finales en este curso podría limitar de forma irreparable la igualdad de oportunidades del alumnado». «La prioridad son los alumnos y alumnas de segundo de Bachillerato. No podemos permitir que una situación de huelga comprometa su derecho a ser evaluados en igualdad de condiciones. Con esta medida no pretendemos limitar el derecho de huelga del profesorado, que respetamos plenamente, sino garantizar que ningún estudiante quede desprotegido en un momento tan decisivo de su vida», ha añadido.

«Momento crítico e irrepetible»

Igualmente, el dirigente ha insistido en que los servicios mínimos fijados para este colectivo tienen un alcance muy concreto y delimitado: «Este es un momento crítico e irrepetible en la trayectoria educativa de estos jóvenes. Una alteración de sus evaluaciones finales podría cerrarles puertas que ya no podrán volver a abrirse este curso. La Generalitat Valenciana tiene la obligación de estar a su lado y garantizar que el sistema no les falla cuando más nos necesitan», ha hecho hincapié McEvoy

En cuanto a la propuesta, establece que todos los centros públicos de titularidad de la Generalitat, han de tener la presencia de una persona responsable miembro del equipo directivo, con exclusión de actividades lectivas. En los públicos de Educación Infantil y Primaria, al menos habrá un profesor por etapa educativa, con un mínimo de uno por cada cuatro unidades.

Del mismo modo, en los que imparten Educación Infantil el número será de dos o tres educadores, según el número de unidades del centro (hasta cinco o más de cinco unidades, respectivamente), mientras que en los centros específicos de Educación Especial, la cantidad será de dos educadores de educación especial por cada cinco unidades.

Por otra parte, en los colegios e institutos que den ESO, Bachillerato, Formación Profesional, enseñanza de idiomas y enseñanzas artísticas deberá haber un docente por etapa educativa, con un mínimo de uno por cada diez unidades. Finalmente, en los centros con internado, además de los servicios establecidos según la tipología del centro, se prestarán los servicios propios de los días festivos.

Equilibrio de derechos

La Generalitat reconoce y respeta plenamente el derecho de huelga reconocido en el artículo 28.2 de la Constitución Española. No obstante, de conformidad con la doctrina del Tribunal Constitucional, el derecho a la educación recogido en el artículo 27 de la Carta Magna constituye un servicio esencial para la comunidad. «El seguimiento de la huelga sin la determinación de una prestación mínima podría generar perjuicios al derecho a la educación del alumnado y afectar directamente a las familias en un día laborable», apunta la Generalitat en un comunicado.

«Los servicios mínimos fijados no pretenden sustituir la actividad ordinaria ni neutralizar el ejercicio del derecho de huelga, sino garantizar exclusivamente los actos imprescindibles para que ningún alumno o alumna vea vulnerado su derecho a ser evaluado y a presentarse a la prueba de acceso a la universidad», zanja la Administración regional.