Canal del trasvase Tajo-Segura
Varapalo judicial a la Confederación del Segura: el Supremo devuelve el control del riego a los agricultores
El Alto Tribunal anula la potestad de la Administración para delimitar perímetros de forma unilateral, un fallo que frena los expedientes sancionadores pero que no despeja la incertidumbre sobre el futuro del trasvase
En una batalla legal que se libra palmo a palmo en los tribunales, los agricultores del sureste han logrado recuperar una de sus banderas históricas: la gestión de sus propios perímetros de riego. El Tribunal Supremo ha puesto freno a la expansión administrativa de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), otorgando un respiro a un sector que, sin embargo, mantiene la mirada fija en el horizonte sombrío que proyecta la planificación del Tajo.
La resolución del Alto Tribunal, notificada este martes, supone la nulidad de la referencia a las zonas regables recogida en el artículo 13.13º d) del Plan Hidrológico de la cuenca del Segura. Con esta decisión, la Justicia tumba la capacidad que el organismo de cuenca había asumido de facto para determinar, bajo su propio criterio, qué superficies podían o no recibir agua del acueducto, una competencia que los regantes siempre han defendido como propia para delimitar sus áreas de abastecimiento.
Este movimiento jurídico tiene una onda expansiva inmediata en el terreno administrativo. Al desaparecer el amparo normativo que permitía a la CHS imponer estas delimitaciones, se debilita la base jurídica de numerosos procesos punitivos iniciados contra los agricultores. El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) ha recibido el fallo con una mezcla de satisfacción técnica y cautela estratégica, conscientes de que este éxito procesal es solo una pieza en un tablero mucho más complejo y adverso.
A pesar de la importancia de esta victoria, el sector no pierde de vista la amenaza existencial que planea sobre el acueducto. La presión política ejercida desde Castilla-La Mancha por el Ejecutivo de Emiliano García-Page ha cristalizado en un Plan Hidrológico del Tajo que contempla un cambio drástico en las reglas de explotación. Si los recursos interpuestos contra esta planificación no prosperan, los regantes se enfrentan a una merma de hasta la mitad del volumen hídrico transferible anualmente, un escenario que compromete la viabilidad de miles de explotaciones en el sureste español.
Precedente para la planificación futura
Para los representantes de los regantes, este fallo no solo es una victoria sobre el pasado, sino una herramienta para el futuro. Desde SCRATS subrayan que la resolución constituye un nuevo marco de referencia para el tratamiento de las zonas regables en el ciclo de Planificación 2028/2033 que ya se está tramitando. Según el sindicato, «la sentencia tiene gran trascendencia en cuanto a los expedientes sancionadores que se encuentren en trámite ante la Confederación y los recursos contencioso-administrativos interpuestos por los usuarios o por las propias Comunidades de Regantes».
No obstante, el análisis de la organización es pragmático y evita el triunfalismo. El colectivo es consciente de que este fallo no vincula necesariamente la decisión que el Tribunal Supremo debe tomar en breve respecto al Tajo. En ese frente, los precedentes de sentencias desestimatorias y la negativa del tribunal a aceptar pruebas periciales de expertos propuestos por el sector han generado un clima de pesimismo sobre la resolución técnica del conflicto.
«Estamos analizando con el detenimiento que requiere la sentencia, aunque esperamos que venga a corregir situaciones injustas que se vienen produciendo desde hace años, pero habrá que estudiar la forma de proceder a su ejecución en beneficio de todas nuestras comunidades», han señalado desde el Sindicato. Con esta declaración, dejan claro que el camino para materializar el fallo judicial apenas comienza.
En última instancia, el conflicto hídrico del sureste sigue atrapado en una encrucijada donde la política parece llevar la delantera a la técnica. Los regantes insisten en que el Gobierno de Pedro Sánchez es el «causante directo» de la precariedad actual y le instan a desandar el camino de los recortes. Mientras tanto, la sentencia del Segura se erige como un dique legal frente a la discrecionalidad administrativa, permitiendo a los agricultores respirar, aunque sea brevemente, antes de afrontar el veredicto definitivo sobre el agua que da vida a sus tierras.