El doble rasero del Gobierno: impone medidas de seguridad a Canarias por el hantavirus que no adoptó en la dana de Valencia

El Gobierno de Pedro Sánchez sí ha querido llevar la iniciativa en la crisis del hantavirus, aunque tal vez con una publicidad desmedida y foco mediático difícil de entender en su justa medida. Toda la decidida resolución del Ejecutivo contrasta con la actitud demostrada durante la dana de Valencia. El mismo Gobierno que se quedó de perfil desde el 29 de octubre de 2024 para descargar toda responsabilidad en la Generalitat Valenciana, firma ahora hasta una resolución administrativa para que Canarias no pudiera vetar la llegada del MV Hondius.

Resulta ciertamente llamativo como el mismo Ejecutivo ha adoptado medidas tan diversas respecto a una catástrofe nacional frente al riesgo sanitario de un crucero que iba en dirección a España.

Hasta un policía nacional ha mostrado el criterio tan dispar como que el Gobierno tiene capacidad para gestionar el cuerpo de agentes, pero que en la dana de Valencia no lo hizo por «cuestiones políticas».

En la riada del 29 de octubre 2024 el Gobierno se limitó únicamente a su papel estatal, sin intentar imponer ninguna medida, tal vez casi ni proponerla para que fuera la Generalitat Valenciana la que se vieran completamente sobrepasada por las circunstancias. Hay frases de esta última semana que recuerdan mucho a lo vivido durante aquellos días de barro en Valencia.

Fernando Clavijo, el presidente del Gobierno de Canarias, expuso la negativa de su Ejecutivo para permitir que el crucero atracara en un puerto tinerfeño. El discurso del dirigente de Coalición Canaria para describir la forma de actual del Gobierno estatal es un 'déjà vu' de lo vivido en Valencia.

El presidente canario lamentó que «entendemos que nos está faltando información», cuestión que la Generalitat Valencian sostiene con respecto al papel de Pilar Bernabé y los representantes de la Confederación Hidrográfica del Júcar y la Aemet durante el Cecopi; Clavijo también criticó que «no entendemos que haya ningún criterio científico, ningún protocolo que certifique o diga que eso tiene que aser así», declaración que bien se podría comparar con el inexistente protocolo de uso del Es-Alert o por qué el Gobierno se limitó a sostener que la emergencia nacional debe ser únicamente solicitada por el Ejecutivo regional.

La sensación es que entre Mónica García, ministra de Sanidad, Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, y Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, han adoptado el papel de gestores principales de dicha emergencia en la que el Gobierno sí ha querido llevar la voz cantante.

Junto a ellos no han perdido la oportunidad de situarse en segunda fila el secretario de Estado, Javier Padilla, y la secretaria general de Protección Civil, Virginia Barcones. Desembarco nacional para gestionar una situación asumida por el Gobierno desde el primer momento pese a la oposición regional.

Es más, la resolución administrativa firmada por la directora general de la Marina Mercante, Ana Núñez Velasco, para anular el veto canario e imponer la acogida del crucero sólo sirve para confirmar que el Gobierno tenía los mecanismos para haber actuado en Valencia por iniciativa propia, y más si tan evidente era -así lo han defendido siempre desde el Gobierno y sus cargos socialistas- que la Generalitat Valenciana no gestionó a la altura aquel día de la trágica riada.

El mismo Gobierno que quiso limitarse a la normativa en Valencia firma ahora una resolución para evitar que una región se gestione por sí misma, motivo que pone más de manifiesto que desde Madrid se elaboró un relato político mientras el Cecopi no enviaba el sonoro Es-Alert.