PSOE y Compromís rechazaron en cinco ocasiones las peticiones por las que ahora los sindicatos convocan una huelga educativa indefinida

A un año de las elecciones autonómicas los sindicatos de izquierdas han promovido una huelga indefinida en base a la situación laboral y contractual de los docentes de la eduación pública de la Comunidad Valenciana. Nada es casualidad. Los mismos colectivos que este lunes iniciaron una huelga educativa «contra la gestión del PP» vieron como en el último gobierno regional de PSOE y Compromís les rechazaron peticiones idénticas que hoy en día sí sirven para convocar un paro en el que hasta el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ve colisión de «derechos» entre el de huelga y el educativo.

Juanfran Pérez Llorca se defendió ante los ataques de PSOE y Compromís, en la última sesión de control celebrada en las Cortes Valencianas, recuperando las actas de los encuentros entre la Conselleria de Educación del Botánico y los representantes sindicales de los profesores de la educación pública. «En ocho años de legislatura, los profesores les pidieron que les subieran el sueldo hasta en cinco ocasiones y no hicieron a nada», argumentaba el presidente de la Generalitat Valenciana.

Y es que los mismos motivos de base que dieron para hasta cinco reuniones en tiempos de PSOE y Compromís al frente del Gobierno valencianos, sirven ahora para convocar la primera huelga de la educación pública de la región. A un año de elecciones.

Los sindicatos que ahora sostienen una postura tan marcada como sólida frente al Gobierno 'popular' de la Comunidad Valenciana, admitieron que el equipo del que fuera conseller Vicent Marzà, de Compromís, negara los incrementos salariales que ahora parecen ser la piedra angular del paro educativo.

Pérez Llorca sacó a relucir en el parlamento valenciano las excusas utilizadas por el último gobierno de izquierdas frente a las reclamaciones laborales de los docentes de la educación pública. En su momento, y durante los ocho años de mandato, los profesores se encontraron con negativas tan inverosímiles como que dicha propuesta, inicialmente, «no es un debate para esta mesa sectorial». En otra ocasión PSOE y Compromís, que ahora no dudan en promover estos paros educativos con finalidades políticas, justificaron que un incremento salarial «tiene que ir junto al resto de funcionariado de la administración pública».

Lo que parece evidente es que si el Gobierno de Ximo Puig hubiera atendido a las solicitudes de los docentes, hoy en día se habrían buscado otros argumentos para que los sindicatos tensionaran la relación contra un Gobierno del PP. Los mismos representantes que ahora se han indignado de tal forma como para promover un paro total e indefinido, no propusieron tal medida de presión cuando la Generalitat de PSOE y Compromís negaba por cuarta ocasión una subida salarial justificando que «por el Covid no es el momento». La última excusa fue repetir que «la recuperación del poder adquisitivo se enmarca dentro del resto de funcionariado».

Así que tras años de reclamaciones despejadas a córner, llegan los sindicatos y a un año de las elecciones intentan movilizar al sistema educativo completo contra la política educativa de la derecha.

Ya no es que las actas pasadas demuestren la finalidad política del paro indefinido, es que hasta el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana considera que entre la presión sindical y la educación de los jóvenes valenciano existe una colisión de «derechos».

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) negaba este lunes tumbar los servicios mínimas señalados por la Generalitat Valenciana ante la huelga indefinida que los sindicatos han armado contra el Gobierno del PP.

En uno de los autos los magistrados no dudan en señalar la gran cuestión del paro, ya que establecen que «el derecho de huelga encuentra un primer límite al enfrentarse a otros derechos fundamentales, como es el derecho a la educación».

Así, el tribunal justamente se enfoca en el papel de dicha cobertura mínima de los servicios educativos para incidir con suma ligereza hasta la gran cuestión de dicho paro: la afectación para los alumnos de segundo de Bachillerato.

Los sindicatos no han elegido al azar ni el Gobierno regional ni el cronograma electoral ni mucho menos el punto del calendario escolar. Todo va hilvanado para sostener un ejercicio de presión que hasta el propio TSJCV lo estima como dentro de lo normal con un «ahí reside la capacidad de presión de los trabajadores y su capacidad de negociación con el empleador».

Lo que el TSJCV viene a señalar es que el derecho a huelga choca frontalmente con el derecho a la educación. Es por ello que los magistrados se sirven de este conflicto de intereses para preponderar un derecho frente al otro, señalando que "destacan los derechos e intereses de los alumnos de segundo de Bachillerato, que próximamente se van a enfrentar a la prueba de la EBAU (Evaluación de Bachillerato para Acceso a la Universidad), que es «un hito muy destacado de sus vidas académicas y también de sus respectivos futuros profesionales». En ese sentido zanjan que existe «un relevante interés general en que todos esos alumnos afronten esa prueba sin más incidentes, incertidumbres o zozobras de los que son consustanciales a la prueba».

Y así la Justicia consigue desenmascarar el uso partidisita que realmente plantean los sindicatos como órdago a la Generalitat sirviéndose de las peticiones de los docentes, esas mismas cuestiones que durante ocho años fueron acumulándose sin ser motivo de huelga y que esta semana sí son motivos suficientes para intentar una movilización tan educativa como política.