Mosaico floral situado en la plaza del Ayuntamiento de Castellón donde aparece el topónimo en valenciano y castellano
La denominación oficial de Castellón en español, en manos de la Justicia por el recurso del PSOE y Compromís
El TSJ valenciano dirime este miércoles la validez del topónimo en castellano que aprobó la Generalitat
La controversia sobre el nombre oficial de Castellón de la Plana regresa con fuerza este mes de mayo, situando de nuevo la dualidad lingüística en el centro del debate político y social. Tras años de cambios administrativos y enfrentamientos ideológicos, la polémica de la doble denominación en valenciano y castellano vuelve a estar sobre la mesa con la reapertura del proceso en los juzgados este miércoles día 6.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) deberá dirimir la legalidad del último movimiento del actual equipo de gobierno, que busca restablecer la cooficialidad de los nombres en ambas lenguas, una decisión que ha sido impugnada por la Plataforma per la Llengua, el PSOE, Compromís y la Intersindical, bajo el argumento de que contraviene los criterios técnicos y la normativa vigente.
El conflicto que se dirime este 6 de mayo tiene su origen en la decisión del Ayuntamiento de Castellón, ahora bajo el mandato popular de Begoña Carrasco, de revertir la exclusividad del topónimo en valenciano. Aunque el proceso administrativo para recuperar la forma bilingüe se inició hace meses, la Justicia ha admitido a trámite los recursos que denuncian un posible defecto de forma y una vulneración de los informes de la Academia Valenciana de la Lengua (AVL).
La oposición sostiene que la vuelta al bilingüismo «ignora la tradición histórica avalada por los expertos», mientras que el equipo de gobierno formado por el Partido Popular y Vox defiende que se trata de un acto de libertad y respeto a la realidad social de una ciudad donde ambas lenguas conviven de forma natural.
Imagen de 'Plataforma per la Llengua' en protesta por el cambio del topónimo de la ciudad de Castellón
Para entender el punto de tensión actual es necesario retroceder a 1982, cuando se aprobó por primera vez la denominación bilingüe Castelló de la Plana / Castellón de la Plana, una fórmula que permaneció inalterada durante 36 años. Sin embargo, en mayo de 2018, el entonces Gobierno del «Acord de Fadrell», formado por el PSPV-PSOE y Compromís, impulsó la eliminación de la forma en castellano.
Esta medida fue ratificada por el Consell en 2019 tras un informe favorable de la AVL, que consideró que la forma exclusiva en valenciano era la «más adecuada» atendiendo a criterios históricos y etimológicos. En aquel momento, la actual alcaldesa y entonces líder de la oposición, Begoña Carrasco, calificó la jornada como «un día triste para la ciudad», denunciando lo que consideraba una imposición sectaria que terminaba con la riqueza del bilingüismo.
Promesa electoral cumplida
Con el cambio de ciclo político tras las últimas elecciones, el Partido Popular y Vox cumplieron su promesa electoral de iniciar los trámites para que el castellano recuperara su estatus oficial en el nombre de la ciudad. El concejal de Vox, Antonio Ortolá, ha defendido en repetidas ocasiones que recuperar el topónimo en español es una cuestión de libertad de expresión y de respeto por todas las lenguas que tienden puentes. Por su parte, el portavoz del gobierno local, Vicent Sales, ha insistido en que el expediente administrativo tiene como objetivo recuperar la normalidad de una denominación que fue «eliminada de manera arbitraria en 2019», apelando a la autonomía local frente a las directrices que, según su visión, intentan imponer una realidad lingüística monolingüe.
La postura de la izquierda, sin embargo, es radicalmente opuesta y se fundamenta en la legalidad técnica. Ignasi Garcia, de Compromís, ha criticado que el actual gobierno municipal ignore el dictamen de la Academia Valenciana de la Lengua, que recientemente volvió a señalar que la forma única en valenciano es la correcta desde un punto de vista científico.
Desde las filas socialistas se acusa al PP y a Vox de generar un conflicto artificial y de utilizar la lengua como una herramienta de confrontación política en lugar de centrarse en la gestión municipal. Para el PSOE, el retorno a la doble denominación carece de rigor y responde únicamente a una agenda ideológica que busca desmantelar los avances logrados en la normalización del valenciano.
En este escenario, el Tribunal Superior de Justicia se convierte en el árbitro final de una disputa que trasciende lo puramente gramatical. Los magistrados deberán analizar si el Ayuntamiento de Castellón ha seguido los cauces legales correctos para modificar de nuevo el nombre oficial y si la voluntad política de un pleno municipal puede prevalecer sobre los informes técnicos de la máxima autoridad lingüística de la región.